Víctimas del franquismo “esperanzadas” por la
petición a España de una juez argentina
La
decisión de una jueza federal argentina de pedir a España datos sobre ministros
y mandos militares durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue
aplaudida ayer por organismos humanitarios y por víctimas del régimen, que
esperan “lograr justicia”.
La
magistrada María Servini de Cubría pidió a España nombres y domicilios de los
ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre
el 17 julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, en el marco de una demanda
abierta en Argentina.
(El 17
julio comenzó en la ciudad española de Melilla, norte de África, la sublevación
contra el Gobierno republicano de las tropas que mandaba Francisco Franco. El
15 junio se celebraron en España las primeras elecciones democráticas después
del franquismo.)
La
petición de la juez deberá ser tramitada por medio de un exhorto de la
Cancillería argentina a las autoridades españolas, confirmó a Efe el abogado
Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda presentada en 2010 por
víctimas del franquismo a instancias del principio de justicia universal.
“Insistiremos
a la Cancillería para que apuren la tramitación del exhorto judicial, que
estimamos que llegará a España en unos 20 días. Creemos que la respuesta no
puede demorarse más de tres meses”, señaló el letrado, representante de la
querella.
El
exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía
Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita
el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
La jueza
también pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas
durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que
utilizaron a presos políticos para trabajo esclavo, según fuentes judiciales.
“Estoy
esperanzado en lograr justicia. Hay muchos testigos dispuestos a hablar en esta
causa”, dijo a Efe el demandante Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas,
fusilado por falangistas en 1936.
El
presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ( ARMH
), Emilio Silva, expresó su deseo de que el Gobierno español atienda el
principio de justicia universal y que este proceso ayude a las familias a
conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.
Para el
portavoz de la Asociación Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, España hace
el “ridículo democrático” porque otro país aplica el citado principio de
justicia universal ante la inoperancia de los órganos judiciales españoles.
Según
Silva, España hizo fuera lo que no hizo dentro en la aplicación de ese
principio y “a Argentina no se le puede decir que ‘en casa del herrero,
cuchillo de palo’, que es el caso español, porque los jueces argentinos que
investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como
Baltasar Garzón”.
Garzón
fue suspendido provisionalmente en 2010 en sus funciones de magistrado de la
Audiencia Nacional española debido a la causa que le abrió el Tribunal Supremo
por presunto delito de prevaricación en sus investigaciones sobre los crímenes
cometidos por el franquismo.
Actualmente
se encuentra en Colombia como asesor de la misión de apoyo de la OEA para la
reforma y aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Garzón
obtuvo el reconocimiento internacional al exigir y obtener del Reino Unido en
1998 la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet y tratar de juzgarlo
en España bajo el principio de justicia universal, aunque el Gobierno británico
optó por enviarlo a Chile.
El juez
español también procesó alrededor de un centenar de militares y civiles por
crímenes cometidos en la dictadura argentina (1976-1983) y pidió la extradición
de varios, aunque en numerosos casos los gobiernos locales rechazaron las solicitudes
al amparo de los principios de “cosa juzgada”, “territorialidad jurídica” o por
estar siendo juzgados en este país.
En
opinión de la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y
Justicia, Paqui Maqueda, es ahora Argentina la que da “una lección de derechos
humanos a España” con la petición de la jueza Servini de Cubría.
La
magistrada argentina había archivado las actuaciones sobre esta demanda de
acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o
son investigados por la Justicia española, lo que dio lugar a una apelación de
la parte querellante.
En
septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la
jueza y aceptó la petición de la querella.
Entre
las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires
figuran las de Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los
cinco últimos fusilados por el franquismo, e Inés García, sobrina de Elías
García, asesinado en 1937.
Cuentan
además con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el
Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la
Paz 1980.