Por alguna razón los periodistas se han centrado en aspectos formales de la protesta de los escolares chilenos. La ocupación de los colegios por parte de sus propios estudiantes se ha convertido en un tema de reportajes, análisis y opiniones en profundidad. El cómo y dónde y cuando ha encabezado las notas periodísticas en la televisión, los periódicos y las radios en el país. No obstante el qué, por qué y para qué, las preguntas que completan las interrogantes que un periodista debe responder, de acuerdo a la academia, han desaparecido abruptamente.
La ocupación de los colegios ha sucedido a un año y medio de movilizaciones en demanda de un fortalecimiento de la educación pública chilena. Los estudiantes aspiran a una importante inyección de recursos y el retorno de los colegios públicos a la tuición del Ministerio de Educación, actualmente bajo administración de los municipios (distritos). La educación muncipalizada traduce en forma mecánica el esquema municipio pobre igual educación pobre, se trató de una reforma de la dictadura de Augusto Pinochet, adoptada sin modificaciones por los gobiernos socialdemócratas de transición.
Los estudiantes también exigen el término de los subsidios estatales a la educación privada con fines de lucro, abogando por el término de un sistema basado en fondos públicos y centrado en la obtención de utilidades a privados y no en el desarrollo educativo de la mayoría de la población.
Los universitarios en tanto aspiran a que se cumpla la ley que prohíbe la obtención de utilidades por parte de las universidades privadas chilenas, un sistema burlado por sociedades espejo que permiten que por ejemplo una casa de estudios superiores arriende sus dependencias a una inmobiliaria de propiedad de los dueños de la universidad. Un sistema que además recibe recursos estatales vía subsidios a créditos y becas. Mientras las universidades públicas deben comenzar a generar sistemas de competencia comercial ante la baja cantidad de recursos provenientes desde el Estado, trasladando muchas veces a los estudiantes y sus familias el costo de las carreras universitarias, para paliar el déficit.
En suma los estudiantes chilenos abogan por modificaciones a lo que el experto en educación, el académico Mario Waissbluth, ha definido como el sistema educativo más segregado del mundo.
Los sondeos consistentemente han reflejado un abrumador respaldo de la población a una educación pública y de calidad.
No obstante la mayor parte de los medios ha escogido centrarse en las “tomas”, de modo que las preguntas dirigidas a los estudiantes son invariablemente si es la forma adecuada, si son conscientes de la pérdida de otro año escolar, si es una forma de violencia. Al tiempo que las preguntas dirigidas al autoridad son siempre respecto a la orden de desalojo, a cómo se abordarán los actos vandálicos, la radicalización de los estudiantes. El periodista Iván Valenzuela, conductor de noticias de la radio Cooperativa, un medio de centro izquierda de gran cobertura, entrevistó el lunes pasado al rector del emblemático Instituto Nacional, en una diálogo donde las interrogantes respecto a cómo es que los estudiantes no reciben ninguna sanción por ocupar un colegio, ocupó toda la entrevista.
Los noticiarios de televisión también dedican amplios espacios y entrevistas “al fenómeno de las ocupaciones de colegios”, como se afirmó seriamente.
Pero el esfuerzo de intoxicación informativa ya rinde sus frutos de acuerdo a una encuesta difundida esta semana, el movimiento estudiantil ha bajado en su popularidad entre la opinión pública, que lo asocia a hechos violentos, por cierto en el mismo sondeo la población respalda abrumadoramente sus planteamientos, un esquizofrenia no del todo inusual.
En Estados Unidos, es corriente que los ciudadanos consideren que los trabajadores tienen escaso poder en la toma de decisiones sobre el destino de sus vidas y del país, pero en el mismo estudio afirman mayoritariamente que los sindicatos tienen excesivo poder. El resultado de años de adoctrinamiento.
Tal clima intelectual posibilita que el Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, señale que el gobierno "ha empleado la fuerza policial con excesiva prudencia, con excesiva condescendencia”, contra los mapuches sólo un par de días antes que la justicia decidiera revocar un fallo condenatorio contra el policía que mató al joven mapuche Jaime Mendoza, recogiendo la tesis de la defensa respecto a una eventual legítima defensa. Mendoza murió por disparos por la espalda.
La resolución judicial coincidió con otro que condenó a Paulino Levipán y Daniel Levinao, de 19 y 18 años, a 10 años de cárcel, por un enfrentamiento con Fuerzas Especiales de Carabineros en el que los únicos heridos fueron los dos jóvenes mapuche. Difícilmente los chilenos lleguen a saber de tamaña desproporción. Los periodistas han renunciado a las noticias.
Roberto Manríquez
*Periodista chileno: robertomanriquez@hotmail.com
