24 de marzo
DIA DE LA MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA
Fascismo de mercado
El teniente general Jorge Rafael Videla, Comandante en Jefe del Ejército desde mediados de 1975, cuando se dictó la legislación secreta aludida y Presidente de hecho de la República a partir del 29 de marzo de 1976, ha sido igualmente explícito: “No reconocemos culpas bajo ninguna circunstancia, porque si hubo necesidad de matar, nunca fue por matar en sí, sino porque uno tenía necesidad de matar para defender ciertos valores” (“The Times” de Londres, 2/6/80). En esta cita cabe subrayar que el general Videla no califica la forma de las muertes producidas ni las condiciones en que tuvieron lugar, involucrando por lo tanto las ejecuciones secretas.
Por último, el general de brigada Ramón J. A. Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979 y activo protagonista, teórico y práctico de la represión, ha proporcionado recientemente algunos detalles de interés, que confirman lo antedicho, en un artículo publicado en “La Prensa ” de Buenos Aires el 4 de enero de 1981. Dice allí Camps: “En 1957 se iniciaron en el Ejército Argentino los estudios sobre ‘guerra revolucionaria comunista’ en forma organizada... Para ello se contó con el asesoramiento de dos jefes del ejército francés, los tenientes coroneles Patricio J. L. de Naurois y Francois Pierre Badie... Todos ellos (los oficiales argentinos) trabajaron basándose en la doctrina francesa, aplicada en Indochina y en aplicación en ese momento en Argelia... Esa forma de actuar fue mantenida en general hasta el año 1975, para ser más preciso hasta el momento en que se inició el ‘operativo Independencia’ y su ampliación conocida como ‘el pasaje a la ofensiva’ que respondió a una resolución adaptada en septiembre de ese mismo año por el comandante en jefe del Ejército (Videla) y que pudo tener plena vigencia a partir del 24 de marzo de 1976. Allí se inició la fase final de la derrota de la subversión armada en la República Argentina... En la Argentina recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego juntas, tomando conceptos de ambas... El enfoque francés era más correcto que el norteamericano; aquél apuntaba a la concepción global y éste al hecho militar exclusivamente o casi exclusivamente... Todo esto hasta que llegó el momento en que asumimos nuestra mayoría de edad y aplicamos nuestra propia doctrina, que en definitiva permitió lograr la victoria argentina contra la subversión armada” (“Apogeo y declinación de la guerrilla en la Argentina ”, segunda sección, pág. 2).
El célebre economista norteamericano Paul Samuelson, Premio Nóbel de Economía, en una conferencia que pronunció en México a fines de septiembre de 1980, ha calificado al actual sistema político argentino como “fascismo de mercado” o, con más claridad, un régimen fascista destinado a promover, una economía de libre empresa, sin consideraciones sociales de ningún tipo.
En coincidencia con este punto de vista, el Secretario de Estado Guillermo Walter Klein, el colaborador más próximo a Martínez de Hoz, ha declarado según informa el diario “Clarín” de Buenos Aires del 5/10/80 que el programa económico aplicado desde marzo de 1976 “es incompatible con cualquier sistema democrático y sólo aplicable si lo respalda un gobierno de facto”.
El paralelismo global: marco de referencia
Se ha explicado ya que el régimen de facto inaugurado el 24 de marzo de 1976 se dotó a sí mismo de poderes casi ilimitados a través de una legislación de excepción: pena de muerte; incremento general de sanciones y nuevas figuras delictivas; centralización de todas las estructuras de seguridad bajo al contralor de las Fuerzas Armadas; constitución de tribunales militares de la naturaleza de los que actúan en tiempo de guerra; contralor de todos los sectores organizados de la sociedad y de los medios de comunicación de masas.
Sin embargo, pese a disponer de ese inmenso arsenal represivo, las Fuerzas Armadas optaron por llevar adelante sus operaciones en forma clandestina, de manera paralela pero con sometimiento global a la conducción militar y política del Estado. Esto es lo que hemos dado en llamar paralelismo global. A la explicación de su marco de referencia y de sus estructuras organizativas, jerárquicas y operativas, dedicaremos los párrafos que siguen.
Tal opción, que incluía, reiteramos, cono elemento básico la técnica de la desaparición, constituyó la doctrina propia, a que aluden los generales Riveros y Camps, sin mencionar su contenido, en las manifestaciones transcriptas. Por eso es correcto afirmar que el sistema de la desaparición de personas, en la forma en que ha sido descripto en diferentes ocasiones y foros, constituye un “invento argentino”. Con otro descubrimiento anterior, la “picana eléctrica”, es el máximo aporte a la historia de la crueldad humana que no honra, por cierto, al país o, por lo menos, a sus Fuerzas Armadas.
La alternativa elegida implicaba alejarse, no solamente del modelo francés sino de otros procedimientos de represión ya experimentados en el Cono Sur del subcontinente.
En efecto, en Chile, donde más allá de los enfrentamientos armados y fusilamientos de los días inmediatos al golpe militar, se operó con dureza pero dentro de un sistema sancionado legalmente, fundado en el funcionamiento de tribunales militares ordinarios con jurisdicción ampliada y la aplicación en determinados casos de medidas extremas. El problema de las desapariciones, que siguieron a determinadas detenciones en el curso del primer año del régimen de facto, carece en Chile de la relevancia que ha tenido en Argentina, no sólo numéricamente sino porque no ha seguido aplicándose a lo largo del tiempo.
En Brasil, se organizaron estructuras paralelas, pero reducidas y destinadas a cumplir objetivos específicos y predefinidos. Tampoco las desapariciones constituyeron el método usual.
Finalmente en Uruguay, la represión tuvo lugar dentro de un marco legal público aunque de excepción, sin perjuicio del uso sistemático de la tortura y de la elevada proporción de detenidos.
En la Argentina , como se ha dicho, el paralelismo global fue la opción fundamental. Paralelismo en la totalidad de las estructuras de decisión y operativas, organizadas celularmente y con carácter secreto; paralelismo en los métodos de acción; paralelismo en las detenciones, en la instrucción de la investigación y en la aplicación de penas con la inclusión de la ejecución clandestina y sin juicio como elemento clave.
Este opción estuvo sustentada, por lo que se sabe, en cuatro motivaciones principales, frecuentemente mencionadas por oficiales superiores en conversaciones privadas. Primero, la noción de que éste sería el método más eficaz y rápido para eliminar la subversión. Segundo, la idea de que era preciso evitar el obstáculo que podía derivarse de influencias y presiones internas y externas, provocadas por una acción cuyos efectos trascendieran públicamente. Tercero, la protección que en virtud de los objetivos elegidos exigían los directivos y ejecutores de las acciones operativas.
Y cuarto, la incertidumbre y el terror que estas formas de actuación logran crear en las filas oponentes y en la sociedad en su conjunto.
Una prueba de esto último lo pone de manifiesto la reacción provocada en dos estamentos importantes de la opinión pública, abogados y periodistas. La desaparición de varias decenas de ellos dio lugar al retraimiento de los primeros no sólo para la defensa de causas políticas sino para la mera presentación de un recurso de Hábeas Corpus, y la autocensura generalizada en los segundos.
El objetivo reiteradamente enunciado, del aniquilamiento de la subversión, en la doctrina y en los hechos fue definido como la eliminación física de las personas que, prima facie, tenían o podían tener una conexión con aquélla, incluyendo en esto el plano ideológico o el meramente cooperativo. De hecho se consideraba como subversiva toda ideología u orientación que propiciare un cambio sustancial en el sistema social imperante, alcanzando así la represión a círculos amplísimos. En este orden de idea se desarrolló el concepto de “irrecuperabilidad”, mencionado en innumerables discursos castrenses, que en la realidad tuvo el alcance que luego hemos de señalar.
El conjunto de circunstancias antes indicadas debe haber determinado que no haya existido una declaración legal de “estado de guerra”, como en Chile y ni siquiera de la ley marcial, prevista en la Constitución Nacional y aplicada en el país en el pasado, en situaciones graves. Mediaron para ello, seguramente, varias razones derivadas de la doctrina diseñada. Entre otras, la voluntad de no conferir a la acción emprendida una significación general o excesiva entidad; la circunstancia de que no se daba .como explicamos al comienzo. un problema real de seguridad para el poder, como lo evidenció entre otros ejemplos la no imposición del toque de queda, vigente en Chile durante años; la decisión de no adecuarse a las normas ordinarias que los criterios vigentes internacionalmente imponen en los casos de guerra, como el respeto de la vida de los prisioneros y la comunicación de éstos con sus familias.
Todo ello sin perjuicio de hablarse progresivamente de guerra, concepto ahora reiterado en todas las declaraciones oficiales, pero con el aditamento de “guerra sucia” o “guerra imprecisa”, con su secuela, según repite mecánicamente el general Videla como una explicación de lo sucedido, de “muertos, prisioneros y desaparecidos” (Curiosa guerra que excluye la existencia de heridos). Pero sería una guerra en todo caso extraña a los criterios desenvueltos por el derecho internacional y de gentes.
Un elemento esencial para lograr los efectos antes descriptos fue el contralor de la información y de la emisión de juicios y apreciaciones. Esta posición, aunque atenuada en alguna medida por el deterioro del contexto político y socio-económico del régimen, subsiste en toda su plenitud. “Las Fuerzas Armadas .ha dicho el general Videla en una declaración al diario ‘Ya’ de Madrid, transcripta en ‘La Nación ’ de Buenos Aires del 11/1/81. no aceptan críticas respecto a la guerra”.
El general José Antonio Vaquero, Jefe del Estado Mayor del Ejército, ha expresado en fecha reciente que “en lo que respecta a las acciones contra el terrorismo, no se admite ni se admitirá ningún tipo de investigación por parte de nadie, ni ahora ni en el futuro” (“Clarín”, 18/10/80). Como es fácil advertir, esta pretendida prohibición involucra no sólo a los contemporáneos sino también a los historiadores y, lo que es más serio, al Poder Judicial de la Nación , que después de esta manifestación no tiene dudas de cuál es el papel que le corresponde jugar en esta circunstancia como consecuencia de la doctrina esbozada.
En el mismo discurso, Vaquero, que indudablemente expresó los criterios del Estado Mayor, elaborador de la doctrina materia del presente trabajo, insinuó algunos de los elementos que la integran. Dijo a ese respecto: “Al Estado Mayor del Ejército le cupo y le cabe ejercer un papel preponderante en el planeamiento, conducción y coordinación integral de las operaciones en la lucha contra el terrorismo... En el país hubo una guerra que hemos ganado... Hubo muertos, mártires y traidores. Resolvimos el problema de acuerdo con las circunstancias objetivas que se dieron en un lugar y tiempo determinado... El Estado Mayor .concluyó., continúa con el control de las acciones tendientes a combatir al terrorismo, adecuando la lucha a su nueva estrategia... destinada a erosionar la situación de paz y orden en que vivimos” (id.).
Después de marzo de 1976 sólo dos diarios mantuvieron independencia de criterio. El primero de ellos, el “Buenos Aires Herald”, publicado en inglés, dio amplio apoyo al régimen militar pero criticó los procedimientos violatorios de los derechos humanos. Como es sabido, su director, Robert Cox, fue amenazado reiteradamente y obligado a salir del país. El segundo, “La Opinión ”, fue inicialmente sancionado. Luego sobrevino la detención sin proceso de su director, Jacobo Timerman, quien finalmente fue liberado, pero privado de la ciudadanía argentina y expulsado. Sus bienes, incluyendo el diario y los talleres donde se imprimía, han sido confiscados.
Por las razones expuestas, si bien una elevada proporción de ciudadanos tiene noticia de algún caso concreto de secuestro, tortura y desaparición, por razones de vecindad, trabajo, amistad o parentesco, la población en general carece de conciencia clara de la magnitud del problema y de la escala y las características de la acción represiva desarrollada. La manipulación de la opinión pública en esta materia es persistente y las declaraciones de oficiales superiores anteriormente citadas, ponen de manifiesto que se trata de una cuestión que sigue constituyendo un verdadero tabú para los medios de difusión y aún para las conversaciones privadas.
Esta carencia de información y de debate, sólo alterada por la esporádica publicación de solicitadas por parte de familiares y de entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sumado al temor existente en todos los sectores sociales, explica la débil reacción del pueblo argentino frente a la política represiva adoptada.
Dentro de este orden de ideas cabe señalar dos hechos que ejemplifican la actitud del gobierno.
En vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mediados de 1979, ningún diario aceptó la publicación, paga, de una solicitada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la lista de casi seis mil detenidos-desaparecidos de los cuales obraba documentación en sus archivos.
Cuando se quiso imprimir un folleto con esa nómina, el Poder Ejecutivo mediante un decreto firmado por el Presidente Videla y el ministro Harguindeguy confiscó la edición.
Simultáneamente mediante una orden judicial se allanaban las sedes de las tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y se retiraba de la Asamblea Permanente su archivo, que aún permanece sin ser devuelto, pese a la inconsistencia de las razones aducidas.
Producido el Informe de la CIDH el 11 de abril de 1980, por sugerencia oficial, ningún diario ni revista publicó su contenido, excepto las conclusiones, enviadas por las autoridades, pero seguidas de largas páginas incluyendo la respuesta gubernativa. Hasta el momento de la realización de este Coloquio, ningún taller ha aceptado imprimir el Informe. Solamente circulan algunas miles de copias, reproducidas precariamente, que nada significan para un país de veintisiete millones de habitantes con una tasa alta de alfabetismo.
Por su parte, la radio y la televisión sólo emiten comentarios destinados a apoyar la posición del régimen, sin el menor resquicio para una respuesta.
A lo dicho conviene añadir otros factores. Ante todo, el acompañamiento o tolerancia existente en algunos grupos sociales, tales como la alta burguesía, adherida al actual régimen por razones políticas obvias y una parte importante del empresariado que, habiéndose sentido directamente agredido por la subversión, asume, en buena medida, como sector, la actitud antes señalada.
En un plano más especifico, la aceptación de un sistema represivo paralelo y de máxima eficacia, contó con al apoyo de ciertos círculos del poder económico por considerarlo el único medio idóneo para imponer, sin riesgos inmediatos, la política económica inaugurada el 24 de marzo de 1976. Fue frecuente, especialmente en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta, que empresarios industriales, a pedido de los servicios de inteligencia o espontáneamente, denunciaran a los activistas sindicales combativos de sus establecimientos. Estos eran detenidos para inmediatamente desaparecer.5
Además de lo dicho, otros factores influyeron también para que no tuviera lugar una reacción rápida y eficaz de la opinión pública internacional frente a los hechos referidos. En primer lugar, el mismo carácter clandestino de la represión y el contralor de los medios de comunicación internos (uno de los objetivos de la doctrina diseñada, pese a las repercusiones políticas futuras inevitables). En segundo término, la moderación de las declaraciones de los oficiales que encabezaron el gobierno militar, sus constantes apelaciones a los valores cristianos y occidentales y sus promesas de restauración de una democracia fuerte y estable...
En tercer lugar, la carencia de vínculos de los partidos políticos argentinos con caudal electoral con las corrientes ideológicas de gravitación universal y el anonadamiento en que quedaron como consecuencia del golpe de Estado. Esa actitud complaciente en este tema ha persistido en algunos dirigentes pero se ha modificado en gran medida en la mayoría.
Cuarto, la posición de algunos grupos de izquierda, que para salvaguardar su existencia, cuidaron celosamente deslindar ante las Fuerzas Armadas su carencia de vinculaciones con los cuadros subversivos, renunciando así de alguna manera a una denuncia abierta de lo que ocurría.
Y finalmente, la débil actitud del Episcopado católico (en cuanto cuerpo y con escasas y honrosas excepciones personales), que sólo tardíamente y en forma muy genérica, se decidió a condenar, en teoría, los hechos violatorios de la dignidad de la persona humana, pero únicamente como supuestos abusos y no como usos inherentes a una política como la descripta en esta presentación. Todo ello, repetimos, incidió en una menor movilización defensiva, en particular si se hace el cotejo con el caso chileno.
El paralelismo a que antes se ha aludido derivó, quizás necesariamente como resultado de la propia dinámica, a constituirse en una suerte de asignador de poder político en las cúpulas militares. Al mismo tiempo permitió la realización de acciones no previstas y ajenas al plan antisubversivo. Ambas circunstancias derivaban de criterios políticos y tácticos disímiles, de enfrentamientos dentro del orden establecido, de aspiraciones de poder personal y, en ocasiones, de ventajas e intereses bastardos y crematísticos.
Estos hechos .y no las violaciones a derechos fundamentales insitos en ellos., son los únicos que provocaron preocupación notoria en los altos niveles de gobierno. Pero resultó evidente la carencia de decisión para combatirlos .excepto, muy a la larga, con pases y ascensos. y por cierto, para sancionarlos.
Esta situación tuvo directa conexión con dos factores. Por una parte la propia doctrina aprobada, que obliga a los altos jefes, sin excepción, a proteger mediante el silencio la acción ejercida; a no interferirla y aceptar sus consecuencias. Por la otra, al concepto incluido en la doctrina de represión de los “ideólogos”, lo cual supone una latitud que, en la práctica, resulta imposible limitar, cualesquiera fuesen los extremos a los cuales se la conduce.
El concepto de “ideólogo” de la subversión no se ajusta a los datos de la realidad. Parte de una concepción “conspiracionista” de la historia y de la creencia de encontrarse en una avanzada de la tercera guerra mundial. Esto conduce a pensar que la disconformidad pública deriva exclusivamente de la influencia de agitadores internacionales infiltrados en el cuerpo social. Desconoce las verdaderas causas, fundamentalmente internas, que dieron origen al disentimiento juvenil y a la formación de grupos subversivos.
Este concepto del “ideólogo” ha servido y continúa sirviendo como cobertura para la represión ideológica que avanzó sobre diferentes sectores: psicólogos, sociólogos, antropólogos, cristianos de base y determinados grupos eclesiales, etc. La lectura en estos precisos días de diarios y revistas directamente inspirados por los servicios de información pone de manifiesto que esa actitud persiste, si se quiere renovada por cuanto se piensa, como lo expresara el general Vaquero en el discurso antes citado, que eliminada la acción armada ese es el camino que transita la subversión.
A ello da pie el paulatino crecimiento de espacio que ganan posiciones políticas, socio-económicas y culturales independientes o que no se ajustan a los cánones estrictos de la doctrina oficial.
