Los uniformados copan la agenda porteña e irrumpe una decisión del Ejecutivo, que “echó” a los jefes de ambos sectores. Igual, advierten que la crisis no cesa y que ya llegó a otras provincias.
Los uniformes beige y verdes pican en punta en todas las primeras planas porteñas y alcanzan un protagonismo aplastante en las páginas políticas. Por segunda jornada al hilo, la Prefectura Naval y ahora la Gendarmería nacional logran instalar sus reclamos salariales por los “recortes” en los haberes. Casi en simultáneo, aunque en segmentos menores, siguen con atención la otra protesta que encabezó la Armada frente al Edificio Libertad, ya que sugieren una posible extensión del clima de “crisis”.
Al volver sobre el eje central del día, todos los editores acentúan las dos decisiones del Gobierno nacional. En primer término apuntan que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aclaró que los sueldos se depositarán “sin recortes” y se les dará un “compensatorio” a los que sufrieron la “poda”. Mientras que en segundo lugar enfatizan que la ministra de Seguridad, Nilda Garré pasó a retiro a diez prefectos generales –nombró a Luis Heiler en lugar de Oscar Arce– y a diez comandantes generales de Gendarmería –designó a Enrique Alberto Zach por Héctor Bernabé Schenone–.
Clarín ubica a las protestas dentro de la extensa sección “Tema al Día”, que hoy se inicia en la página 3 y culmina en la 9 bajo el cintillo: “Conflicto en las fuerzas de seguridad”. El periodista Santiago Fioritti escribe la nota central y se detiene en la posición de los prefectos, que tuvieron un “tono más confrontativo” que en la jornada del martes.
Por su parte, La Nación aborda esta noticia en las sabanas 6, 8, 9, 10 y 11 bajo el ribete gráfico titulado: “Rebelión en las fuerzas de seguridad”. Mariano Obarrio le pone su estampa al artículo principal y expone que la presidenta Cristina Fernández “no logró frenar la rebelión” al “responsabilizar” a los jefes de las fuerzas por la “supuesta mala liquidación” de los salarios.
Carlos Burgueño anuncia en Ámbito que si se mantienen los montos que no integran el sueldo básico podría darse una situación “más que peligroso, fiscalmente hablando”, porque el dinero no está estipulado en el Presupuesto nacional 2013.
En la nota central de El Cronista, Sebastián Iñurrieta describe que “al cierre de la edición” los puentes entre los gendarmes y prefectos y las nuevas cúpulas “no había llegado a buen puerto”. El matutino desarrolla el cintillo “Tensión en las fuerzas de seguridad” entre las páginas 2 y 5.
Pese a las novedades de ayer, los editores porteños creen que el personal de seguridad no quedó satisfecho y consignan que presentó un petitorio de “siete puntos”, donde solicitan la derogación del decreto 1307/12, un piso salarial de “$ 7 mil” y mejoras en lo que se refiere al empleo en blanco, las obras sociales y las jubilaciones.
Al poner la mirada en el Gobierno nacional, afloran distintos enfoques. En Clarín, Leonardo Míndez sostiene que desde el oficialismo confían en que la nueva cúpula pueda solucionar el conflicto. Mariana Verón blanquea en La Nación que en la Casa Rosada comenzó a cobrar fuerza el “temor” por el “goteo constante de reclamos sociales” que pueden “desgastar” a la autoridad presidencial. Desde Ámbito, Pablo Ibáñez prevé que se “podría detonar un puñado de cambios” en el staff político del Ejecutivo y que Cristina Fernández reprochó a Garré y al secretario de Seguridad, Sergio Berni, “porque no le anticipan los conflictos”.
Mientras que al analizar el accionar de los prefectos y gendarmes, Clarín pone en duda la autoproclamada convocatoria “pacífica” porque describe dos hechos puntuales de “violencia”. Raúl Kollmann aclara en Página/12 –cobertura que se edita entre las páginas 2 y 8 con el cintillo “Los Jefes, afuera”– que los nuevos jefes de las fuerzas fueron “recibidos con aplausos” en el Edificio Guardacostas, y profundiza sobre el “caos salarial” porque los efectivos de mandos medios y altos recurrieron a medidas cautelares que los “beneficiaron”. En el diario salmón, Martín Torino realza: “Por primera vez los uniformados fueron protagonistas de los piquetes”. Cierra Daniel Gallo en La Nación al plantear que la “cadena de mandos” en la Prefectura y la Gendarmería está “fracturada”.
Por último Clarín edita que la agrupación cristinista “Unidos y Organizados” culpó a los medios del holding dirigido por Héctor Magnetto por “‘intentar generar un clima de desestabilización’”. Se suma Página al editar el informe del sector político, de los partidos que lo componen y de asociaciones de derechos humanos.
Se detienen en la declaración del Congreso
Todos los medios gráficos se concentran en la declaración que emitió el Congreso de la Nación, a la luz del conflicto salarial llevado adelante por la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Al respecto, editan que pidió “respetar el ‘funcionamiento democrático’”.
Marcelo Helfgot escribe en Clarín que el oficialismo “logró” aprobar el documento, que busca “repudiar en conjunto” la protestas de las fuerzas de seguridad. De todos modos sostiene que hubo nuevas “fisuras” en “la oposición”. Su colega de La Nación, Gabriel Sued, apunta un detalle similar al relatar que “buena parte” de los legisladores opositores “respaldaron” la propuesta kirchnerista, al margen de las “fuertes divisiones” en el sector. En El Cronista, Giselle Rumeau también se hace eco de la “reacción descoordinada” de “la oposición”.
Desde Página/12, Miguel Jorquera y Sebastián Abrevaya valoran la “rápida” reacción del Congreso frente a la “rebelión” y, en menor medida, especifican que en el FAP y la UCR hubo algunos legisladores disidentes. En tanto, Ámbito reconoce que luego de “varios giros”, el sector “antikirchnerista” terminó “cuestionando el modo de protesta”.
En menor medida, señalan que Mauricio Macri se pronunció “en contra de la protesta” y que Hugo Moyano “apoyó” a los uniformados (Clarín y Página).
Conflicto en las “fuerzas“: las “claves” económicas
La Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica Cosecha Roja publicó ayer un artículo en el que se exponen “las claves económicas del conflicto en Gendarmería y Prefectura”. La sanción del decreto N° 1307/12, basado en dos fallos de la Corte Suprema -Borejko de 2011 y Zannoti de 2012- y cuyo objetivo era “regular los salarios y evitar futuras presentaciones en la justicia”, fue el disparador de la protesta. Según indicó Cosecha Roja, hasta la sanción de la normativa “el 79% de los gendarmes cobraban salarios basados en medidas judiciales” mientras que en Prefectura “el 60% del personal en actividad estaba en la misma situación”. En el caso de los grados superiores, “estos promedios estaban por encima del 90%”, con salarios que podían alcanzar, en el caso de un comandante general de Gendarmería, los 93 mil pesos.
La Red difundió que, previo a la aplicación del decreto, se realizaron ejercicios de liquidación simulados ya que se “preveía que podían generarse inequidades al regular todos los salarios”. Pese a esto, fuentes consultadas por Cosecha Roja comentaron que recién con el conflicto a punto de desencadenarse las áreas de liquidación de las fuerzas comunicaron a los ministerios de Seguridad y Economía sobre la posible protesta. El reordenamiento afectó principalmente a los efectivos que cobran su salario sin medidas judiciales. Esto representa un 10% de los oficiales de Prefectura y un 5% del personal de Gendarmería. “Entre los no judicializados”, concluyó Cosecha Roja, “los perjudicados son los cuadros medios de las fuerzas, que al empezar a cobrar en blanco parte de lo que antes cobraban por una medida judicial, empezaron a pagar cargas sociales que antes no pagaban”.
El martes, cuando se inició el conflicto, la Red había señalado que la mayoría de los manifestantes eran “empleados administrativos”. Además, se indicó que el decreto eliminó adicionales y compensaciones y estableció cuatro nuevos suplementos al salario: “de responsabilidad por cargo”, “por función intermedia”, “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad” y “por mayor exigencia del servicio”. En este artículo, Cosecha Roja había anticipado que “en Prefectura los oficiales de alto rango podían ganar hasta 80 mil pesos mensuales, y en Gendarmería hasta 100 mil”.
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Analistas: entre las críticas a la “impericia” oficial y el “golpe”
Los principales columnistas de los matutinos porteños juegan un rol clave porque coinciden al analizar el impacto del reclamo salarial de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional.
El editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, considera que se trató de “otra muestra de impericia” de un Gobierno que ya conocía la “poda de salarios”, a través de un decreto que establecía un “sistema caótico”. Eduardo Van Der Kooy se posiciona en el mismo sentido que Roa al consignar que la “desobediencia” de los prefectos y gendarmes fue más “potente” que el “relato kirchnerista”, y que se desnudó así la “enorme impericia” de la gestión nacional. Además, subraya “habría que reconocer” que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, “alertó hace 60 días sobre el malestar” que se estaba “incubando” y que ante la “indiferencia” de la ministra Nilda Garré, también “amagó con su renuncia”.
En La Nación, Carlos Pagni se suma a sus colegas de Clarín porque cree que el kirchnerismo “entró a la historia grande de la impericia administrativa”. Argumenta que la “indisciplina” de los uniformados no es parte de un “imprevisto” porque Berni ya había anticipado a la Presidenta del “malestar” y agrega: “El telón de fondo de la escena es un reclamo social por mayor seguridad”. Por otro lado, cuestiona al Estado por pagarle en “negro” a los efectivos. Luis Gregorich escribe que por la “creciente inseguridad”, los uniformados deben ser retribuidos con “salarios dignos y estables”.
Mario Wainfeld, en Página/12, sugiere que hay que tener atención en los “golpistas”, que son “minoría”, y reconoce que a pesar de que el Gobierno “reaccionó rápido, reconoció el error y ofreció corregirlo de inmediato” –sin “desbordes verbales” de por medio– se observó un “estado de insurrección” entre los uniformados. Mempo Giardinelli carga puntualmente contra Clarín y La Nación porque entiende que se está sembrando un “intento de golpe”.
En El Cronista, el director periodístico Fernando González sostiene que la “aplicación arbitraria de la ley le generó a la Presidenta una crisis mayúscula e inesperada de gestión”. Asimismo, deduce que se activaron los “reflejos conspirativos” de un kirchnerismo acostumbrado “a ver fantasmas” y que el reclamo de estos dos días “poco tiene que ver” con la “movida carapintada” de fines de los ’80. La editora de “Política y Opinión”, Analía Argento, consigna: “Si todo arranca con la admisión de un error, evidentemente alguien se equivocó”.
Por último, los dos diarios más vendidos abordan este asunto mediático en sus editoriales. La Nación titula: “Fuerzas de seguridad: que prime la cordura”. Mientras tanto Clarín, que habitualmente no edita este artículo de opinión, enfatiza: “Protesta que exige un manejo responsable, sin torpes excusas”.
