Amenazas… miedo…
Cristina Fernández no había terminado de anunciar la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, cuando las pitonisas de las catástrofes inminentes salieron a vaticinar los horrores que se abatirán ahora sobre la Argentina por haberse atrevido a una decisión soberana.
No advirtieron que la decisión presidencial no fue adoptada apenas sobre la base de un preconcepto ideológico, sino fundamentalmente fogoneada por el convencimiento de que la caída en la extracción de hidrocarburos, combinada con la mayor demanda derivada del crecimiento económico, eran una bomba a punto de explotar. Hace tiempo que la presidenta busca frenar a la merma que viene exhibiendo la billetera en dólares a despecho del aumento internacional del precio de la soja. Y concluyó que una buena parte de la solución estaba varios metros debajo de la suela de sus zapatos.
Para los corifeos del descalabro inminente, la credibilidad internacional de un gobierno obligaba a la presidenta a sucumbir aferrada a un esquema energético que el año pasado convirtió a un país exportador en importador neto de gas y petróleo. Los gurúes del desbarajuste dirán que para que las siete plagas de Egipto no caigan sobre estas costas, la Nación debía seguir atada a una matriz que el año pasado le hizo gastar 10 mil millones de dólares en combustibles.
Para no irritar a los líderes de los países serios que se caen a pedazos aplicando políticas serias y no despreciables recetas populistas, el gobierno argentino debía continuar impávido frente a los surtidores con mangueras cruzadas. Para ser confiable ante las corporaciones mundiales, la Argentina debía gastar sin chistar este año entre 12 y 14 mil millones de dólares en importación de combustibles, una cifra superior al saldo favorable del balance comercial durante 2011
Para gozar del favor de los líderes del Primer Mundo, Cristina Fernández debía observar impávida cómo caía la producción petrolera y se giraban las utilidades obtenidas por aumentos de precios y no por incrementar la oferta. Pero prefirió enmendar un error, reivindicar las mejores tradiciones peronistas y sumarse a los países latinoamericanos que controlan un recurso estratégico.
En realidad, es sólo el primer paso para intentar cambiar el curso de una política que –tal como los afirmó la presidenta– tornaba a la Argentina en “un país inviable”. Es obvio que la cuestión no quedará saldada cuando el Congreso sancione el proyecto de ley que modifica la composición accionaria de la emblemática empresa privatizada en 1999 en medio del vendaval neoliberal.
Ahora se abre frente al gobierno la necesidad de encontrar socios capaces de invertir en la extracción petrolera. Algunos expertos sostienen que la Argentina puede ser en el futuro una potencia hidrocarburífera, siempre que pueda atraer las inversiones millonarios que este negocio requiere.
Pero en principio, apenas se trata de taponar el agujero negro por el cual se marchaban los esfuerzos de los argentinos y las posibilidades del gobierno de avanzar en todo tipo de política de contención social. Es un paso trascendental, pero pequeño frente a la enorme tarea que hay por delante.
Alberto Dearriba
