Tiempo Argentino desnuda las maniobras del multimedio
El Grupo Clarín no reparte los dividendos entre los jubilados
Pese a que la ANSES posee una participación del 9% en el capital social, Héctor Magnetto se ha negado sistemáticamente a repartir beneficios. Todo parece indicar que en la asamblea de accionistas del 26 de abril repetirá su conducta.
Una de las consecuencias del Decreto 441 sancionado por el Ejecutivo exactamente un año atrás fue la mayor visibilidad que comenzaron a tener ciertas prácticas al interior de las sociedades comerciales, en algunos casos teñidas de vicios e irregularidades. La cosa no pasaría de un mero conflicto entre accionistas de una compañía, si no fuera porque uno de esos accionistas es justamente el Estado, representado por los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En medio de este escenario, el organismo previsional –que posee el 9% del capital social del Grupo Clarín y el 4,37% de los votos, herencia de la estatización de las AFJP– presentó una demanda en el fuero comercial contra el holding conducido por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, reclamando la distribución de dividendos que le corresponden en virtud de su participación en dicha sociedad, y denunciando las irregularidades instrumentadas por los socios mayoritarios para “viciar” el quórum en su última asamblea de accionistas donde se aprobaron los resultados de 2010.
Los focos de las denuncias de la ANSES giran en torno a lo sucedido durante la Asamblea General de Accionistas que tuvo lugar el 28 de abril de 2011, donde –entre otros puntos– la compañía puso a votación los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, un episodio que los representantes legales de la ANSES calificaron como un “escándalo jurídico”.
Sin embargo, todo parece indicar que el presidente del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, repetirá este modus operandis en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas convocada para el próximo 26 de abril a las 15 horas, en Piedras 1743. Y es que pese a que durante el ejercicio 2011, Clarín obtuvo ganancias por $ 533.714.480, solamente propuso la distribución de dividendos por $ 120 millones, es decir, menos del 23% de las beneficios, reduciendo de este modo los ingresos que deberían ir a parar al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Hecha la reserva legal del 5% ($ 26.685.724) de las utilidades –una especie de “encaje” obligatorio–, Clarín envió los restantes $ 387.028.756 a una cuenta de “resultados no asignados”. Es decir, mientras fustiga la política previsional del gobierno para con los jubilados, en la práctica le escamotea el pago de los dividendos que le corresponden por ley.
Pero si hay algo que no se le puede criticar es la falta de coherencia, en tanto la implementación de esa política, esto es, repartir menos dividendos de los que corresponde, le permitieron al Grupo Clarín quintuplicar la cuenta de resultados no asignados durante sus últimos cuatro ejercicios (desde su ingreso a la oferta pública), hasta ascender a $ 1208 millones, una cifra que equivale al 36,2% del Patrimonio Neto de la sociedad (ver gráfico aparte).
La demanda de la ANSES recayó en el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 1 a cargo del juez Alberto Alemán, quien inmediatamente dio lugar a una medida cautelar estableciendo que Clarín “no podrá realizar ningún acto que importe la disposición total o parcial de la suma de pesos 387.028.756.–perteneciente a la cuenta de resultados no asignados, salvo que se trate de la distribución del mismo a los accionistas en concepto de dividendo”. Clarín apeló la medida y la causa se elevó a Cámara, donde comenzó a verse obstaculizado por las excusaciones de los magistrados (ver recuadro aparte).
Lo curioso es que la política ejercida por Clarín al negarle dividendos ni siquiera puede fundamentarse a partir de alguna argucia interpretativa de la legislación vigente. En tal sentido, la Ley de Sociedades Comerciales establece dos opciones claras: los beneficios de la sociedad se distribuyen bajo la forma de dividendos entre los accionistas o, caso contrario, se precisan las razones para no hacerlo, “siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración”.
Sin ambigüedades, ese fue el criterio adoptado por diversos tribunales a través de las últimas décadas y en distintos períodos históricos, ya sea bajo los gobiernos democráticos e incluso en dictadura. Sin embargo, nada de eso ocurrió durante la última asamblea de Clarín. De hecho, su director financiero, Alejandro Urricelqui, ni siquiera se molestó en enumerar algún argumento por el cual se dejaba de distribuir la mayor parte de los dividendos. Simplemente destacó el carácter de “compañía holding” del Grupo y que opera en una “industria de capital intensivo”. Aseguró que Clarín no posee una política de dividendos preestablecida y que esta se basa en lo que recibe por parte de sus firmas subsidiarias, tales como Cablevisión. Y eso fue todo.
Desde la ANSES, el razonamiento es justamente el opuesto: todas esas subsidiarias distribuyen dividendos millonarios a la sociedad holding, es decir Clarín, sin que esta luego haga lo mismo con sus accionistas, sino sólo a través del pago de enormes honorarios abonados a determinados directores. En tal sentido, la ANSES se opuso –sin éxito– al pago de $ 5.035.069 en concepto de remuneraciones brutas percibidas por los directores, sin que se sepa exactamente qué funciones cumplen. Para el organismo es un “pseudo” pago de dividendos.
“Es inadmisiblemente abusivo y constituye un acto de objeto inmoral, además de violatorio de las prescripciones legales, que se mantenga en el patrimonio social, en una cuenta del patrimonio neto, un remanente de dividendos no distribuidos en este y en anteriores ejercicios”, pondera la demanda de ANSES.
FIDEICOMISOS. Ahora bien, si la cuestión de fondo tiene que ver con la negativa de Clarín a distribuir dividendos a la ANSES, una parte sustancial del éxito logrado por el holding para ese fin se explica por los “vicios” en la constitución y quórum de sus asambleas. Cabe recordar que el capital de Clarín está conformado por 287.418.584 acciones divididas en tres tipos: clase A, B y C. Los principales accionistas, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Lucio Pagliaro son propietarios –a través de Dominio SA, una sociedad constituida en el país– de la totalidad de las acciones tipo A, que otorgan un derecho de cinco votos por acción. Sin embargo, los mismos directivos utilizan fideicomisos offshore o business trust para detentar la mayoría de las acciones clase B, que son los títulos que gozan con la autorización para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Londres. Según reconocieron los propios directivos de Clarín, esos fideicomisos –radicados en Nueva York bajo las siglas de cada uno de ellos– no se encuentran inscriptos en la Inspección General de Justicia (IGJ), tal como lo establece la legislación vigente.
Bajo el argumento de la ANSES, esa participación directa e indirecta de las mismas personas físicas permiten crear una voluntad societaria en el seno de la asamblea perjudicial para el organismo previsional, que tendría la mayor participación accionaria de la clase B de Grupo Clarín “si los votos de los trusts no fueran considerados en virtud de su falta de inscripción”, según se desprende de la demanda.
La utilización de estos instrumentos oculta al verdadero socio, diluyen su responsabilidad en relación con las decisiones societarias y están expresamente prohibidos por la ley. Justamente, la obligación de inscribirlos en el Registro Público de Comercio tiene que ver con la identificación de la empresa extranjera y sus representantes, tendiente a lograr una mayor transparencia.
“Son una violación a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, porque se denota que detrás de esos trusts hay personas físicas argentinas, residentes locales que tutelan sus acciones a nombre de otros fondos como vehículos ocultando un patrimonio en la Argentina; encima son tan burdos de ponerle HMM Grupo Clarín New York Trust, con el fin exclusivo de ser accionista del Grupo”, confió una fuente que prefirió el anonimato.
