APOYO
AL PERSEGUIDO POLITICAMENTE, JUEZ BALTASAR GARZON
Fragmento del prólogo del libro LA SOLIDARIDAD CON EL
JUEZ GARZÓN de Carlos Jiménez Villarejo (coord.)
“Estamos ante una obra colectiva excepcional, que
demuestra el apoyo nacional e internacional recibido por el Juez Garzón, ante
la persecución penal a la que está sometido por el Tribunal Supremo de España.
Una obra que reúne escritos, comunicados, acuerdos, artículos, los Autos,
cronología de los acontecimientos, fotografías… Una obra posible gracias al
apoyo desinteresado de jueces y fiscales, catedráticos, magistrados,
periodistas, fotógrafos, escritores, etc.; organizaciones nacionales e
internacionales; organismos públicos; sindicatos; organizaciones cívicas,
plataformas ciudadanas y foros de recuperación de la Memoria Histórica; medios
de comunicación...
Es la expresión de la solidaridad cívica nacional e
internacional con un juez, Baltasar Garzón, perseguido penalmente por el
Tribunal Supremo de España por haber ejercido las funciones propias de un Juez
de Instrucción: investigar delitos. Es decir, incoar un proceso y practicar las
diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados por los familiares de víctimas de desaparición forzada durante la
guerra civil y la posterior represión de la dictadura franquista. Creemos que
es un fenómeno insólito en la sociedad contemporánea, una sociedad en pie
arropando y defendiendo al Juez que, en palabras del fiscal José Maria Mena,
tuvo el “inigualable arrojo” de iniciar la persecución penal del dictador
Pinochet y plantear abiertamente la aplicación del principio de justicia
universal para hacer efectiva la lucha contra la impunidad de los Crímenes
contra la Humanidad en la comunidad internacional”.
Solidarios con
Garzón
Los demócratas, las víctimas del franquismo, los
defensores de la libertad y del Estado de Derecho no podemos aceptar con
indiferencia la posibilidad de su condena, que supondría un golpe irreparable y
un enorme retroceso en la consolidación de nuestra democracia.
Nada puede justificar la pasividad y el acriticismo
cuando se tienen auténticas convicciones democráticas. Llamamos, pues, a todos
los que lucharon contra la dictadura y a sus víctimas, a los defensores del
Estado de Derecho y de la democracia a dar un paso al frente para defenderlas.
Por ello, y en este momento trascendental, hemos
decidido poner en marcha una campaña en defensa del juez Garzón que genere un
gran movimiento en favor de la democracia y de la dignidad de las víctimas del
franquismo. Es hora de unir esfuerzos y mostrar la fuerza del movimiento
democrático de la Memoria Histórica, que tanto ha luchado por la dignidad, la justicia
y la reparación de las víctimas del franquismo y por acabar con los últimos
vestigios de la dictadura.
La ciudadanía está llamada a desempeñar un papel
fundamental en la difusión y apoyo de esta campaña en defensa del juez Garzón y
de la democracia. Es nuestro deber moral mostrar nuestra repulsa y nuestra
determinación por impedir que se consume el proceso al juez Garzón. Invitamos a
todos los ciudadanos a expresar su apoyo en la red con sus mensajes y su
activismo, así como a participar en las acciones y actos que se convoquen en
toda España.
http://www.solidarioscongarzon.com/
solidarioscongarzon@gmail.com
Manifiesto
Las Asociaciones firmantes, ante la inminencia del
juicio contra el Juez Baltasar Garzón por su investigación de hechos, que ya
son páginas oscuras y tristes de nuestra historia, ocurridos durante la Guerra
Civil y la Dictadura que siguió,
MANIFESTAMOS:
-Nuestra repulsa a la pretensión de criminalizar una
actuación del Juez encaminada a dar tutela judicial efectiva a quienes la
solicitaron,
-Nuestro apoyo al Juez Baltasar Garzón por la
persecución contra él dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo en
varios frentes,
-Nuestro rechazo a la suspensión de sus funciones
judiciales que viene sufriendo desde meses como pena anticipada por unos hechos
que no debieron merecer sanción alguna,
-Nuestro convencimiento de que el actuar del Juez
estuvo movido por una recta interpretación de la Ley y por la atención a
quienes le demandaban tutela, cuyas legítimas expectativas parecen hoy
truncadas,
-Nuestra preocupación por los efectos devastadores que
podría tener la actuación del Tribunal Supremo, Sala 2ª, en la Justicia
española, quedando desprestigiada, dentro y fuera de nuestras fronteras, como
una Justicia ciega y que desprecia el derecho a la verdad y el derecho a la
reparación de las víctimas. La Justicia de nuestro país había alcanzado en los
últimos años elevadas cotas de reconocimiento internacional gracias,
fundamentalmente, a la actuación del Juez Garzón en el ámbito de los más graves
crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, lo que le
ha convertido, merecidamente, en un referente internacional en materia de
protección de derechos humanos,
-Nuestra preocupación al contemplar que nuestra
Justicia podría ser suplantada, dada su inactividad, por la de otro país
–Argentina- que, bajo el paraguas de la jurisdicción universal, podría acabar
investigando los hechos acaecidos en España durante la Guerra y la postguerra.
Pero aplaudimos la iniciativa de aquel país, que también fue víctima del golpe
de Estado y de la Dictadura, ante la inaceptable inacción del Gobierno y los
tribunales españoles,
-Nuestra voluntad de seguir adelante en la búsqueda de
la verdad y en el apoyo a quienes reclaman saber qué ocurrió con los suyos, con
independencia del final que tenga el proceso contra el Juez Garzón,
Además,
Recordamos al Estado español y a todos sus poderes que
recientemente, en diciembre de 2010, ha entrado en vigor la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, de la que nuestro país es firmante. La desaparición
forzada es una práctica totalitaria tendente a eliminar al disidente y al
enemigo político y la dictadura no fue ajena a su práctica. La Convención
obliga a los Estados, no sólo a evitar tal práctica de cara al futuro, sino
también, y con la vista puesta en el pasado, a garantizar el derecho a
denunciar estas desapariciones y a que se investiguen, considerándose que es
víctima no sólo la persona desaparecida, sino también la que haya sufrido por
la desaparición. Se establece en la Convención que la víctima tiene derecho a
la verdad, a la reparación y a la indemnización, obligándose los Estados,
incluido el poder judicial, en caso de fallecimiento, a la búsqueda, respeto y
devolución de los restos.
Si España quiere cumplir sus obligaciones
internacionales, debe superar las insuficiencias legales y cualquier
entendimiento judicial contrario a lo establecido en la Convención.
Finalmente,
Declaramos que la criminalización de la búsqueda de la
verdad y de quien quiso tutelar a los que la reclamaban es, además de una
torpeza, un atentado contra los derechos fundamentales y contra la
independencia judicial. La causa que se sigue contra el Juez Baltasar Garzón es
un gravísimo error que, lejos de hurtarle el prestigio del que merecidamente
goza, está generando un movimiento de apoyo sin precedentes del que
participamos.