El Gobierno nacional logra mantener un distinguido protagonismo por las definiciones oficiales. La Nación y Página se refieren, por primera vez, al caso de la corbeta Espora, introducido por Ámbito.
Se mantienen en la cartelera las repercusiones por la retención de la embarcación insignia de la Argentina, que se encuentra amarrada en el Puerto de Tema, en Ghana, por una disposición judicial de los “fondos buitre”. Esta vez, dos funcionarios del Gabinete nacional mantienen el asunto en lo más alto.
En primer término, subrayan que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, afirmó que su cartera fue la “responsable” del viaje al país africano por aceptar una propuesta de la Armada y que “desligó” a la Secretaria de Comercio de culpas –revés mediático para Clarín, porque el domingo 14 de octubre le había apuntado a Guillermo Moreno por la elección de la ruta africana–. Además, publican que el ministro reconoció: “‘Vamos a traer la Fragata al suelo patrio y la amarraremos a nuestro continente’”.
Mariano De Vedia escribe en La Nación que “en contraste con el silencio que mantuvo a lo largo de este mes”, Puricelli asumió las culpas y ayer por la mañana habló en dos radios, luego del arribo de los 281 marinos provenientes de Ghana. En un artículo sin firma de El Cronista, apuntan que “tuvieron que pasar tres semanas” para que el funcionario “se responsabilizara por el escándalo”.
Desde Página/12 y en un artículo sin firma, recuerdan que el diario, “desde un primer momento”, había señalado la responsabilidad de Defensa –Horacio Verbitsky, efectivamente, apuntó esa cuestión el pasado domingo 14 de octubre–. En Ámbito subrayan que Puricelli les prometió a los marinos que la situación de la nave argentina “‘estará resuelta para diciembre’”.
Con respecto a la situación de la corbeta Espora, que se encuentra en Sudáfrica por desperfectos técnicos, La Nación y Página editan que el titular de Defensa afirmó también que “‘están evaluando’” la posible acción de los fondos buitre. Ámbito, que se anota un logro mediático por anticipar la noticia hace dos días, edita un artículo de Edgardo Aguilera en el que se remarca que la tripulación de la corbeta “trabaja a destajo” para ponerla a punto y partir “lo antes posible” del muelle de Simonstown.
En segundo lugar, el canciller Héctor Timerman gana espacios en todos los matutinos porque aseguró que la Argentina recuperará la Fragata como lo hizo con los otros “28 bienes públicos” que fueron embargados por los fondos buitre desde 2003. Mariano Obarrio se sorprende en La Nación porque “casi ningún caso se conocía”. Ámbito detalla la lista completa de los “embargos” difundidos por Timerman. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, carga contra el canciller porque “siempre se creyó que era periodista” y, a pesar de ello, no conoce el mecanismo de las conferencias de prensa.
Bajo este contexto, Guido Braslavksy interpreta en el diario fundado por Noble que el Gobierno “trazó ayer una estrategia en busca de revertir la imagen derrotista de estos días”.
En menor medida, siguen concentrados en los marineros. En La Nación, publican que “lamentaron el regreso y prometieron volver”. Además, le enviada especial del diario centenario, Elisabetta Piqué, describe “La soledad de los últimos 44”. En cambio, Nicolás Wiñazky plantea que el Gobierno, a través de la Armada, le pidió a los 44 tripulantes que aún quedan en Ghana que “eviten a la prensa”.
Finalmente, y a través de un pequeño recuadro, Clarín desmiente al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, porque se podría haber trasladado a los marineros en un avión de la flota “si la cúpula hubiese decidido hacerlo”. Resurge así “el temor al embargo”. Marcelo Bonelli, en su columna “Panorama Empresarial”, se detiene en la “historia irresuelta” de la deuda en default.
Miran al Senado por los “nuevos conjueces”
Se escribe un nuevo capítulo de la “batalla” protagonizada por el Grupo Clarín y el Gobierno nacional. Esta vez, los editores ponen el acento en el Senado porque se aprobaron los pliegos de los 16 (La Nación, Página, Ámbito y El Cronista) o 17 (Clarín) conjueces enviados por el Poder Ejecutivo para los juzgados de primera instancia del fuero Civil y Comercial -justamente el número 1 deberá decidir la constitucionalidad o no de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)-. Especifican que la propuesta cosechó 39 votos afirmativos y 21 negativos.
En Clarín apuntan que el Gobierno “continúa su avanzada sobre los medios con una batería de proyectos para tratar de digitar al juez que deberá decidir” sobre la LSCA. Agrega que la UCR consideró la medida como “polémica”. A propósito, Gustavo Ybarra explica en La Nación que se aprobó la lista “en medio de las acusaciones de irregularidades en el trámite legislativo, de falta de idoneidad de los candidatos de y de presiones a la Justicia”. Adrián Ventura registra en el diario centenario que “se violó lo que dijo la Corte en 2007, en el caso Rosza”, ya que para la elección de los conjueces deben intervenir el Consejo de la Magistratura (Poder Judicial) –que “se salteó”–, el Poder Ejecutivo y el Senado. El Cronista se suma y cree que la Rosada “profundizó su estrategia para que la Justicia finalmente avale la aplicación plena” de la ley de medios.
Sebastián Abrevaya profundiza en Página/12 sobre el “cruce” entre los legisladores oficialistas y de “la oposición”. Ámbito agrega que para los senadores no alineados al oficialismo se aprobó una lista de conjueces “‘adictos al Gobierno’”.
Vuelven a posar la mirada en el Consejo de la Magistratura
En soledad, El Cronista había anticipado ayer que en el Consejo de la Magistratura se celebraría una reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación para indagar a “nueve” jueces del fuero Civil y Comercial. Hoy, el tema impacta en lo más alto de Página/12, porque los ocho magistrados que declararon “dejaron en evidencia que el sorteo manual que se utilizó para designa un subrogante fijo para dictar sentencias en el juzgado donde tramita el expediente de la ley de medios no se corresponde con el procedimiento habitual de sorteo informático, causa por causa, que se venía utilizando”.
Irina Hauser firma la nota central del matutino, que se titula: “Quedó claro que el sorteo manual fue anormal”. Al entrar en detalles, describe que los jueces que se presentaron en la Magistratura declararon como “testigos” de la investigación “con miras al juicio político del camarista y consejero Ricardo Recondo”. Explica que el Gobierno nacional denunció al juez por “designar a dedo” a un subrogante que pueda “beneficiar” al Grupo Clarín –por el caso de Raúl Tettamanti en el Juzgado número 1–.
Pero el panorama cambia al despegar la mirada de Página. En un artículo sin firma, Clarín prevé que la declaraciones de los ocho jueces “no tiene precedentes” y cree que el interrogatorio se hizo “bajo presión”. Ámbito añade que el oficialismo “no avanzó” en la investigación contra Recondo.
Paz Rodríguez Niell subraya en La Nación que el “caso Clarín” volvió a monopolizar el temario del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo “reforzó sus denuncias” contra la Cámara Civil y Comercial Federal. A diferencia de sus colegas, informa que “siete” magistrados se pronunciaron ayer. El diario centenario difiere de Página y edita que los jueces aseguraron que los casos del fuero se reparten por “sorteo informático” y no de forma manual.
Por otro lado, Nicolás Lantos registra que el Gobierno denunció que el multimedio dirigido por Héctor Magnetto “le obsequió” al vocal Francisco Horacio de las Carreras un viaje a Miami “en la primera quincena de mayo”. Agrega que se pidió la recusación del camarista. Ámbito se acopla a través de un pequeño recuadro que se edita en la página 11.
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