parte 1
El 6 de noviembre de 1820 David Jewett, comandante de la “Heroína”, tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica, y puso el hecho en conocimiento público mediante una circular. (1) Disuelta la unidad nacional, la provincia de Buenos Aires otorgó en 1823 a Jorge Pacheco el usufructo de la isla Soledad o Malvina del Este.
El mismo año designó al capitán de milicias Pablo Areguatí comandante de las islas. (2) En 1828 concedió a Luis Vernet –que había sido el promotor de estas gestiones y era socio de Pacheco- “todos los terrenos que en la isla de la Soledad resultaren vacos”, con ciertas excepciones y bajo el compromiso de establecer allí una colonia que gozaría del derecho de pesca en todo el archipiélago. (3) Y el 10 de junio de 1829, por último, el gobierno de Buenos Aires, presidido entonces por Martín Rodríguez, expedía el decreto disponiendo que “las islas Malvinas, serán regidas por un comandante político y militar”, el cual debía residir en la isla de la Soledad y cuidar en esas costas “la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios”. (4)
Los fundamentos de este decreto expresaban que España había tenido la posesión material de esas islas, “Hallándose justificada aquella posesión por el derecho de primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias marítimas de Europa, y por la adyacencia de estas islas al continente que formaba el virreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían. Por esta razón, habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas”.
Entretanto, la empresa dirigida por Luis Vernet, nombrado gobernador el mismo día, había iniciado la colonización de las Malvinas. Varias expediciones llegaron al archipiélago hasta que Vernet se instaló allí en julio de 1829 y –no sin superar enormes dificultades- logró asentar una población de un centenar de personas. (5)
No hemos de detenernos en recordar el desarrollo y las vicisitudes del establecimiento formado por Vernet con autorización del gobierno argentino. Nos interesa más especialmente destacar el proceso que condujo a la usurpación inglesa.
Al conocer el decreto del 10 de junio de 1829, el encargado de negocios de Gran Bretaña, Woodbine Parish, lo comunicó a su gobierno recordando los antecedentes del asunto y los títulos que a su juicio tenía Inglaterra. A los pocos meses, debidamente autorizado, presentó al ministro de Negocios Extranjeros Tomás Guido una nota en la cual sostenía “los derechos de soberanía de S. M. B. sobre las islas. Estos derechos –continuaba diciendo la nota- fundados en el primer descubrimiento y subsiguiente ocupación de dichas islas, fueron sancionados por la restauración del establecimiento británico por S. M. C. en el año 1771…. El retiro de las fuerzas de S. M. en el año 1774 no puede considerarse como una renuncia a los justos derechos de S. M.”.
La nota concluía protestando formalmente contra las pretensiones argentinas y contra todo acto que perjudicara los “derechos de Soberanía que hasta ahora ha ejercitado la corona de Gran Bretaña”. (6)
Pero lo que esa nota calla cuidadosamente es la ocupación simultánea hasta 1774 y exclusiva de España desde entonces, los tratados de 1670 en adelante, y sobre todo el convenio de 1790 que cerró las costas del Atlántico sud a toda instalación inglesa. L anota de Parish –elaborada en Londres- vale más por lo que no dice que por su contenido expreso, y debe juzgarse más por esa ocultación deliberada de circunstancias y de razones que por su osadía manifiesta en pretender una soberanía sin título alguno y una posesión carente de efectividad.
Sostener que Inglaterra había ejercido “hasta ahora” esos derechos, después de 55 años de abandono y de silencio, era una adulteración tan manifiesta de la verdad que sólo podía considerarse una burda ironía, apoyada en la fuerza del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces.
Pero debe recordarse que pocos años antes de esa protesta, el 2 de febrero de 1825, Inglaterra había firmado con la Argentina el tratado de amistad y comercio mediante el cual reconoció la independencia de la nueva nación y, naturalmente, la existencia de un ámbito territorial propio de ella. Dentro de ese territorio estaban las Malvinas, de las cuales había tomado posesión en 1820, y ejercido otros actos de soberanía incluyendo el nombramiento y la instalación de autoridades.
La nota de Parish fue contestada de inmediato por el ministro Guido prometiendo estudiar la reclamación. (7) Pero el gobierno argentino, urgido por otros asuntos, no alcanzó a responder ni Parish insistió en conseguir una respuesta que iba a ser necesariamente negativa, puesto que los hechos señalaban la inequívoca voluntad de mantener la colonia ya fundada por Vernet.
El gobernador de las Malvinas, en efecto, seguía ejerciendo su cargo y haciendo progresar el establecimiento de Puerto Soledad: Cansado de ver que los balleneros destruían los recursos naturales de las islas, y dispuesto a imponer su autoridad, en agosto de 1831 arrestó a tres buques norteamericanos. En uno de ellos, el “Harriet”, volvió a Buenos Aires para someterlo al tribunal de presas. Intervino entonces el cónsul de los Estados Unidos, George W. Slacum, quien desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en las Malvinas y logró convencer al comandante de la corbeta “Lexington” que debía defender con energía los intereses de los pescadores de su nación. Ese barco, al mando de Silas Duncan, se dirigió inmediatamente a Puerto Soledad, a donde llegó el 28 de diciembre de 1831 enarbolando bandera francesa. Sólo después de anclar levantó su propio pabellón, e inmediatamente Duncan se dedicó a destruir cuantos bienes existían en el establecimiento, trayendo presos a los principales pobladores. (8)
Este acto de piratería, sin justificativo alguno y llevado a cabo de la manera más violenta y abusiva, provocó la protesta y las reclamaciones del gobierno argentino. Los Estados Unidos, sin embargo, no quisieron reconocer su error. Y aunque esas protestas fueron renovadas en 1841 y en 1884, nunca se dieron las debidas satisfacciones ni la indemnización correspondiente a los daños ocasionados. No puede dejarse de recordar, con relación a este episodio, que si bien el gobierno norteamericano no quiso admitir los argumentos argentinos, la Corte Federal de Massachusetts resolvió que los actos de Silas Duncan eran ilegítimos. En un litigio en el cual se había invocado el incidente de la “Lexington”, esa corte resolvió “that such officer had no right, without express direction from his Government, to enter the territoriality of a country in peace with the United States and seize property found there, claimed by citizens of the United States”. (9)
Las Malvinas volvieron entonces a adquirir notoriedad internacional. Ya hacía tres años que el gobierno inglés les dedicaba una creciente atención, estimulada por los informes de Parish y por quienes sostenían la necesidad de contar con un puerto de escala en la ruta a Australia, cuya colonización estaba entonces en pleno desarrollo. (10) Pero el gabinete británico no se animaba a tomar una decisión sin fundamento, y se limitó a presentar la nota de Parish. Sin embargo, este último llegó de regreso a Londres a principios de 1832, con la noticia del atropello norteamericano y de que ya no existían autoridades argentinas en las islas. Estas razones, y tal vez la creencia de que los Estados Unidos podrían intentar su ocupación, decidieron el envío de una pequeña flotilla.
El capitán John James Onslow, al mando de la corbeta “Clío”, recibió instrucciones de dirigirse a Port Egmont y de restablecer allí el fuerte abandonado en 1774. En caso de encontrar fuerzas extranjeras inferiores a las suyas debía desalojarlas, empleando la violencia en caso necesario. Pero si esas fuerzas eran superiores, se limitaría a presentar una protesta que contenía también una amenaza. (11)
Onslow no se ajustó a esas instrucciones, o bien recibió otras que las contradecían y que permanecieron en secreto. A fines de diciembre de 1832 llegó a Port Egmont, e inmediatamente, siguió rumbo a Puerto Soledad, anclando allí el 2 de enero del siguiente año. En el lugar estaba la goleta “Sarandí” a las órdenes de José María Pinedo, a quien Onslow hizo saber que estaba encargado de afirmar los derechos soberanos de Inglaterra. (12) Al día siguiente la bandera argentina era entregada a bordo de la “Sarandí” por un oficial inglés, y poco después Pinedo –ante la superioridad de las fuerzas británicas- dejaba Puerto Soledad. (13)
La “Clío” sólo quedó unos pocos días en las Malvinas, y dejó a su población en el mayor desamparo y anarquía. Pero un año después, el 9 de enero de 1834, el “Challenger” traía al primer gobernador inglés, Henry Smith, que iniciaba así la ocupación de las islas usurpadas. (14)
Debe señalarse, ante todo, que Inglaterra se instaló en el mismo lugar que había sido poblado sucesivamente por los franceses, los españoles y los argentinos, pero que nunca había estado bajo el dominio inglés. Si alguna pretensión podía sustentar Gran Bretaña, ella se limitaba a Port Egmont, ubicado en el otro extremo del archipiélago. Esta circunstancia tan importante revela que el gobierno británico procedía con absoluto desprecio por el aspecto jurídico de la cuestión, y con el deseo manifiesto de realizar un acto de fuerza, sabiendo que la Argentina no estaba en condiciones de oponerse y de afrontar ese poder enormemente superior.
La segunda instalación inglesa en las Malvinas fue un despojo realizado gracias a esa superioridad. La expulsión de las autoridades argentinas legítimas ni siquiera fue precedida de un aviso o de un ultimátum enviado al gobierno de Buenos Aires. Inglaterra no quería que sus derechos –o sus pretendidos derechos- fueran objeto de una discusión diplomática. Usaba la fuerza, como antes –en 1766- había usado del secreto y de la clandestinidad. (15)
La llegada de Pinedo a Buenos Aires produjo naturalmente una honda conmoción en el sentimiento público, y dio origen a la inmediata protesta del gobierno argentino. (16) El encargado de negocios, que era Philip G. Gore, contestó al día siguiente que no tenía instrucciones de Londres. Entonces Manuel Vicente de Maza resolvió plantear el asunto directamente en Inglaterra, para lo cual comisionó al ministro plenipotenciario Manuel Moreno, encargándole la presentación de una formal protesta. Este lo hizo el 17 de junio de 1833 mediante una larga nota en la cual recordaba los antecedentes históricos de la cuestión, para concluir “que los títulos de la España a las Malvinas fueron, su ocupación formal; su compra a la Francia por precio convenido; y la cesión o abandono que de ellas hizo Inglaterra”. Como las Provincias Unidas sucedieron en los derechos que España tenía, Gran Bretaña no podía adquirir ningún nuevo derecho sobre las islas. La nota concluía protestando “contra la soberanía asumida últimamente, en las islas Malvinas por la corona de la Gran Bretaña, y contra el despojo y eyección del Establecimiento de la República en Puerto Luis, llamado por otro nombre el Puerto de la Soledad”, y pidiendo las reparaciones adecuadas por la lesión y ofensa inferidas. (17)
La contestación inglesa –que tardó más de seis meses en ser presentada- merece ser cuidadosamente analizada. Comienza esa nota recordando la protesta que Parish había entregado al gobierno argentino a fines de 1829 y reproduciendo los mismos argumentos: “esos derechos soberanos, que estaban fundados sobre el descubrimiento original y subsiguiente ocupación de aquellas islas, adquirieron una mayor sanción con el hecho de haber su Majestad Católica restituido el establecimiento inglés de que una fuerza española se había apoderado por violencia en el año 1771”.
Agregaba la nota que el retiro de los ingleses en 1774 no pudo invalidar sus derechos. Y como la protesta de Parish no había sido contestada por el gobierno argentino, este último no podía sorprenderse por el acto realizado en las Malvinas, ni tampoco “suponer que el gobierno británico permitiese que ningún otro Estado ejerciera un derecho, como derivado de España, que la Gran Bretaña le había negado a España misma”.
Lord Palmerston se ocupaba, por último, de negar la existencia de una promesa secreta, acerca de la cual no había constancia alguna en los archivos ingleses. (18)
La respuesta de Palmerston, escueta y carente de fundamentos históricos y jurídicos, sólo revelaba el deseo de eludir la discusión de un enojoso asunto que el gobierno británico no podía defender con argumentos valederos, sin dejar por ello de persistir en su actitud.
No es necesario volver a señalar las falsedades que esa nota contiene. Ya lo hemos hecho al comentar la de Parish; que se transcribe casi literalmente por Palmerston. Los dos únicos argumentos que este último agrega son la falta de contestación argentina a la nota de 1829 y la negativa inglesa a reconocer a otros Estados los derechos que había negado a España.
Aquella falta de contestación, explicable por las circunstancias críticas que vivía el país por esos años, no pudo, desde ningún punto de vista, hacer surgir un título nuevo para Inglaterra. Ese silencio no podía interpretarse como un asentimiento a las pretensiones inglesas, puesto que simultáneamente los hechos afirmaban la voluntad argentina de mantener su soberanía en las Malvinas. Los años 1829-1831 son precisamente los de mayor actividad en el archipiélago, que tiene a su frente al gobernador Vernet y asiste al desarrollo de Puerto Soledad. De modo que esos actos de dominio eran el mejor desmentido que podía darse a la nota de Parish, y la manera más eficaz de asegurar los derechos que la República tenía como sucesora de España. Si Inglaterra aspiraba sinceramente a obtener una contestación, pudo insistir en su nota o presentar otra recabándola, pero nunca hacer derivar de esa falta un fundamento para realizar actos de fuerza en Puerto Soledad. La correcta práctica diplomática entre dos naciones que mantenían relaciones amistosas y cordiales exigía otro tratamiento muy distinto.
El último argumento de Palmerston consistía en sostener que Inglaterra no podía admitir los títulos argentinos porque los había negado a España misma, de la cual derivaban aquéllos. Esta era una evidente falsedad, que al mismo tiempo encerraba un sofisma. Gran Bretaña nunca desconoció, ni hubiera podido hacerlo, los derechos españoles. Estos fueron admitidos en 1749, en 1771 y en 1790, sin que llegara a ser tema de una discusión entre las cancillerías. Y desde 1774, en que España quedó como única dueña del archipiélago, Inglaterra mantuvo un persistente silencio que significaba aceptar la validez de aquella ocupación. Pero ese argumento contiene, además, un sofisma; aun cuando España no hubiera tenido título alguno, o éste hubiera sido desconocido por Inglaterra, no por ello podía esta última crearse unilateralmente un derecho fundado en la inexistencia del que invocaban los españoles.
Para adquirir la soberanía de un territorio no basta negar la que otra nación alega, sino que es preciso además que haya actos posesorios indiscutidos y permanentes. Y esto era lo que no podía aducir Inglaterra, que desde 1774 hasta 1829 guardó un profundo silencio respecto del archipiélago.
