Entrevista a Vicent Maurí, portavoz de "Intersindical
Valenciana" y miembro de la "Plataforma pels Drets Socials"
“Los valencianos pagamos ahora la política del despilfarro
y las
obras faraónicas”
Los grandes eventos y las obras fastuosas, con los que la
propaganda del PP situaba al País Valenciano en la liga de campeones de las
capitales europeas, toca a su fin en un momento en el que hasta la Fórmula 1 se
renegocia. El portavoz de Intersindical Valenciana y miembro de la Plataforma pels
Drets Socials, Vicent Maurí, afirma que ahora, con la crisis, “nos pasan a los
ciudadanos la factura del despilfarro, en forma de recortes en sanidad,
educación y ayudas sociales”. “No hay alternativa”, vienen a decir Mariano
Rajoy y Alberto Fabra, parafraseando a Margaret Thatcher, la dama de hierro.
Los grandes eventos se vendían en tiempos de Camps como la
alquimia de la felicidad permanente. Pero la burbuja ha reventado, ¿Y quién
paga la factura?
A los ciudadanos del País Valenciano les toca costear el
despilfarro de los macroeventos y las obras faraónicas, de la corrupción y los
escandalosos sobrecostes. Acabada la fiesta, el Gobierno Valenciano pretende un
recorte de 1.000 millones de euros que se traducirá en un empeoramiento de las
prestaciones públicas y las ayudas sociales. Y esto después de que haga crisis
un modelo económico que no ha generado empleo y sólo ha beneficiado a los
amigos del PP, como Ecclestone y Calatrava, entre otros muchos.
Sin embargo, en las elecciones autonómicas de mayo y las
generales de noviembre el Partido Popular arrasa en el País Valenciano. ¿Cómo
se lo explica?
El Gobierno del PP ha impulsado una política mediática, sobre
todo mediante Radiotelevisión Valenciana, en la que ha machacado a los
ciudadanos con el mensaje de que el País Valenciano es vanguardista en España y
en Europa. Otros medios privados, inducidos por la publicidad institucional,
han insistido en la misma línea. Y al final el mensaje ha calado. Cualquier
problema que pueda ocurrir se le achaca a un enemigo exterior. La opinión
pública ha acabado por asumir la falta de alternativas: todos los políticos son
iguales y todos son unos corruptos. Pero no es así.
Se ha referido a Canal 9. En el ente público, que tiene una
deuda que ronda los 1.200 millones de euros, se ha anunciado un ERE que podría
afectar a unos mil trabajadores. ¿Cuál es la posición de Intersindical
Valenciana?
Nos posicionamos totalmente en contra del ERE. Y esto no impide
que también nos opongamos a la línea editorial de Canal 9. Es claro que los
trabajadores de la empresa no son los responsables de que en Canal 9 rija una
política de partido. Si la producción de programas externalizada a empresas
privadas se mantuviera en la casa, podría evitarse el ERE. Además, nos tememos
que tras el Expediente de Regulación de Empleo se escondan intereses
privatizadores y que algunas empresas gestionen la franja horaria más rentable.
Volvamos a la resaca. Los impagos afectan a colegios,
universidades, farmacias, personas dependientes y todo tipo de proveedores.
La excusa siempre es la misma. La Generalitat Valenciana nos
dice que las arcas están vacías por la crisis y por el injusto modelo de
financiación autonómico. Pero, con este modelo, otras autonomías no sufren una
tasa de paro del 25% ni lideran la ratio autonómica de endeudamiento público,
como ocurre con el País Valenciano. La causa de la dramática situación
económica son los 16 años de gobierno del PP y la dilapidación de dinero
público.
¿Estamos ante una economía en quiebra?
Algunos datos así lo indican. El Gobierno Central ha intervenido
in extremis para que la Generalitat pudiera hacer frente a un compromiso de
pago con el Deutschebank. Las agencias de calificación han rebajado la deuda
valenciana a la condición de “bono-basura”. ¿Qué conclusión extraemos? Pues que
esto no era el Levante feliz que nos decía Camps ni la vanguardia del estado
español. Al contrario, se trata de una comunidad muy endeudada y con una
corrupción galopante.
Desvanecido el sueño, llega la realidad con sus efectos
devastadores
Así es. El País Valenciano tiene más de 500.000 parados. El
12,6% de las familias valencianas tiene a todos sus miembros desocupados
(frente al 11% de la media estatal). Y una de las cifras más inquietantes: el
desempleo juvenil se sitúa en el 50%. Lo cierto es que las rentas del trabajo
tienen cada vez un peso menor en el PIB, con lo que esto supone de
empobrecimiento para la población asalariada. Mientras, recuerdo cómo nos
decían que bajar de impuestos era de izquierdas.
El Consell acaba de aprobar un Decreto-Ley que los sindicatos
consideran una agresión sin precedentes
A finales de diciembre el PP aprobó los presupuestos para el año
2012. Fue un auténtico paripé, pues el 5 de enero del año vigente han aprobado
un Decreto-Ley que recorta nada menos que en 258 millones de euros los salarios
de los trabajadores del sector público. Y en 400 millones de euros, el gasto
sanitario. Estas medidas, no sólo suponen un ataque salvaje contra las 140.000
personas que trabajan para la Generalitat Valenciana, sino que empeorarán los
servicios públicos para todos los ciudadanos.
¿Tal vez podría haberse recuperado el impuesto sobre el
patrimonio?
El Gobierno de Alberto Fabra tiene competencias para hacerlo.
Podría haberse aplicado este gravamen para que quien más tiene, más pague. Así,
otras políticas, que no afecten a los trabajadores ni la calidad de los
servicios públicos, son posibles. Pero se ha preferido hacer lo mismo que
Mariano Rajoy con el Decreto sobre nueva fiscalidad: presionar sobre las rentas
más bajas.
Ni siquiera se le ha dado la oportunidad al mantenimiento de una
banca pública
El PP no ha permitido la implantación de una banca pública
valenciana, que podría ser una buena herramienta para mitigar la crisis. De
hecho, han utilizado las grandes cajas de ahorro –Bancaixa y la CAM- para sus
proyectos políticos, caso de Terra Mítica, y para financiar los negocios
inmobiliarios. Otras autonomías como Galicia sí que han peleado por conservar
sus cajas de ahorro, aunque no lo hayan conseguido. Aquí ni se ha intentado.
¿Cuál será la respuesta sindical ante el escenario de recortes?
¿Se plantean acciones contundentes?
Por el momento, en el País Valenciano se ha conseguido crear un
frente común entre los sindicatos del sector público. En una primera fase,
hasta el 26 de enero, están previstas asambleas informativas, concentraciones y
manifestaciones. La siguiente etapa, en febrero, podría incluir jornadas de
huelga y otras medidas de presión. Frente a la agresión salvaje y sin
precedentes, se ha forjado una unidad sindical importante.
Por último, ¿Qué alternativas plantea Intersindical Valenciana?
De entrada, que el Gobierno Valenciano retire el Decreto-Ley y
los recortes que penden sobre los trabajadores de la función pública. Si se
necesitan recursos para pagar el déficit, que se implemente una reforma fiscal
progresiva. Y, sobre todo, abandonar los planes de austeridad que, al final,
sólo generan desempleo. Proponemos que el sector público se convierta en el
motor de la economía y de la creación de puestos de trabajo, aprovechando que
nos situamos por debajo de la media europea en cuanto a empleo público.
Enric Llopis
Rebelión
