Informe FEPALC 2011
29 periodistas asesinados y extrema
precarización laboral en Latinoamérica
¿Y la SIP? ¿y los agotadores paladines de la libertad de prensa? ¿Joaco, Magda, porqué tanto silencio?
Más aún: Desde hace varios años que la Argentina no registra ni un solo caso. Ni siquiera un susto, piquete de ojos o pellizco.
En cuanto a la precarización, sí, es muy vigente el tema.
Durante el 2011 han sido asesinados
29 periodistas en América Latina y el Caribe, según reporte presentado por la
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). México, con
10 crímenes y Honduras, con seis, son los países de mayor riesgo para el
ejercicio del periodismo en la región.
Los otros países con víctimas son
Brasil (3), Perú (3) Colombia (1), El Salvador (1), Guatemala (1), Haití (1),
Panamá (1) Paraguay (1) y República Dominicana (1).
Esta cifra representa casi un tercio
del total de periodistas fallecidos en razón de su profesión en el mundo.
México se ha convertido en el
territorio más peligroso para el ejercicio periodístico, en el que los esfuerzos
de la propia comunidad internacional para implementar mecanismos no han tenido
resultados efectivos. Esto porque las autoridades mexicanas no expresan
voluntad de esclarecer los crímenes y suelen atribuirlos gratuitamente a la
inseguridad ciudadana descartando cualquier vinculación de los hechos con la
denuncia periodística. Para la FEPALC, también, genera especial alarma el clima
de violencia que se vive en Honduras, donde además de los crímenes se han
registrado múltiples atentados contra la integridad física de los comunicadores
sociales y la infraestructura de diversos medios de comunicación. Uno de los
hechos que generó mayor consternación en el gremio fue el ataque contra la sede
del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante. Preocupa de
manera particular a la FEPALC el alto índice de impunidad en la región que
ensombrece aún más la desaparición física de los periodistas. El 98 por ciento
de crímenes aún no han sido resueltos. Las investigaciones de dichas muertes,
en el mejor de los casos, sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario
que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de
responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas
de muertes.
Para la FEPALC la impunidad en la que se mantienen los crímenes
está institucionalizando una cultura de la autocensura y el silencio, propia de
aquellas sociedades en las que no hay garantías a la vida, integridad física ni
condiciones de trabajo dignas para las y los trabajadores del sector. Sobre
este último particular la FEPALC denuncia la precarización laboral en los que
se ejerce la profesión periodística.
En el 2011 se han registrado despidos
masivos en Brasil y Chile -donde ha continuado la hostilidad contra los
trabajadores tras el cierre de la edición impresa del diario La Nación-.
También en Argentina, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela, se han cancelado empleos y se ha acosado y perseguido a quienes se
organizan sindicalmente.
En el caso particular de Perú, el acoso laboral más
crítico se produjo durante el proceso electoral presidencial, los primeros seis
meses del año. Un numeroso grupo de periodistas fueron despedidos -de manera
frontal o mediante la figura de "no renovación de contratos"-, en
Lima y al interior del país una serie de programas fueron retirados del aire
por presiones político-publicitarias.
Al presentar este balance anual la FEPALC
les recuerda a los presidentes latinoamericanos en pleno que es deber de los
Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y
amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada.
Asimismo cautelar el derecho a un trabajo
digno y decente.
La FEPALC, al cierre de este 2011 e
inicio de un nuevo año, reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus
sindicatos afiliados en América Latina con el fin de estar vigilantes y
denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades físicas y laborales
de las que son víctimas nuestros colegas y cautelar el derecho a la libertad de
expresión, como derecho natural de las personas y los pueblos.