El
mayor contencioso entre España y Argentina
El Gobierno sopesa su
reacción para no perjudicar a las otras empresas que trabajan en el país y a
los 380.000 españoles que residen allí
LUIS AYLLÓN / MADRID
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La
decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento del patrimonio de
la petrolera YPF, controlada por Repsol, coloca al Ejecutivo español en una
posición delicada. España está dispuesta a dar una respuesta firme y así lo han
ido anunciando varios ministros desde que se conoció la intención de la
presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero es consciente de que
cualquier paso que se dé puede tener repercusiones.
El
contencioso abierto ahora es, posiblemente, el más serio en las relaciones
entre los dos países, que han pasado por algunos momentos delicados, la mayoría
de las veces por cuestiones relacionadas con las actividades de las empresas
españolas en Argentina, hasta el punto de que hubo reuniones tensas en la sede
de CEOE durante una visita de Néstor Kirchner a Madrid en 2004. Pero nunca se
llegó a estos extremos. En 2008, el Gobierno argentino recuperó el control de
la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, que pertenecía la Grupo Marsans, y que
había sido privatizada en 1999 por el entonces presidente Carlos Menem.
En
Argentina nuestro país es el principal inversor
España
siempre ha mantenido su compromiso con el futuro de Argentina, especialmente en
los momentos más delicados, como cuando en 2001, el Gobierno de José María
Aznar facilitó un crédito de 1.000 millones de dólares (más de 1.100 millones
de euros al cambio de entonces) para apoyar financieramente al país. Las
empresas españolas presentes en Argentina – entre ellas Repsol, Telefónica,
BSCH, BBVA, Endesa e Iberia- decidieron mantenerse en el país pese al difícil
momento que atravesaba.
Ahora,
tras no haber podido frenar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, al
Gobierno español se le plantea un serio problema. Por una parte, debe mostrar
firmeza, como ya anunció, tras convocar al embajador argentino en Madrid la
pasada semana, y por otro debe medir bien su reacción, porque en Argentina
nuestro país es el principal inversor y hay muchas empresas españolas con
intereses allí, que también es necesario proteger. Además, no se puede olvidar
que en Argentina viven unos 380.000 españoles, la mayoría muy arraigados en el
país.
Por
eso, el Gobierno sopesa la respuesta diplomática a dar, porque una llamada a
consultas a nuestro embajador en Buenos Aires, puede perjudicar a esos
españoles y los intereses empresariales. En el terreno comercial cabrían
algunas respuestas, como podría ser frenar las compras de carne y soja
argentinas o aumentar la producción nacional de biodiésel, lo que perjudicaría
alas importaciones que se hacen de ese producto desde Argentina. A nivel
europeo, España invocará, como anunció el Tratado de Lisboa, que establece la
defensa de las inversiones de las empresas de un Estado miembro en otro país.
