EEUU drogas & negocios
Estrategias
de combate inadecuadas e ineficientes y una red global de corrupción en
continua renovación forman parte del complejo problema.
A
diferencia de "terroristas" o de "grupos guerrilleros", los cárteles no están
motivados por la ideología o los ideales, sino por la obtención de beneficios;
y por cierto, por la ambición de poder. Las cadenas de comando a múltiples
niveles de los cárteles, su periódica reorganización, consistentes
reclutamientos, alianzas criminales internacionales, creciente fuerza letal y
sofisticación, los convierten en un enemigo omnipresente: difícil de atacar, y
aún más difícil de debilitar si la batalla se libra solo con artillería. No
obstante, EE.UU. ha gastado miles de millones de dólares combatiendo un enemigo
semejante durante las últimas cuatro décadas, sin otra estrategia que el uso de
armamento, y de tácticas bélicas. El ‘corazón’ de las organizaciones criminales
–sus finanzas– lo dejan, misteriosamente, sin tocar.
Todo
está grabado en los registros de la tan criticada política de la droga de
EE.UU., incluso antes de que el presidente Richard Nixon acuñara por primera
vez el término “Guerra contra la Droga” en 1971. Desde entonces no se han
logrado resultados sustanciales.
La
Oficina del Programa de Contra Narco-terrorismo (CNTPO, por sus siglas en
inglés) del Pentágono –una entidad prácticamente desconocida creada en 1995–
acaba de anunciar un contrato por 3.000 millones de dólares para operaciones
antinarcóticos financiadas por EE.UU. en todo el mundo, incluidos Afganistán,
Pakistán, Colombia y ahora también México.
Las
licitaciones estuvieron abiertas a firmas privadas de seguridad desde el 9 de
noviembre, y la distribución del presupuesto por categoría incluye hasta 950
millones de dólares para “operaciones, logística, y construcción menor”, hasta
975 millones para el entrenamiento de fuerzas extranjeras, 875 millones para
tareas de “información” y 240 millones de dólares para “apoyo de programa y
programático”, como señala el anuncio oficial.
La
estrategia del Pentágono y del Departamento de Defensa a través del CNTPO,
forma parte del plan de la privatización de la ayuda militar y de los servicios
de inteligencia, que resulta ser un negocio muy lucrativo, y parte de la
iniciativa secreta de EE.UU. de transferir tácticas de la llamada “guerra
contra el terror” a la “guerra contra la droga”.
Según la
descripción ofrecida por el gobierno federal, el CNTPO trata de proveer una
amplia variedad de servicios de seguridad que, en el caso de México, incluirían
la instrucción de pilotos y mecánicos de los helicópteros UH-60 (Halcón Negro),
Schweizer 333 u OH-58 y Bell 206; el desarrollo y entrega de currículos, el
suministro de todo el personal, equipamiento y materiales, y la realización de
entrenamiento de pilotos y tripulación para helicópteros de visión nocturna.
Otros contratos incluirán la entrega de equipamiento y entrenamiento para
intercambiar información sobre actividades del narcotráfico.
El
gobierno mexicano no ha encarado hasta ahora la presencia potencial de firmas
privadas extranjeras que enseñen cómo patrullar las numerosas áreas
conflictivas de su territorio, donde la guerra de la droga ha llevado a 50.000
muertes en los últimos cinco años.
Pero,
por desconocido que sea, y a pesar de no tener una oficina física dentro del
Pentágono, el CNTPO tiene una cierta historia: En 2009, esa entidad trató sin
éxito de otorgar un contrato por 1.000 millones de dólares a la corporación de
servicios militares Blackwater. Según Wired News, empleados de Blackwater han
sido acusados de corrupción, robo y violación de derechos humanos mediante
contratos de servicio en Iraq y Afganistán. El escándalo llevó a un cambio de
nombre. Blackwater es ahora Xe Services LLC.
Más allá
del caso específico de Blackwater, algunos expertos militares han expresado
preocupación porque los mercenarios obtendrán lucrativos contratos bajo la
identidad de corporaciones privadas, excediendo sus límites en una amplia
variedad de actividades, que vayan desde el uso de criminales como fuente de
inteligencia, a la violación de derechos civiles y humanos.
En
México, numerosos analistas creen fuertemente –sobre la base de presunta
evidencia sólida– que ya hay algunos mercenarios operando en el país, pagados
por civiles acaudalados, gobernadores y otras autoridades, para hacer el
‘trabajo sucio’ de lo que llaman una ‘limpieza social’ que se propone la
eliminación de individuos o pequeños grupos que presumiblemente trabajan o son
obligados a trabajar para una u otra banda o cártel. En ese sentido, el
argumento es que mercenarios extranjeros disfrazados de proveedores de
servicios de seguridad solo empeorarían el clima existente de violencia y
miedo.
También
es importante reconocer que hay algunas contradicciones estructurales que son
críticas para la llamada guerra de la droga.
Como
sucedió en Colombia, los esfuerzos del pasado que lograron una significativa
disminución del narcotráfico inevitablemente lo empujan hacia otras latitudes;
en México, el combate contra los cárteles ha llevado a que la actividad
criminal se mude y expanda en otros Estados, e incluso a Centroamérica y el
Caribe. Pero en este ciclo de restructuración de la ‘ruta’, es solo inevitable
que en última instancia, los traficantes vuelvan a las regiones en las cuales
solían tener el centro de su negocio.
Como
resultado de esta situación, hay que formular algunas preguntas. ¿Implementa
EE.UU. la política adecuada de la droga? ¿Es congruente México al llevar al
límite la guerra contra la droga, a sabiendas de que hay un gigantesco mercado
de consumo frente a la puerta? ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? ¿Hay
alternativas? ¿Deberíamos considerarlas todas en la discusión? ¿Cuál es el coste?
¿Cuál es el beneficio de cada alternativa?
El
aumento del encarcelamiento y los esfuerzos de represión del contrabando no han
disminuido la cantidad de usuarios de drogas ilícitas en EE.UU., que se cifra
de modo conservador en más de 20 millones. Y aunque el tratamiento de la droga
es esencial para toda la reducción de la demanda, no es suficiente. Las
políticas económicas y de atención de la salud son también políticas contra la
droga. Y en este caso, la política exterior también se convierte en política
contra la droga. ¿Lograrán algún día nuestros gobiernos que todas coincidan? Es
la pregunta decisiva.
Mientras
tanto, el CNTPO comenzará a gastar el dinero de los contratos en agosto de
2012. Será, de nuevo, 3.000 millones de dólares.
