Carlos Gonella: “La Perla fue un lugar concebido para la tortura”
Por Adrián Pérez (Desde Malagüeño, Córdoba)
En junio comenzará el juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de Córdoba. Debate recorrió el predio junto al fiscal general Carlos Gonella.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de La Perla ya tiene fecha de inicio. Será el 12 de junio próximo, según el cronograma que dio a conocer recientemente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Córdoba. Ese día, y por segunda vez en tres años, la Justicia de la provincia mediterránea sentará en el banquillo de los acusados a Luciano Benjamín Menéndez -máxima autoridad militar del Tercer Cuerpo de Ejército-, junto a otros veintiún represores, entre los que se encuentran Raúl Eduardo Fierro, Hermes Oscar Rodríguez, Luis Gustavo Diedrichs, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz y Carlos Alberto Vega. Todos están acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ubicado a doce kilómetros de la capital provincial.
La pesquisa realizada para esta megacausa siguió la metodología propuesta por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y se acumularon los testimonios de cientos de sobrevivientes. De acuerdo a lo relevado, por la cantidad de víctimas y desaparecidos, Córdoba fue la segunda jurisdicción donde las Fuerzas Armadas dejaron su impronta con mayor intensidad. Se estima que más de dos mil personas pasaron por La Perla, que comenzó a funcionar como centro clandestino el 24 de marzo de 1976 y fue cerrado a fines de 1979, también conocida bajo el nombre de La Universidad. Con el paso de los años fue reutilizado como depósito del Ejército hasta que en 2007, durante una visita del por entonces presidente Néstor Kirchner, se transformó en Museo de la Memoria.
Esta revista pudo recorrer ese predio junto a Carlos Gonella, fiscal general ante los Tribunales Orales de Córdoba en el Foro Federal, que tendrá a su cargo la intervención pública en el juicio que se desarrollará a partir de la segunda mitad de este año.
EN LA RUTA
Para atravesar los escasos kilómetros que separan a Bialet Massé de la localidad de Malagüeño, donde se emplaza el ex centro clandestino, es necesario armarse de paciencia. En el último feriado de Carnaval -celebración popular que la dictadura borró del calendario de festividades- los cordobeses, y los turistas de otras regiones, se agolpan en el dique San Roque para disfrutar del espectáculo provocado por la última lluvia de verano.
El auto que maneja Gonella avanza hasta alcanzar la Ruta Nacional 20 que conduce a La Perla, mientras el estéreo reproduce “Cancha de lodo”, de la banda Malón. “Tengo las manos cansadas de hacer ladrillos ajenos/mi sangre se está mezclando/con el barro del pisadero”, recita la voz profunda de Claudio O’Connor, que con tono payado y telúrico cuenta las desdichas del obrero de un cortadero de ladrillos. Como si se tratara de una parábola de su vida, el fiscal cordobés confiesa con orgullo que aprendió el difícil arte de levantar paredes de la mano de su padre, un estudiante de Psicología comprometido con las causas sociales en la década del setenta. Cuando el gentío queda atrás, a la izquierda de la autopista que conduce a la ciudad capital, brota un mar verde, resguardado por las sierras de Punilla, una infinita plantación de soja. El camino paralelo de cemento prolijo que corre entre la siembra y el asfalto de doble vía desemboca en tres pilares que rezan “Memoria, Verdad, Justicia”, indicando que allí funcionó el centro clandestino de detención.
Hay que adentrarse al menos cuatrocientos metros en el campo, por un sendero de ripio que mira en dirección a las sierras, para alcanzar el cartel que señala el espacio de memoria. Cuando se atraviesa el portón de acero, un croquis identifica los diferentes lugares del centro clandestino sobre la pared del primer edificio que asoma a la derecha del camino interior. Dos garitas; el pabellón de gendarmería; una galería; otro pabellón con cocina, comedor y dormitorios; una torre que recuerda el esquema panóptico de Jeremy Bentham; una cuadra; el galpón de automotores; las caballerizas; la sala de torturas y una caseta de gas componen el núcleo histórico de La Perla.
Las construcciones posteriores a 1978 rodean ese espacio y están formadas por un puesto de guardia; el dormitorio de los suboficiales; un quincho para los soldados; el casino de suboficiales y de soldados; un lavadero de autos; el polígono de tiro y el depósito. Las marcas de los organismos de Derechos Humanos surgen a medida que se avanza sobre las edificaciones: fotos de las personas que fueron detenidas-desaparecidas, gigantografías de los juicios que se llevaron a cabo en Córdoba y la identificación de cada edificio con una explicación del uso que le dieron los represores revisten las paredes e interiores de cada espacio. Sobre la organización de la represión en el centro clandestino, el fiscal afirma que el personal militar que allí operó fue rotando durante su funcionamiento.
EL ANTECEDENTE
Con 32 años, y mientras se desempeñaba como secretario de la Fiscalía, Gonella intervino en 2008 en el primer juicio en el que se investigó el secuestro, tortura y posterior asesinato de Hilda Flora Palacios, Carlos Lajas, Raúl Osvaldo Cardozo y Humberto Horacio Brandalisis, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) detenidos en noviembre de 1977. El 15 de diciembre de ese año fueron sacados de La Perla y fusilados. Luego, arrojaron sus cuerpos en la vía pública para fraguar un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
La Justicia cordobesa se expidió sobre esos crímenes treinta años después, cuando el TOF 1 condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército a prisión perpetua en la causa “Luciano Benjamín Menéndez y otros por homicidio agravado”. Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone -integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (OP3) que tenía su base de operaciones en el centro clandestino y su oficina burocrática en el Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”-, corrieron la misma suerte. Hermes Rodríguez, ex subjefe de ese destacamento, y Jorge Ezequiel Acosta (alias “Rulo”, “Sordo” o “Ruiz”, quien se desempeñó como Jefe de grupo Calle y del campo de La Perla) fueron condenados a 22 años de prisión. Carlos Alberto Vega fue condenado a 18 años.
“A partir de ese juicio, la sociedad cordobesa tomó conocimiento de lo que significó este lugar”, sostiene el fiscal en diálogo con esta revista. Y destaca que La Perla fue el campo de concentración más grande de Córdoba, inaugurado por la dictadura militar para la destrucción física y psíquica de disidentes políticos.
A partir de junio, los sobrevivientes que brindaron su testimonio en el primer juicio volverán a describir el horror vivido en el centro clandestino. Gonella explica que actualmente hay nueve causas acumuladas que serán tenidas en cuenta durante esa instancia. Y se espera la resolución de cuatro causas más con procesamiento apelado. Una vez que la Cámara Federal se expida al respecto, esas causas deberían ser elevadas y acumuladas a las otras nueve, por lo que se espera que la lista de imputados aumente.
Además de Menéndez, otro de los que serán llevados a juicio en el segundo tramo de la megacausa La Perla será Ernesto Guillermo Barreiro (alias “Nabo”, “Hernández”, “Rubio” o “Gringo”). El ex mayor del Ejército huyó a Estados Unidos, donde se radicó en la década del ochenta, omitiendo ante las autoridades migratorias que cargaba con antecedentes penales. Es que en 1987 estuvo detenido por haber participado en el autoacuartelamiento en el Tercer Cuerpo de Ejército. “Cuando se quiso avanzar contra los oficiales intermedios, después del Juicio a las Juntas, Barreiro resistió el llamado de la Justicia”, apunta el fiscal. Hace tres años, y con el proceso de extradición en marcha, el represor se declaró culpable del delito de perjurio. Entonces fue deportado por las autoridades norteamericanas. Hoy permanece detenido en la prisión de Campo de Mayo, a la espera de ser juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba.
LOS HECHOS
Mientras recorre el predio, Gonella recuerda que algunos sobrevivientes señalaron en sus testimonios que en La Perla los detenidos habrían sido obligados a caminar tabicados, para finalmente ser ultimados dentro del mismo predio, dando cuenta de la existencia de fosas comunes en la zona.“Tenemos personas que declararon que hacían un trayecto de entre quince y veinte minutos. Quienes regresaron de esos ‘traslados’ -agrega el fiscal- dieron cuenta de fusilamientos. No sabemos con precisión el lugar exacto porque estaban vendados”. También sostiene que en 1984 se realizaron excavaciones que no arrojaron mayores resultados por haber utilizado “criterios bastante cuestionables para la búsqueda”.
En el primer juicio de 2008, a partir del relato del gendarme Carlos Beltrán, que hacía guardias en La Perla, se supo que una mujer embarazada fue obligada a cavar la fosa donde fue fusilada y enterrada. En el texto Sobrevivientes de La Perla, Gustavo y Patricia Contepomi abonan la versión de los testigos y del gendarme recientemente fallecido: “En La Perla los prisioneros eran fusilados en los campos aledaños al centro. Hasta allí eran trasladados en un camión bautizado ‘Menéndez Benz’. Geuna contó: ‘Antes de descender del vehículo, eran maniatados. Luego se los bajaba y se los obligaba a arrodillarse delante del pozo y se los fusilaba. En los fusilamientos participaban oficiales de todas las unidades del Tercer Cuerpo, desde los subtenientes hasta los generales’”.
Además de integrantes de organizaciones políticas, por el centro clandestino pasaron curas del Tercer Mundo como James Martin Weeks, Silvina Parodi, Gustavo Torres, Jorge Nadra, Pablo Schmucler, Claudio Román, Walter Magallanes, Oscar Liñeira, Fernando Ávila, Graciela Vitale y Daniel Bachetti. También estudiantes secundarios del colegio Manuel Belgrano, como Ramón Alejandro Dausa, Daniel Alfredo Velarde, José Luis Destefanis, Daniel Andrés García Carranza y Hugo Humberto Pantoja Tapia, seminaristas junto a Weeks, pertenecientes a la orden de Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. Y gremialistas como René Salamanca (Smata), Tomás Di Toffino (Luz y Fuerza) y Eduardo Requena (Ctera).
La sesión de “ablande” de los detenidos se realizaba en unas oficinas contiguas a la galería del núcleo histórico, donde se confeccionaban unas fichas de registro. Luego se los llevaban a la cuadra, donde el resto de los detenidos permanecían en el suelo con los ojos vendados, sin agua ni comida. Más tarde eran trasladados a Margarita o Terapia intensiva, donde tres represores aplicaban la picana eléctrica, desde los 110 a los 220 volts, junto a un médico que controlaba el ritmo cardíaco de los detenidos. Esa tortura era alternada con “el submarino”, que se practicaba frente a la Margarita, donde había unos piletones de entre cinco y diez metros llenos de basura, material fecal, orina y aceite quemado. Según el testimonio de los sobrevivientes, un grupo de detenidos fue destinado a tareas de acondicionamiento de autos robados que eran reparados en el taller. “Éste ha sido un lugar especialmente diseñado y concebido para la tortura, como fue la ESMA”, concluye Gonella.
Hace un año y dos meses, Gonella participó como fiscal en el juicio en el que Jorge Rafael Videla fue condenado a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos confinados en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba, fusilados entre abril y octubre de 1976. “Durante el juicio recibimos la visita del juez Baltasar Garzón, quien estuvo en el recinto escuchando las audiencias y destacó el papel de la Justicia argentina en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado”, recuerda.
Pero el fiscal señala que le dedica el mismo empeño a las causas que lleva por narcotráfico y trata de personas. Cuenta que se formó en la universidad pública, en la década de los noventa, cuando bajo el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem hubo una política deliberada de ocultar el pasado e impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. “Con mis 36 años, me encontré con gente de mi misma edad que en los juicios se me acercó asombrada, agarrándose la cabeza, diciendo que no sabía que esto había pasado en la Argentina. Así que imagínense lo que es para mí formar parte, como protagonista, de este proceso histórico tan necesario para nuestro país”, reconoce.
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