Exiliados españoles volvieron a pedir
que la jueza Servini de Cubría investigue los crímenes del franquismo
Asesinos del Franquismo, en la mira de la Justicia argentina
Desde hace algunos años, la Argentina
y España golpean sus paletas sobre una pelota que ha cambiado de dirección en
más de una oportunidad. En la península ibérica, incluso, fue arrojada fuera
del estadio a partir de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, quien recurrió al principio de justicia universal para detener
en Londres al represor chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998.
Con Garzón apartado temporalmente de
la investigación sobre los crímenes del franquismo, el hierro caliente cayó en
manos de la jueza federal argentina María Servini de Cubría. En respuesta a las
presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de las
víctimas de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), quienes le
solicitaron que tome nuevas denuncias y testimonios en la Embajada española, la
magistrada libró un exhorto, a fines del año pasado, para que la justicia
peninsular revele los nombres y domicilios de los militares vivos involucrados
en el gobierno fascista. También requirió un listado de las empresas que se
enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de
desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre el 17 de julio de 1936 y el
15 de junio de 1977.
El lunes la pelota fue devuelta al
campo de la jueza en una carta que le envió Fernando Souto Suárez, presidente
de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CMRH). El
texto, al que tuvo acceso Debate, señala: “Usted debe saber que el gobierno de
España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia
argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se
haga justicia”. Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue
interpretada como una “ley de punto final para no llevar ante los tribunales a
los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben”,
el documento aporta información sobre un hombre clave de la política española
de los últimos cincuenta años: Manuel Fraga Iribarne.
Ministro de Información y Turismo
entre 1962 y 1969 y vicepresidente del gobierno y ministro de la Gobernación
entre diciembre de 1975 y julio de 1976, en la transición democrática fue uno
de los redactores de la Constitución española de 1978. Luego fue diputado,
senador y presidente de la Junta de Galicia entre 1990 y 2005. Mentor del
Partido Popular, Fraga anunció su retirada de la arena política en setiembre de
2011, después de que en abril sufriera una fractura de cadera que lo alejó del
Senado. A punto de cumplir 90 años, actualmente convalece en su casa de Madrid,
según su entorno más cercano, por complicaciones respiratorias que arrastra
debido a un fuerte catarro. Desde La Coruña, Rubén Alfonso Lobato, miembro de
la CMRH, atiende el llamado de Debate para conversar sobre el escrito dirigido
a Servini de Cubría.
¿Por qué impulsan que la Justicia
argentina investigue lo sucedido durante la dictadura de Franco?
Todo comenzó con la iniciativa de
seis personas exiliadas por el régimen de Franco. Entre ellas, Darío Rivas,
quien actualmente vive en Buenos Aires y decidió demandar al gobierno español
por crímenes de lesa humanidad. La jueza Servini de Cubría tomó este caso y
recientemente le envió un exhorto al gobierno español pidiéndole el número de
personas asesinadas por el franquismo y las fechas de su asesinato; los nombres
de los ministros franquistas que aún viven y ejercieron cargos públicos en ese
entonces; y el número de niños robados por la dictadura franquista, desde el 17
de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, es decir, entre el golpe de Estado
contra la República y la celebración de las primeras elecciones democráticas en
el Estado español.
¿Se conoce la cantidad aproximada de
bebés apropiados durante el franquismo?
En España se calcula que fueron más
de trescientos mil los niños robados.
¿Servini también solicitó datos sobre
la responsabilidad civil en la dictadura?
La jueza pidió información sobre las
empresas que lucraron con el trabajo realizado por los republicanos en prisión,
que fueron obligados a trabajar en esclavitud o semiesclavitud. El Valle de los
Caídos está regado con sangre de presos republicanos. La Comisión por la
Recuperación de la Memoria Histórica de La Coruña supo que había un dato que la
jueza requería: el nombre de los ministros franquistas. Entonces decidimos
aprovechar un trabajo que ya habíamos hecho relativo al ex ministro Manuel
Fraga Iribarne.
¿Qué encontraron durante ese releva
miento?
Este hombre tiene el título de “Hijo
Predilectísimo de La Coruña”, otorgado en 1968. El decreto 154/1961, fechado
del 2 de febrero, dice: “Boletín oficial: A propuesta del ministro secretario
general del movimiento, cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de
delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de
las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios
prestados”. Eso fue firmado por el mismo Francisco Franco. Sin embargo, el dato
de “camarada Fraga” no figura en su biografía oficial.
¿Cuál es el objetivo de la carta
enviada esta semana a la jueza Servini de Cubría?
Tenemos dos motivaciones al hacer
público estos datos. El primero, que la jueza esté debidamente informada sobre
la vida y obra de Manuel Fraga, y el segundo, que la opinión pública, tanto
gallega, española, como argentina, también lo esté. Creemos que bastantes
actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era
miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso
consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también
aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de
expedientes a periodistas y cierres de medios.
¿Qué más surge de la investigación
sobre la responsabilidad de Fraga Iribarne en los crímenes del franquismo?
El 1º de abril de 1963 se creó el
Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar
las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El 20 de abril es
fusilado el dirigente comunista Julián Grimau García. Cuatro meses después
fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín
Delgado. En octubre de ese año se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103
intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito
denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra
las huelgas de la minería asturiana.
¿Qué sucedió luego?
Esa carta finalmente no fue publicada
por el régimen. Como si fuera poco, Fraga Iribarne justificó la represión y el
corte de pelo al rape de las mujeres en estos términos: “Parece por otra parte
posible que se cometiese arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y
Anita Blaña, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza
pública la hacían más explicable”. En Victoria, capital del país Vasco, hubo
una asamblea de trabajadores metalúrgicos, en 1976, en la iglesia del pueblo.
Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía
nacional para que entraran a desalojarlos. Esas órdenes no podían ser dadas por
un mando intermedio. Hubo cinco muertos, de los cuales Manuel Fraga tiene
responsabilidad directa. Y en el tradicional Vía Crucis que organizaban las
Carlotas en Montejurra, en Navarra, un grupo de fascistas, dirigidos por un
comandante del ejército, asesinó a dos personas. También Fraga era ministro
entonces, y las responsabilidades nunca se depuraron.
¿Sufrieron algún inconveniente para
presentar el escrito a Servini de Cubría?
En el consulado argentino en Vigo,
donde fuimos a presentar la carta dirigida a la jueza, nos dijeron que no
podrían recepcionar la misma, porque no era más que un trámite meramente
informativo. También nos dijeron que bastaba con enviarle el documento por
correo postal certificado.
Usted pone el énfasis en la
importancia de visibilizar los crímenes del franquismo.
Por eso deseamos que la Justicia
argentina considere estos datos en su investigación. En honor a la defensa de
los derechos humanos, la jueza debería tomar nota de la información que le
enviamos para imputar a Fraga por los delitos que estamos denunciando. El
franquismo llevó adelante un genocidio con más de 115 mil desaparecidos. Y el
actual gobierno del Partido Popular es la fuerza política en la que militó
Fraga. Por eso no ayuda a que ese desastre sea conocido.
DOBLE
CARA
El semblante del fundador del Partido
Popular de España fue prolíficamente reseñado por Rogelio Baón en la biografía
Fraga, genio y figura. En su prólogo, el escritor comienza excusándose por la
empresa que acomete al señalar que “el personaje es enorme en todas sus
manifestaciones: académica, política, parlamentaria, intelectual y, obviamente,
en su trayectoria vital”. Luego explica: “Es como es, no como sus adversarios y
enemigos desean que sea, y a este fin de descubrimiento se dirige el presente
libro, para que se lo conozca más auténticamente”.
El semblante, claro, no coincide con
la presentación de la Comisión de La Coruña. Pero Mariano Eloy Rodríguez Otero,
profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, echa más luz sobre la figura de Fraga
Iribarne. El especialista en historia de España moderna y contemporánea señala
que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición
española. “Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que
está ligado a algunos de los pilares de la Transición”, destaca el historiador
ante Debate y agrega que además de los representantes de la UCD, PC, PSOE, y el
Nacionalismo catalán, el mismo Fraga fue uno de los siete ponentes de la
Constitución española. Cuando se discute sobre su figura, apunta Rodríguez
Otero, hay que ser meticuloso porque el político gallego se cuidó mucho de
“quedar pegado” a los procesamientos de los años sesenta y setenta. También sostiene
que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en
las penas de muerte o en alguna de los castigos más ejemplificadores.
Fraga fue designado por Franco al
frente del Ministerio de Información y Turismo en 1962. Una pelea con el Opus
Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde. De perfil culto y
refinado, el dirigente gallego supo amasar una imagen de tecnócrata. Y venció
al dirigente socialista Enrique Tierno Galván en un concurso como profesor
universitario. Según Rodríguez, Fraga representó un intento de salir del
franquismo mucho más conservador que la iniciativa victoriosa de Adolfo Suárez
e, incluso, del mismo Rey (ambos, de una generación posterior al dirigente del
PP).
“Parte de la clave de la Transición
española tiene que ver con jóvenes ligados al franquismo que pactan con viejos
dirigentes vinculados al final de la República: léase una Pasionaria (Dolores
Ibárruri Gómez) o un Santiago Carrillo, que todavía sigue vivo”, apunta el
historiador. Entre 1962 y 1969, Fraga “revitaliza las campañas periodísticas
para justificar cuestiones del franquismo”.
En 1963 detuvieron a un célebre
militante comunista que había participado en la guerra: Julián Grimau García.
Antes de ser ejecutado por el régimen estuvo recluido en la Dirección General
de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid. El activista
fue arrojado desde un segundo piso hacia un callejón. Aunque la caída le
produjo múltiples heridas en la cabeza y en las manos, Fraga señaló que García
Grimau había recibido un trato “exquisito” y que, durante el interrogatorio,
abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”. Sobre el militante
comunista dijo que era un “asesino repugnante”.
Más tarde, el ministro propuso una
Ley de Prensa e Imprenta. “Entonces se da cuenta de que es necesario utilizar a
la prensa, aun a riesgo de censurarla, con el objetivo de sostener al régimen”,
señala Rodríguez Otero. Con la norma en vigor consigue que haya censura
posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura
de los periodistas.
El director del Departamento de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras sostiene que a los delitos
cometidos por el franquismo se les puede endilgar una carga política por un
plan deliberado de destrucción de la población. “La guerra civil se explica en
términos de un mandato: tenemos que reprimir de una manera tan feroz y violenta
que quede claramente señalado, y que la gente durante varias generaciones lo
sepa y lo tema”, advierte y subraya que Fraga es un personaje que decide
integrarse a un franquismo que se nutre de la Iglesia, el Ejército y el
funcionariado. Regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado más
tarde como embajador a Londres. “¿A quién se quiere parecer Fraga?”, pregunta
Rodríguez, mientras busca con afán una foto entre las páginas del libro de
Rogelio Baón. “Él quiere mostrarse como un líder conservador a lo Winston
Churchill, quien despreciaba a Gandhi y, si nos descuidamos, hasta tenía brotes
antisemitas”, se responde el historiador. Y recuerda que en 1973, mientras era
embajador en Londres se produjeron una serie de manifestaciones frente a la
sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. En ese
entonces, el cantante Joaquín Sabina pareció verlo a través de una ventana de
la embajada.
La
red clientelar
Más allá de la monarquía, la II
República, el franquismo e incluso la democracia restaurada y la transición, el
historiador Rodríguez Otero asegura que en algunas comarcas españolas han
subsistido, especialmente en zonas rurales como Galicia o Valencia, estructuras
en donde figuras importantes -algunas veces terratenientes, otras gestores
políticos tales como médicos o funcionarios- han aprovechado para crear una
verdadera red clientelar. “En política española del siglo XIX al XX, se llama
caciquismo, con la acepción americana de la palabra”, conceptualiza el
historiador y afirma que en algún sentido Fraga funcionó en Galicia como una
especie de “cacique ilustrado”, como quien conoce los problemas de la gente y
promete solucionarlos. Pero, además, se presenta como un hombre de libros, de
universidad, de idiomas. Así, Fraga ha ganado elecciones casi hasta que quiso
retirarse, votado por sus propios paisanos. Parte de las claves de gobiernos
dictatoriales, autoritarios y totalitarios como el de Franco se encuentran,
para Rodríguez Otero, en la entrega de condiciones materiales que otros
dirigentes habían postergado.
El hecho de que Fraga Iribarne haya
sido elegido tres veces presidente de la Autonomía gallega, ¿sólo se explica
mediante la aplicación de esas políticas clientelares o actúan otros
componentes en el imaginario de una sociedad que, de algún modo, sostuvo la
estructura diseñada por el franquismo?
Quizás algo de su éxito posterior a
la guerra, como parte de la larga duración del franquismo, tenga que ver con
que hay una sociedad con un fuerte componente conservador que no ve con malos
ojos soluciones de orden, lo que hace más desesperante el reclamo de los
perseguidos del franquismo.
En la Argentina es casi imposible que se encuentre
a alguien dispuesto a hacer una larga y sostenida apología pública de cualquier
crimen de la dictadura.
Cabe preguntarse si el franquismo forjó esa reacción
conservadora o si fue un emergente de esos sectores. Lo primero que hicieron
algunos alcaldes del Partido Popular, luego de triunfar en las últimas
elecciones, fue desmontar las tumbas individualizadas de represaliados y
fusilados del franquismo, para enviar los restos nuevamente a fosas comunes.
Todo con votos del pueblo.
En esto, la española se parece mucho más a la
sociedad chilena.
Fuente:
http://www.revistadebate.com.ar//2012/01/13/4937.php
- Adrián Pérez - Revista Debate