La tosudez de los ejecutivos españoles impidió un acuerdo
amistoso
La
cronología de los hechos que forzó la recuperación de la firma
Luego
de varios esfuerzos infructuosos por lograr que la compañía aumente sus
inversiones, las provincias petroleras iniciaron un proceso de quita de áreas
clave. La reunión en la que Antoni Brufau pudo haber cambiado la historia.
A
mediados de marzo, y luego de varios intentos por enderezar el curso de las
inversiones de YPF en los yacimientos más importantes del país, las provincias
miembro de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi)
iniciaron un camino de quita de concesiones petroleras que derivaron ayer en el
anuncio presidencial de recuperación de la soberanía energética. El primer
pedido formal por más inversiones se hizo el 6 de febrero, en una reunión entre
los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino,
con el CEO de Repsol, el español Antonio Brufau. En esa oportunidad, se
repasaron las inversiones de 2011, que totalizaron U$S 13.300 millones. Tres
días después, el 9 de febrero, las provincias fueron un paso más y, en un acto
de la Ofephi en el que participó De Vido, los estados presentaron un documento
de 13 páginas y ocho artículos rectores, en los cuales se exigía a las empresas
aumentar un 15% su producción en dos años. El texto advertía además que se
sancionará “la inversión escasa o subinversión por parte del permisionario o
concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de producción o
de reservas de hidrocarburos”. El trabajo aportaba datos numéricos del impacto
de la escasa inversión y detallaba que en los últimos diez años, la caída de
producción de petróleo y gas registrada en el país fue del 18 y el 11%,
respectivamente.
El
28 de febrero, fue la segunda chance que tuvo Brufau para mostrar voluntad de
invertir más. No ocurrió, y la reunión del Brufau (acompañado por el ministro
de Industria de España, José Manuel Soria) con De Vido pasó sin pena ni gloria.
Con
el paso del tiempo y las respuestas insuficientes de las empresas, las
provincias se volcaron a analizar las concesiones y revertir áreas. El 14 de
marzo, Chubut y Santa Cruz picaron en punta revirtiendo cuatro contratos a YPF
en sus provincias. A través del Decreto 324, el distrito comandado por Martín
Buzzi (además titular de Ofephi), declaró la caducidad de las áreas El
Trébol-Escalante y Cañadón Perdido-Campamento Central-Bella Vista Este. El
mismo día, en el acto conjunto en la zona de Puesto Ramón Santos, en el límite
de ambas provincias, el santacruceño Daniel Peralta firmó el decreto 393, con
el que dio de baja el contrato de YPF en las áreas Los Monos y Cerro Guadal
Norte. Luego, el 19 de marzo, Neuquén se sumó a las quitas con la reversión de
las áreas Chihudio de la Salina y Portezuelo Minas, también concesionadas a
YPF.
En
medio de fuertes tensiones entre la empresa y los estados nacional y
provinciales, la relación empezó a resquebrajarse en dos asambleas de
accionistas realizadas en el edificio de YPF en Puerto Madero. Luego de que el
23 de febrero YPF le negara el ingreso al encuentro del directorio a
representantes del Estado sin razón aparente (tiene la acción de oro), la
ruptura se profundizó el 21 de marzo, cuando en una nueva asamblea, la firma
propone no repartir dividendos con el objetivo puesto en capitalizar la compañía.
El gobierno votó negativo y rechazó el giro de ganancias al exterior, a la vez
que la empresa se negó a conformar un fondo de inversiones, que es lo que
Nación exigía.
Al
ruido político del caso YPF se sumó en ese contexto, una ronda de especulaciones
sobre el futuro a corto plazo del manejo del petróleo nacional. La estatización
fue la primera versión en circular, luego mutando hacia un sistema mixto, al
estilo Petrobras, con un estado en el control y privados operando. Esta última
posibilidad llegó a ser confirmada por Buzzi y Jorge Sapag, el gobernador
neuquino.
Sin
embargo, seguiría la quita individual de concesiones: el 22 de marzo, mediante
el Decreto 502, Mendoza dispuso la caducidad de las áreas Ceferino y Cerro
Mollar Norte, ubicadas en los departamentos de Rivadavia y Malargüe, también
por falta de inversiones. El 26 de marzo, Salta retiró el yacimiento Tartagal
Oeste; y al otro día, Río Negro le retiró a YPF la concesión de Los Caldenes.
Luego, el 4 de marzo, se bajó el contrato del yacimiento Ñirihuau.
Presionado
por la corona ibérica y una España hundida en una crisis de ajustes, Brufau
viajó a Argentina para pedir una reunión con la presidenta Cristina Fernández,
sin éxito. El 11 de abril se hizo la última quita de áreas, con un yacimiento
de suma importancia: Santa Cruz retiró a YPF el pozo Los Perales, que produce
el 11% del total de crudo que consume el país. Al mismo tiempo, Chubut amenazó
con la reversión de área Manantiales Behr, que produce el 10% del petróleo
nacional.
El
penúltimo capítulo de la historia sucedió el jueves pasado, cuando De Vido y el
viceministro de Economía, Axel Kicillof, recibieron finalmente a Brufau, quien
reafirmó la decisión de invertir U$S 15 mil millones en 2012. Algo que no
confirmó a los funcionarios y terminó con el gobierno nacional avanzando en el
control de YPF y la soberanía hidrocarburífera.
Leandro Renou
