Cuando los ministros se convierten en empresarios y los
empresarios en ministros
Las estrechas relaciones entre el
poder político y el poder económico en la España de la monarquía
El horno no parece estar
para muchos bollos. La crisis tensa los nervios de las clases medias acomodadas
españolas que han visto perder la pequeñita parte del pastel de la que
disfrutaron los años que precedieron a la crisis. Ha sido suficiente que la vicepresidenta
del Gabinete Zapatero, Elena Salgado, solicitara del gobierno del PP su
autorización para que se le permita formar parte del Consejo de Administración
de la empresa sudamericana Chilectra para que se levantara un vendaval de
airados interrogantes sobre la esencia de las conexiones entre los partidos
políticos institucionales y la gran empresa. Y es que los ex mandatarios
gubernamentales ya no esperan ni a que se borre de la memoria social su imagen
como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas son cesados se
incorporan de forma automática a sus nuevas tareas empresariales. En el caso de
la ex ministra de Economía Elena Salgado fue la distribuidora sudamericana
Chilectra -una compañía controlada por Endesa- la que la requirió hace tan solo
unas semanas para que se incorporase a su Consejo de Administración.
Pero, ¿es el caso de la
señora ex ministra una excepción entre aquellos políticos que tras abandonar
sus mandatos se incorporan a la dirección de las grandes multinacionales? En
absoluto. Se puede decir que la inserción de los cargos públicos en la empresa
privada es frecuentemente automática cuando por la pérdida de elecciones o por
haber sido destituidos de sus cargos abandonan sus tareas en la Administración
del Estado. Tal es el caso, por ejemplo, del ex ministro de agricultura del
gobierno de Felipe González, Luis Atienza, hoy flamante presidente de la Red
Eléctrica de España. O del canario con origen en el municipio de Arucas Luis
Carlos Croissier, antiguo titular de la cartera de Industria en la década de
los 80, hoy presidente de Eolia y consejero en Repsol. O de Josu Jon Imaz,
mandamás durante años del Partido Nacionalista Vasco y actualmente director
general de la sección de Nuevas Energías en la petrolera Repsol.
La filiación partidaria
de los ex ministros o dirigentes de partidos políticos institucionales que
obtienen una canonjía de por vida en los Consejos de Administración de las
grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la
gran empresa. La patronal -tanto la autóctona como la foránea- es consciente de
que la clave consiste en disponer de peones de influencia en cada turno
gubernamental. Se trata de una peculiar forma de lobby que permite al gran
empresariado influir y presionar sobre las decisiones del Ejecutivo que
corresponda, sea del PSOE o del PP.
Si bien el origen
partidario no influye en la decisión de las empresas a la hora de cooptar a uno
u otro ex mandatario ministerial, justo es reconocer que los ex ministros del
ultraconservador Partido Popular aventajan a los socialdemócratas del PSOE por
acumulación. Tal es el caso, por ejemplo, del ex ministro de industria del
gabinete de José María Aznar, Josep Piqué, que en la actualidad ocupa la
friolera de 12 poltronas en distintos Consejos de Administración. Es -según
informaba el periódico "El Economista" esta misma semana- además de
presidente en Pangea XXI Consultora Int; Bodaclick; Círculo de Economía y
Vueling, consejero en Plasmia Biotech; Applus Technologies; Tradisa Operador
Logístico; GVCGaesco; EADS; Ezentis, Agora Invest y administrador único de
Pasiphae Consultora.
Sin embargo, Carlos
Solchaga, ex ministro de Felipe González, no le va muy a la zaga. Dispone de
diferentes cargos en las empresas Zeltia, Bufete Roca, Renta Corporación y en
la Fundación Euroamérica.
En cualquier caso, los
servicios prestados durante los mandatos ministeriales o presidenciales no son
compensados solamente con sillones en los Consejos de Administración de las
grandes empresas. También pueden ser retribuidos con multimillonarias
cantidades en forma de sueldos por las propias instituciones del Estado. Tal es
el caso del ex presidente Rodríguez Zapatero y de su ex vicepresidenta De la
Vega. Ambos perciben el módico sueldo de €70.000 solo por su pertenencia al
Consejo de Estado.
Otra fórmula para
insertarse en el mundo de la empresa o de las altas finanzas son las asesorías.
Esa es una de las funciones que ejerce el expresidente José María Aznar, que
además de "asesorar" a la empresa Endesa hace lo mismo con la
sociedad News Corporation, una compañía de medios de comunicación
estadounidense que preside el corrupto Rupert Murdoch. El ex mandatario, que no
tiene escrúpulos a la hora de trabajar para una empresa que tiene entre sus
prácticas el soborno y la extorsión, percibe la oronda cifra de 350.000 euros
por el "trabajo" realizado en ambas entidades.
En cambio, Matías
Rodríguez Inciarte, ministro de la presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo
Sotelo y actual presidente de la real "Fundación Príncipe de Asturias",
ejerce directamente la función de vicepresidente del Banco Santander, por lo
que percibe la nada despreciable cifra de €5.600.000 anuales. Pedro Solbes, ex
ministro de economía del Gabinete psocialista de Zapatero, es hoy consejero en
Enel y Barclays, embolsándose más de 300.000 euros al año por el desempeño de
sus funciones en estas dos empresas.
La conexión entre el
Poder político y el Poder económico no es una novedad en la historia de la
sociedad española. Ambas instancias han estado siempre estrechamente
conectadas, aquí y fuera de aquí, desde que se produjo la aparición del Estado.
Pero en España, durante los cuarenta años que duró la Dictadura, la función de
la defensa de los intereses de las clases hegemónicas la asumió directamente el
conjunto del Estado autoritario franquista, sin apenas intermediarios. Al
producirse la sustitución del sistema estatal franquista por el de la Monarquía
la burguesía española como clase quedó extremadamente desorganizada y carente
de experiencia política. Esa situación se prolongó durante los primeros años
del nuevo régimen monárquico. A lo largo de los decenios siguientes, no
obstante, las clases hegemónicas en el Estado español fueron entretejiendo una
densa y organizada red de influencias y conexiones que terminaron por inclinar
poderosamente a su favor la correlación de fuerzas entre las diferentes clases
sociales.
Ello ha sido posible, entre otros factores, no tanto por las
habilidades y destrezas de la burguesía española como por las renuncias ideológicas,
traiciones y debilidades de las organizaciones sindicales y políticas de una
buena parte de la izquierda del Estado español.
Máximo Relti
Canarias Semanal
