HISTORICO (aunque se crispe Rajoy)
LA JUSTICIA ARGENTINA REQUIRIO
INFORMACION A ESPAÑA
SOBRE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO
A partir de la denuncia de víctimas
de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para
iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español
Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
Fuente: Página 12
Miércoles, 28 de diciembre de 2011
La Justicia argentina empieza a
investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió
nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno
fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e
información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados
entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El
requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de
fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado
español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos
mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir
investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y
chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese
momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de
los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.
Mientras en España temen por el
silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato
de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del
país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y
solicitó medidas probatorias concretas.
Pero lo que se hace hacia afuera, no
se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en
España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado
competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido
que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales
e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales
recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía
está vivo”.
En ese marco, organismos de derechos
humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al
poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los
derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis
económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro
Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En
julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente
desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.
Por eso, para Garzón es “complicado”
que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista.
Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España
realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España
investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y
se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas
en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos
desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan
automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los
jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el
abogado querellante Máximo Castex.
Con el exhorto de ayer, Servini de
Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos
domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los
Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de
La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de
julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan
fallecido”.
Además, pidió el número de personas
desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus
desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución
política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados
y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las
agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los
bebés robados.
También se requiere informes sobre
las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y
la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los
presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del
exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes
distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema
de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín)
Papel Prensa.”
Todas las medidas pedidas por
Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de
abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última
presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la
jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona
nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a
este pedido una vez que recabe los datos solicitados.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de
democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado
a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si
no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay
un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado
le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos
de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”