EL REY DE ESPAÑA HABLÓ DEL CASO QUE
INVOLUCRA A SU YERNO
¿Justicia para todos?
por Romina Manguel desde Madrid
En su discurso navideño, Juan Carlos
de Borbón hizo referencia al escándalo de corrupción que atraviesa la Casa Real
y dividió las opiniones entre los dirigentes políticos. Desvío de millones y el
uso de la residencia real para cerrar negocios ilícitos.
Estaba todo dado para que fuese la
tormenta perfecta. Y así estalló en España el escándalo Babel: el yerno
favorito del Rey de España, Iñaki Urdangarin, acusado por un caso de corrupción
en el momento en el que el país alcanza el triste récord de cuatro millones y
medio de personas desempleadas que cuestionan los ocho millones y medio de
euros que el gobierno español destina a sostener los gastos de la monarquía.
Y para sumar escándalo al escándalo,
se conoció que después de posar como todos los veranos junto a su mujer, la
infanta Cristina, y sus cuatro hijos, frente al palacio de Marivent en Mallorca
(y así daban oficialmente comienzo a la temporada de verano), Urdangarin volvía
a abrir las puertas, esta vez sin fotógrafos,
a hombres de negocios donde cerraba parte de las transacciones que hoy están
siendo investigadas: negocios sucios en el impoluto palacio real de verano.
Tal vez si hubiese sido otro el
momento, las vacas gordas hubiesen disminuido el impacto que tuvo el caso en la
opinión pública. O si se hubiese tratado de un actor con menos visibilidad en
el escenario real. Pero el caso, el protagonista y el momento forzaron al Rey
Juan Carlos de Borbón a poner la cara frente a todos sus súbditos para hablar
del caso y, sin dar nombres, asegurar frente a millones de televidentes en su
discurso navideño que “cuando se
producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética,
es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de
Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con
arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos”.
Tras años de dilaciones, mensajeros
del rey, organizando un disimulado exilio del yerno, su esposa la infanta
Cristina y sus cuatro hijos a Washington con la excusa de un contrato con
Telefónica en Estados Unidos, varias voces salieron a cuestionar la justicia
para todos a la que hizo referencia el Rey.
Al mismo tiempo en que el juez José
Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca
levantaba el secreto de sumario, la próspera carrera de Urdangarin en la Casa
Real parecía sepultada: se acusa al yerno real de malversación de caudales
públicos, falsedad documental y fraude a la Administración Pública. Urdangarin,
que desde que se casó con la infanta se llevó el título de Duque de Palma,
presidía un instituto sin fines de lucro, Noos, a través del cual organizó una
serie de eventos deportivos con el objetivo de recaudar fondos. Aunque nunca
aclaró que parte de los fondos serían para él. La investigación que llevó
adelante el fiscal anticorrupción de las islas Baleares detectó que de los más
de dos millones y medio de euros que el gobierno balear le pagó, más de la
mitad terminaron en empresas propias o de su socio y también imputado en el
caso, Diego Torres. Y no habría sido la primera ni única vez. Urdangarin
capitalizó su paso por la selección nacional de baloncesto para desviar fondos
una y otra vez relacionados con eventos deportivos. Se calcula que a través de
esta misma operatoria ( cobrar a través del instituto y desviar a firmas
propias) más de un centenar de empresas públicas y privadas aportaron, sin
saber, casi dieciséis millones de euros a las cuentas del yerno real. La hija
menor del Rey, por ahora, no ha sido imputada, aunque una de las empresas en la
que se centra la investigación está a su nombre. Para los investigadores, la
sociedad Aizoon, presidida por Urdangarin y su mujer, recibía fondos derivados
de los ilícitos: “Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo
logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la
investigación, lo maquillaban a través de la contratación de servicios
ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por
importe superior al servicio realmente prestado”.
Recién hoy parece entenderse por qué
en el año 2006 sorpresivamente renunciaron todos a todo. Y apenas unos años
después por una gestión personal de un enviado del Rey, la familia Urdangarin
se instaló en Washington. Entonces volvieron a posar, una vez más, en la nieve
en lugar de la playa y explicaban a la prensa que la decisión se tomó a nivel
familiar, que Iñaki no quería rechazar la propuesta de Telefónica, que los
cuatro hijos vivirían una experiencia nueva en un país donde apenas los
conocían y, por supuesto, la posibilidad de dominar el inglés como no lo harían
en ningún colegio en España. Las explicaciones cerraban, las fotos eran
espectaculares y los Urdangarin aparecían sólo para las fiestas para posar en
los retratos oficiales. Pero tras el escándalo, ni eso. Destrozada la bucólica
explicación del viaje, y con las más de tres mil fojas de contundentes
investigaciones circulando por toda España, el Rey decidió sacar a su yerno de
la agenda oficial. Ni eventos ni fotos, nada.
Urdangarin fue citado a declaración
indagatoria el próximo 6 de febrero. Seis años después de que en el Parlamento
de las Islas Baleares, la oposición
reclamara en más de una oportunidad explicaciones acerca de los contratos
del Duque de Palma y el gobierno de las Islas. Según publicó el diario El País
de Madrid, “entre 2004 y 2006, el Psoe de Baleares preguntó en diferentes
ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a
la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa
de Urdangarin”. Si el Psoe sabía y preguntaba formalmente, probablemente el Rey
también. Por eso, tras su discurso de Navidad, donde se vio obligado a hablar
del escándalo sin mencionarlo, se desató la polémica.
“Si la Justicia fuera ‘igual para
todos’, como proclamó el Rey en su mensaje navideño, si fuera así, como demanda
la mayoría de los ciudadanos, no habría habido cinco años de silencios y el
duque de Palma, Iñaki Urdangarin, estaría ahora imputado”, aseguró el
coordinador federal de la Izquierda Unida (IU), Cayo Lara: “No se puede estar
en desacuerdo con afirmaciones como que ‘la Justicia es igual para todos’. Sin
embargo, afirmaciones de este tipo hay que llenarlas de contenido y deben
ponerse en marcha de forma efectiva. Resulta poco creíble que en los cinco años
que han pasado desde que se tiene constancia de algunas de las actividades
llevadas a cabo por el Duque de Palma, y que ahora son investigadas por la
Justicia, no haya habido tiempo para que se pudieran acreditar ya afirmaciones
como esa de la igualdad ante la Ley”.
Difícilmente España olvide a Iñaki
Urdangarin. No sólo por haber protagonizado una de las bodas del siglo, hace
catorce años en Barcelona. Ni por los sesenta títulos que conquistó como
capitán de la selección de baloncesto para su país. Sino porque el escándalo
que lo tiene en la mira obligó por primera vez al Rey Juan Carlos, desde la
vuelta de la democracia, a publicar los gastos de la Casa Real.
En un intento
por aportar transparencia ante tantas dudas y denuncias concretas de
corrupción, el Rey compartió con los españoles que por año el gobierno le da
ocho millones y medio de euros, que él personalmente cobró 292.752 euros al
año, su hijo y heredero, el príncipe Felipe, de 43 años, 146.375 euros anuales,
y la reina Sofía, la princesa Letizia y las infantas Elena y Cristina cobraron
casi 400.000 euros en concepto de gastos de representación.
En medio de la
brutal crisis económica, transparentar los gastos fue la incómoda salida que
encontró el Rey para descomprimir la situación de quien fuera, hace años, su
yerno predilecto.
