Ayer se presentó el segundo planto fuerte de la historia o “batalla” judicial que protagonizan la Casa Rosada y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Al profundizar sobre el “rechazo unánime”, explican que los magistrados apelaron a dos fórmulas. Por un lado, anotan que los jueces Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda recordaron que el per saltum es una figura prevista para los fallos de primera instancia. Mientras que los magistrados Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay rechazaron in limine el planteo oficial. A propósito, remarcan que todos los ministros supremos especificaron que corresponde presentar un recurso extraordinario, que deberá ser tramitado “con rapidez” por la Cámara –“diez días corridos”–. Por lo tanto, especulan que el Gobierno acudiría hoy mismo a esa vía.

A propósito, Ventura remarca dos aspectos: que Zaffaroni “fue el más condescendiente” de los jueces porque “dijo que si realmente existiese una contradicción entre la sentencia que dictó la Corte el 22 de mayo y la sentencia de la Cámara -como lo afirma el Gobierno-, ello ‘podría importar un alzamiento’ de la cámara contra fallos firmes de la Corte, con desconocimiento grave de la autoridad del alto tribunal”. Además, agrega que el último párrafo del documento de la Corte, “fue leído en el Gobierno como un gesto de que, más allá del rechazo, existe voluntad de facilitar el trámite”. En Ámbito apuntan que Zaffaroni “le dio un guiño” a la Casa Rosada al “cuestionar la nueva cautelar”.
Irina Hauser, en Página, sostiene que en el Gobierno “no hubo sorpresa” por el fallo. Además, Ámbito recuerda que el viernes había anticipado la noticia en su sitio web. La Nación también se adjudica la primicia, pero aclara que el domingo fue el día en que confirmó por adelantado la decisión de la Corte Suprema. En cambio, Perfil había previsto el futuro accionar del tribunal, el sábado pasado, desde lo más alto de su tapa.

Al margen, remarca Página que un “grupo de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todos el país”, entre los que se destaca la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “cuestionan” hoy a sus pares, en una solicitada, por el documento crítico que emitió la Comisión Nacional de Independencia Judicial.
En menor medida informan que el máximo tribunal rechazó el pedido de “avocación” que también presentó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) el viernes pasado.
Opiniones críticas contra la gestión kirchnerista
En Clarín, La Nación y El Cronista sobresalen la pluma de cuatro analistas que cargan contra el Poder Ejecutivo por la política que está desplegando en la “batalla” con el Grupo Clarín, en medio de la discusión por la aplicación de la Ley de Medios.

En La Nación, Joaquín Morales Solá remarca –sin fuentes indentificables– que el per saltum estuvo “fundado en el capricho” de Cristina Fernández, “que no quería que nadie de su gobierno se presentara ante ningún juez de la Cámara Federa Civil y Comercial”. Además, entiende que el Gobierno “perdió el 7-D y ayer volvió a perder”. El director periodístico de El Cronista, Fernando González, advierte que mientras “más criticó el Gobierno a los jueces en general y a la Corte Suprema en particular, más rápido salieron los fallos en su contra”. Incluso, advierte que la “pelea” por la Ley de Medios “será más larga de lo previsto y que el resultado se sabrá cuando haya transcurrido buena parte de 2013”.
Miran hacia la Casa Rosada luego del “rechazo” supremo
La decisión de la Corte Suprema de Justicia marca el ritmo de la agenda porteña, que vuelve a priorizar el debate en torno a la Ley de Medios, por sexta jornada consecutiva. Además de explicar en detalles lo que decidieron los jueces miembros del tribunal, tratan de especular sobre los próximos pasos del Gobierno nacional.

En su artículo, Lucio Fernández Moores aclara en Clarín que tanto la presidenta Cristina Fernández como el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, “evitaron hablar ayer” en el acto que encabezaron anoche en el Museo del Bicentenario. Mariana Verón, desde La Nación, califica que en la Rosada “ni se inmutaron” porque “optaron por el silencio” y El Cronista entiende que el “silencio presidencial” se extendió al resto del Gabinete. A su vez, el diario de los Saguier agrega que la “mayoría de los funcionarios” le apunta al titular de la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti, por sus supuestas “aspiraciones políticas” (ver también Actualidad).
Asimismo, Clarín remarca que el magistrado supremo expresó su “preocupación” por los intentos de “deslegitimar” a la Corte y que le transmitió a sus colegas que las versiones sobre su teórico proyecto presidencial “son falsas”. Ámbito se acopla y recuerda que los rumores comenzaron a surgir “hace diez días” en un almuerzo en el Club Progreso, donde el juez Carlos Fayt también tildó a Lorenzetti como un eventual “excelente presidente”.
Entre las páginas 6 y 7, Página/12 jerarquiza las repercusiones positivas que siguió generando ayer la “multitudinaria” celebración por el Día de la Democracia. Edita las voces de “gobernadores, funcionarios y referentes sociales” que valoraron la convocatoria. En menor medida, sigue de cerca la agenda de la Presidenta, que ayer se reunió con la CTA de Hugo Yasky y con los “curas villeros”.
En tanto, todos subrayan que el senador Marcelo Fuentes (FpV) –también miembro del Consejo de la Magistratura– anticipó que se impulsará un juicio político contra los dos camaristas –Francisco De las Carreras y Susana Najurieta– que le concedieron una prórroga de la medida cautelar al Grupo Clarín. Ámbito detecta una “contradicción” porque el senador Aníbal Fernández desmintió que se esté trabajando en un proyecto de esa estirpe.
El presidente de la Corte concentra las miradas periodísticas
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se mantiene en lo alto de agenda informativa a partir de su rol en la discusión por la Ley de Medios y sus presuntas aspiraciones presidenciales.
El CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia afirmó el fin de semana que el juez intervino directamente en el fallo de la Cámara que prolongó la medida cautelar que protege a Clarín. Susana Viau, por su parte, publicó que el presidente de la Corte fue monitoreado por la Secretaría de Inteligencia y por la AFIP en relación a “su vida personal y a sus fallos”.
Ayer en La Nación, Mariano Obarrio señaló que el Gobierno nacional “busca exponer a Lorenzetti” y agregó que el oficialismo considera que el juez “no quiere romper con Clarín”. El domingo, Joaquín Morales Solá difundió la denuncia de Carlos Kunkel sobre un “intento de golpe de Estado de la Corte Suprema” a partir de un “desliz” de Carlos Fayt, quien había ponderado a Lorenzetti como un “hombre presidenciable”. Roberto García, en Perfil, también alimentó el enfrentamiento entre el Gobierno y el presidente de la Corte a partir de sus presuntos “deseos presidenciales”. El domingo, Franciso Marzioni señaló que Lorenzetti es un juez con “contactos y aspiraciones políticas”.
En Página/12, Horacio Verbitsky apuntó el viernes pasado contra la declaración emitida el día anterior por “organismos corporativos de jueces” que denunciaba presiones contra el sistema judicial. Allí, consignó que Lorenzetti fue quien hizo circular el texto pero que no consiguió la unanimidad de sus colegas para convertirlo en un pronunciamiento de la Corte Suprema. El domingo, Verbitsky recordó que una eventual candidatura presidencial del juez fue anunciada en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En ese sentido, indicó que Lorenzetti fue incluido en ese momento en un grupo que buscaba superar “la desunión de la oposición”, según afirmó la embajadora de los Estados Unidos Vilma Martínez, versión no desmentida por el magistrado.
Vale recordar que el pasado 30 de junio, Carlos Pagni sostuvo en La Nación que Lorenzetti ingresó en la “lista negra” de la Presidenta aunque indicó que “las razones se ignoran”. Un día después, en Perfil, Mariano Confalonieri manifestó que “el Gobierno cree que el titular de la Corte va contra Cristina” y que por ello fue incluido en la “lista de ex aliados y flamantes enemigos”. En esa línea, sostuvo que el oficialismo conocía “las pretensiones del magistrado de participar en política”. El 5 de octubre, Ignacio Zuleta señaló en Ámbito Financiero que fue el propio Lorenzetti quien habilitó “a los lenguaraces de la Corte Suprema” a circular versiones sobre su presunto “agotamiento” al frente de la Corte Suprema.
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