NUMEROS DE Los
juicios a los GENOCIDAS
En 2011
terminaron veinte juicios y 67 personas recibieron condenas por primera vez.
Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de estas causas en el que se advierte sobre la demora en confirmar
las sentencias.
Durante 2011, 193 personas fueron
juzgadas o están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad. La cifra es la
más alta desde la reanudación de los juicios por violaciones de derechos
humanos en la última dictadura y es cinco veces más alta que la de 2009. Hasta
el momento, los condenados suman 266 y los presos, 593. Los números surgen del
informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas
por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación.
El documento registra los avances y obstáculos del proceso de justicia por los
delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Las demoras en la revisión de
las sentencias por parte de la Cámara de Casación son, para este organismo, el
principal motivo de preocupación.
Avances
En 2007, cuando la Unidad que dirigen
Jorge Auat y Pablo Parenti hizo el primer análisis de la situación de las
causas contra los represores de la última dictadura, encontró que existía una
demora significativa en la etapa de instrucción, es decir, que las
investigaciones tardaban más del tiempo justificado en ser elevadas a juicio
oral y que se advertía una “atomización” de los casos, lo que implicaba que no
se acumulaban hechos que debían ser investigados juntos y se realizaban juicios
aislados y repetitivos. Estos problemas, señalaron ahora, fueron abordados y
mejorados. “En los últimos tiempos pudo observarse una consolidación del
proceso de juzgamiento en casi todo el país. El anterior fue el año en el que
más casos fueron llevados a juicio oral y la cantidad de condenas logradas se
incrementó exponencialmente con el período completo desde el retorno de la
democracia”, dice el informe. Sobre 2011, sostiene que “se mantiene una
tendencia positiva” y que “se iniciaron juicios significativos en
jurisdicciones en las que ello era una deuda pendiente”, como Bahía Blanca, en
donde se está realizando un juicio que involucra a 17 acusados por 92 víctimas
del centro clandestino La Escuelita.
Números
Actualmente hay 842 personas
procesadas y 296 que fueron juzgadas (desde 1983 hasta ahora) por crímenes
cometidos durante el terrorismo de Estado; 266 fueron consideradas culpables y
30 fueron absueltas. Hasta 2008, las condenas eran 68, al final de 2009 ascendieron
a 98, en 2010 a 199 y este año a 266 (ver cuadro 2). Es decir que entre 2008 y
2011 la cantidad de condenados casi se cuadruplicó. En 2011, además, terminaron
veinte juicios, en los que se condenó a 81 personas (a 66 por primera vez) y la
Cámara de Casación revocó la absolución del represor Alejandro Guillermo Duret
por el caso de Carlos Labolita. Todavía hay 12 debates orales y escritos en
trámite, en los que se juzga a 118 acusados, y para los próximos meses se
espera que se inicien otros ocho juicios que involucran a 60 procesados. Así, a
lo largo de este año, 193 personas fueron o están siendo juzgadas en todo el
país (ver cuadro 1).
Desafíos
La Unidad Fiscal señaló como desafíos
para el futuro el avance en las investigaciones sobre violencia sexual durante
el terrorismo de Estado, las complicidades civiles, en particular en el ámbito
judicial y el trabajo con los archivos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que
identificó como “especialmente preocupante” es “la demora que se viene
registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las
sentencias de los tribunales orales”. De los 66 represores condenados, sólo 43
tienen condena firme y la mayoría son de juicios realizados durante la década
del ’80 o por apropiaciones de niños. Este año, sólo tres condenas quedaron
firmes. Durante 2011, Casación revisó seis sentencias con relación a 13
imputados. Uno de los ejemplos graves que ya había sido mencionado en el
informe del año pasado es el del Regimiento IX de Corrientes. El caso ingresó a
Casación hace casi 34 meses y todavía no se resolvió.
La Cámara de Casación fue uno de los
grandes obstáculos a salvar luego de la reapertura de los procesos por delitos
de lesa humanidad. En febrero de 2007, Página/12 publicó que el tribunal
acumulaba más de cien recursos sin resolver vinculados con crímenes de la
última dictadura y que algunos de esos expedientes estaban allí hacía tres
años. Los organismos de derechos humanos denunciaban que se trataba de un plan
deliberado para demorar el inicio de los juicios. Esto fue confirmado por el
entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que luego de una
confrontación pública con el entonces presidente Néstor Kirchner renunció y se
dedicó a ejercer como abogado defensor de los represores que antes apañaba
desde el Poder Judicial. Luego, las causas comenzaron a destrabarse, aunque
ahora otra vez los ojos están puestos en ese tribunal. En el último tiempo,
Casación entró en un proceso de renovación: fueron nombrados tres nuevos
magistrados y el jurista Pedro David fue designado como su presidente. Resta
ver si se produce un avance en la confirmación de las condenas a los
represores.