Ecuador va por una
Ley de Medios inclusiva y social
La Revolución Ciudadana promueve una nueva normativa para la comunicación mediática que ya comenzó a debatirse en el Congreso.
En el año 2008 se ratificó la Constitución ecuatoriana y el Parlamento quedó obligado a sancionar una nueva Ley de Comunicación, pero llevó años llegar a un acuerdo para ese cometido.
Ente esa situación, el Presidente Rafael Correa rescató el tema al incluirlo en un referendo el año pasado, en el que los ecuatorianos dieron su apoyo para la creación de un consejo regulador de contenidos de los medios de comunicación. Así, la ley de comunicaciones volvió a ser un tema de agenda.
En tiempos en que el mundo globalizado y capitalista creó la sensación y necesidad de “estar conectados” a través de las nuevas tecnologías, y otorgó a los medios masivos de comunicación un lugar preponderante; legislar ese área se vuelve una tarea que ningún gobierno puede obviar. Y esto no quiere decir que anteriormente no haya sido necesario, sino que los tiempos que corren obligan a reformar o construir nuevos escenarios comunicacionales.
Argentina marcó un punto de inflexión en América Latina tras la sanción parlamentaria en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con el impulso del Ejecutivo comandado por Cristina Fernández, y el apoyo y debate democrático de amplios sectores de la sociedad, se le puso punto final al anterior decreto-ley, producto de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Ahora, Ecuador se suma a la causa con un proyecto de Ley de Comunicación que está es debatido en su Congreso, tras varias modificaciones en su texto, y con la particularidad de legislar también a los medios gráficos.
El articulado del proyecto establece la redistribución del espacio radioeléctrico: 33 por ciento para medios públicos, 33 para medios privados y 34 para medios comunitarios. Además, propone que las actividades periodísticas o de comunicación social de carácter permanente, deban ser realizadas por profesionales del periodismo. Aún así, quienes actualmente trabajen en algún medio y no tuvieran un título habilitante tendrían un plazo de 6 años para obtenerlo.
El proyecto también establece la responsabilidad ulterior de los periodistas y los medios por la información y las opiniones que se difundan, y fija la responsabilidad solidaria del medio de comunicación en compensaciones de carácter civil ante la ausencia de rectificaciones o el impedimento de ejercer el derecho a réplica en casos de que el órgano de regulación así lo disponga.
"Estamos optimistas porque el proyecto presentado es satisfactorio, en especial por el capítulo de la redistribución de frecuencias", sostuvo la coordinadora de Alianza País (AP), Paola Pabón.
Desde el oficialismo, si bien cuentan con una gran cantidad de legisladores en el Congreso, necesitan 63 votos para que se apruebe el texto, de los cuales hasta ahora tiene seguros 53.
El 11 de abril, cuando el pleno del Parlamento se reunió para tratar el tema, fue el congresista Mauro Andino de AP, el encargado de la presentación del informe.“Si el proyecto es aprobado será posible la reversión de las frecuencias de radio y televisión mal habidas o ilegalmente obtenidas, así como su distribución equitativa", sostuvo.
“Pero si el proyecto es negado se perpetuarán los privilegios de los grupos económicos que son dueños de los grandes medios de comunicación, que han monopolizado en defensa de sus personales intereses”, afirmó Andino. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente el sector privado controla el 85,5 por ciento de las frecuencias radiales y el 71 por ciento de las televisivas.
Tal como sucedió en Argentina, los grupos monopólicos de Ecuador, al ver peligrar sus intereses, no dudan en vapulear el proyecto de Ley. En Argentina, no lo consiguieron, y los monopolios, aún años después de la sanción, continúan sus embestidas contra al Gobierno que promovió una Ley de la democracia que rigiera su funcionamiento, como debió suceder hace mucho tiempo. Olvidando que esa Ley no es producto de un capricho de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino una demanda democrática de vieja data de la sociedad, los intelectuales y comunicadores del país.
En Ecuador la historia se repite. Los medios hegemónicos califican el proyecto en sus titulares como “Ley mordaza de Correa” o “Ley para controlar la prensa”; y asumen que se atenta contra la libertad de expresión. Pero los argumentos se caen, son inválidos, porque está claro que estos grupos han hecho de la información un producto de mercado. Y cuando los pueblos se alzan para hacer oír sus voces, no hay tapa de diario que pueda detenerlos.
Redacción de APAS
prensamercosur.com.ar
