El exhorto judicial argentino es un paso inédito en el intento de hacer
justicia ante uno de los agujeros negros de la democracia español
Editorial del diario Noticias de Navarra
El exhorto judicial argentino sobre la investigación de los
crímenes de la dictadura es, aunque tardío, un paso inédito en el intento de
hacer justicia ante uno de los agujeros negros de la democracia española
La decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría
de exhortar a las autoridades españolas para que aporten los nombres y actuales
paraderos de los ministros y jefes de seguridad del Estado entre el 17 de julio
de 1936 -víspera del golpe militar- y el 15 de junio de 1977, fecha en la que
se celebraron las primeras elecciones tras el fin de la dictadura, supone un
aldabonazo ético y legal respecto a la actitud por la que los poderes públicos
han venido entorpeciendo la aplicación de la ley a los responsables de los
crímenes cometidos durante el franquismo.
La orden judicial argentina responde además al principio de
justicia universal y a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad
definidos en el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal
Internacional. Curiosamente, el mismo principio en el que se basó el juez
Baltasar Garzón para iniciar la persecución del dictador chileno Augusto
Pinochet y que, sin embargo, no ha permitido la investigación judicial de los
miles de crímenes franquistas.
De hecho, el exhorto argentino supone un paso inédito en
los intentos de juzgar a los criminales del franquismo y que en lo que respecta
a la Justicia del Estado español se encuentran pendientes de la resolución que
el Tribunal Supremo debe tomar aún, casi tres años después, sobre la querella
que acusó al juez Garzón de prevaricar al declararse competente para investigar
y juzgar los asesinatos y desapariciones de la dictadura.
Pero, además, la petición de la juez Servini avala la
actualidad de la exigencia de satisfacer la verdad, recuperar la memoria
histórica y resarcir a las víctimas a través de la identidad de los propios
querellantes: la viuda de Luis Sánchez Bravo (fusilado por el régimen
franquista el 27 de septiembre de 1975 junto a los también activistas del FRAP
José Humberto Baena y Ramón García Sanz, y los miembros de ETA Txiki Paredes y
Ángel Otaegi), una sobrina de Elías García, asesinado en 1937, y los familiares
de otras 17 víctimas documentadas en la investigación.
No se trata, por tanto, del pasado que algunos pretenden
dejar en el olvido, sino de la necesidad presente de quienes reclaman por las
injusticias sufridas y de las carencias de uno de los agujeros negros que
todavía arrastra la democracia española
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/12/30/opinion/editorial/el-franquismo-no-prescribe