Cerca de 40 mineros huelguistas sudafricanos de la empresa británica Lanmin fueron brutalmente asesinados por la policía mientras que otros 70 resultaron heridos y, además, 259 personas fueron detenidas. La masacre, perpetrada el jueves 16/8, se dio en el marco de una dura huelga por aumento de salarios que vienen sosteniendo más de 3000 obreros operadores de taladros mineros desde el 10/8. Armados hasta los dientes con armas largas de guerra, unos 500 policías perpetraron la sangrienta matanza montando una artera y cobarde emboscada.
Los diarios publicaron en primera plana las fotos de los cadáveres regados por el suelo, rodeados de policías que seguían apuntándoles con ametralladoras, escopetas y pistolas. Es la primera vez desde el fin del régimen del Apartheid en 1994 que se vive la matanza en grupo de sectores de la población negra. La gravedad de los hechos generó una importante crisis política al gobierno de Jacob Zuma, del partido Congreso Nacional Africano (CNA), que se vio obligado a decretar una semana de luto en todo el país.
Al día siguiente, las valientes mujeres de los mineros realizaban una movilización, haciendo frente a los cobardes policías asesinos en reclamo de justicia. Días después seguían exigiendo conocer el paradero de varios de sus esposos. La crisis es tal que el domingo 19/8 el ex dirigente juvenil del CNA, Julius Malema, de gran prestigio entre la juventud negra, denunció la represión en un acto realizado en el lugar de la matanza, se solidarizó con los mineros que lo vitorearon y exigió la renuncia de Zuma y la nacionalización de la mina. Esta crisis surge en medio de los preparativos de la Convención Nacional del CNA, que en diciembre tendrá que definir el próximo candidato a presidente.
El mismo 19/8 la empresa envió telegramas intimando a los obreros a volver al trabajo bajo amenaza de ser despedidos. Pero la compañía, blanco de críticas por su respuesta ante los trabajadores en huelga, se vio obligada a retroceder, y su presidente tuvo que retirar la amenaza de despido. Los trabajadores no se dejaron amedrentar y siguen en huelga. Grandes negocios imperialistas, miseria obrera y popular La mina produce platino y está ubicada en Marikana, 100 kilómetros al norte de Johannesburgo, la ciudad más poblada y con mayor concentración obrera de Sudáfrica. Pertenece a la multinacional inglesa Lonmin, que es la tercera productora mundial de ese metal y emplea unos 28.000 obreros (de un total de medio millón de mineros en todo el país). Sudáfrica es parte a nivel mundial de las “economías emergentes”, los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pero su crecimiento económico está basado en aumento de las exportaciones mineras y no en un desarrollo industrial. La política del CNA ha sido sostener el crecimiento en base a políticas neoliberales y a la exportación de minerales, garantizando a las grandes mineras la imposición de bajos salarios y condiciones laborales precarias.
Sudáfrica tiene la mayor reserva mundial de platino y es el principal exportador, uno de los mayores productores de oro y carbón, y el mayor productor de diamantes. Una fenomenal explotación de recursos en manos de las multinacionales imperialistas, que va de la mano de un mayor empobrecimiento de las masas y aumento de las desigualdades. Sudáfrica tiene uno de los mayores índices de “desigualdad social” entre blancos y negros, e incluso entre una casta burocrática de funcionarios negra, desarrollada alrededor del CNA.
La huelga de los mineros de Marikana es una respuesta obrera a las consecuencias de la crisis internacional con epicentro en Europa (principal socio comercial de Sudáfrica), que actualmente está afectando esta economía, que ya tiene un 30% de desocupación, por la caída del precio del platino y el encarecimiento del crédito externo. Pocos días después de la masacre en Marikana, ha estallado otra huelga en la minera Bafokeng Rasimone Platinum, mostrando la explosividad de estos sectores obreros superexplotados, que cobran los salarios más bajos de Sudáfrica y viven hacinados en chozas al lado de la mina.
La huelga de los mineros de Marikana es una respuesta obrera a las consecuencias de la crisis internacional con epicentro en Europa (principal socio comercial de Sudáfrica), que actualmente está afectando esta economía, que ya tiene un 30% de desocupación, por la caída del precio del platino y el encarecimiento del crédito externo. Pocos días después de la masacre en Marikana, ha estallado otra huelga en la minera Bafokeng Rasimone Platinum, mostrando la explosividad de estos sectores obreros superexplotados, que cobran los salarios más bajos de Sudáfrica y viven hacinados en chozas al lado de la mina.
Gran lucha y activismo obrero
La huelga es durísima porque la burocracia del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, en inglés), aliada al gobierno, viene intentando quebrar la lucha con distintos métodos, incluyendo el envío de matones. El activismo, que cuenta con más de 3000 obreros sosteniendo la concentración en la mina, se nuclea en la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU, en inglés). El AMCU es una ruptura de la NUM, uno de los principales sindicatos de la central obrera nacional COSATU, también en manos de la burocracia oficialista. La huelga fue declarada ilegal por el gobierno, y en los días previos a la masacre del jueves se habían producido algunos enfrentamientos contra guardias de seguridad, matones de la burocracia y policías, dejando un saldo de 10 muertos. Así, la huelga está mostrando no sólo la disposición a la lucha contra la patronal por las reivindicaciones económicas, sino también la tendencia a una ruptura más profunda de miles de obreros con sus direcciones sindicales burocráticas. En el sector minero, la burocracia parece conservar sólo un tercio del apoyo de las bases, mientras que otro tercio estaría con la AMCU y el resto con ninguno de los dos.
Las declaraciones del líder de la COSATU, que llamó a la unidad del movimiento obrero, parece mostrar que este proceso no está limitado sólo a la minería sino que se extiende a otros sectores del movimiento obrero sudafricano. Ya en 2010, cuando los dirigentes levantaron la gran huelga de trabajadores estatales, habían sido abucheados por sus bases. En enero de 2012, los obreros de la minera de platino Impala llevaron adelante una histórica huelga ante el despido de 5.000 trabajadores. 17.000 mineros sostuvieron la huelga sin el apoyo del sindicato NUN y pese a ser declarada ilegal por el gobierno.
Los activistas de la AMCU denunciaron que los matones de la burocracia están trabajando abiertamente con la policía y seguridad privada para amedrentar a los trabajadores. Tras la represión, los dirigentes de la NUM y COSATU mostraron un rol aún más antiobrero, justificando de hecho la masacre al repetir el discurso de la policía de que los manifestantes estaban armados y de que hubo disparos de ambos lados.
Esta gran lucha minera y el surgimiento de sectores sindicales más combativos que rompen con la dirección de la COSATU reflejan un creciente descontento obrero y popular con el gobierno del Consejo Nacional Africano (CNA). Este partido-movimiento, junto al Partido Comunista y la COSATU, gobiernan Sudáfrica en una alianza tripartita desde el ’94, luego de ganar las elecciones la primera vez que la población negra pudo votar. Millones de trabajadores y sectores pobres urbanos lo veían como el gobierno que les permitió conquistar derechos civiles y democráticos y despertaba la ilusión de mejorar su nivel de vida. El ANC, fundado en el año 1912 con el objetivo de formar un estado nacional-democrático que incluyera a blancos y negros, creció exponencialmente en los años ’50 por su rol en las luchas contra el régimen del Apartheid, convirtiéndose en la dirección histórica de la lucha de las masas sudafricanas por su liberación del régimen separatista, con la figura emblemática de su dirigente Nelson Mandela.
El régimen del Apartheid
El Apartheid (que significa “separación” en afrikan - la lengua de la minoría blanca) rigió desde 1948 y estaba basado en considerar a los negros como raza inferior que no debía mezclarse con la blanca. Las masas negras estaban destinadas solamente a ser mano de obra barata, sin derechos laborales básicos (como el derecho a sindicalizarse ni agruparse, y no tenían acceso a los trabajos cualificados o mejor pagos), para la burguesía blanca y los monopolios imperialistas. No tenían siquiera los mínimos derechos que existen en un país capitalista, incluso con regímenes dictatoriales, de ser considerados ciudadanos. De la mano del imperialismo inglés y norteamericano, la minoría blanca segregaba a los negros de todos los ámbitos de la sociedad: no podían votar, tenían que vivir en barrios alejados de los blancos, viajar en autobuses especiales, no podían utilizar los mismos baños y los niños negros no podían asistir a las mismas escuelas. No se les permitía viajar libremente por el país, debían hacer filas distintas, estaba legalmente establecido que un negro cobrara menos que un blanco por hacer el mismo trabajo, no podían usar las mismas playas ni edificios públicos (como escuelas), los programas de estudio para negros eran inferiores a los de los blancos y las relaciones sexuales y el matrimonio entre personas negras y blancas estaban prohibidos por ley.
Rebelión de las masas y transición pactada con el CNA
Las masas negras que venían luchando heroicamente contra esta ignominiosa opresión racista de los blancos y el imperialismo fueron víctimas de grandes masacres como la de Sharpeville en 1960 o la de Soweto en 1976. A fines de los ‘80 esta lucha venía en claro ascenso, amenazando con transformarse en una abierta revolución obrera y popular. Para evitar esta perspectiva, el imperialismo y la minoría blanca en el poder pusieron en marcha una transición ordenada y negociada con el CNA. Esta dirección, que había encabezado la lucha anti-Apartheid y fue, junto al PC, la mediación reformista entre las masas y el régimen, pactó esta salida, con Mandela a la cabeza, garantizando que no se tocasen los intereses económicos de los blancos y el imperialismo, así como la impunidad por los crímenes cometidos contra los negros, que se garantizó con la Comisión de la Verdad (ver aparte).
El proceso para desmontar el ascenso duró varios años: desde 1989, cuando Federik De Klerk comenzó el desmantelamiento del régimen, hasta 1994, cuando asume Mandela. El fin del Apartheid y la obtención de los derechos civiles para las masas negras son por lo tanto una concesión que se vieron obligados a hacer la minoría blanca opresora y el imperialismo, ante el riesgo de perderlo todo frente a las masas negras. Aceptaron el sistema de “una persona un voto” que llevaría a un gobierno negro, mientras que el CNA y el Partido Comunista imponían una política de "reconciliación nacional" para frenar la movilización de las masas. Esto se dio en el marco, además, de que el Apartheid ya era insostenible por otros factores, como la derrota de Sudáfrica en la guerra de Angola y la presión internacional contra el Apartheid que había llevado a que el imperialismo pusiera en marcha las negociaciones. El CNA, que fue legalizado en 1990, con el apoyo del PC, fue el que permitió que este plan se llevara a cabo, aceptando las condiciones de la burguesía blanca y el imperialismo. Junto a la COSATU y el PC, formaron la “alianza tripartita” con Nelson Mandela (liberado en 1990 tras 27 años en prisión) a la cabeza. Se transformó así en el garante de la estabilidad capitalista y en el aplicador de los planes neoliberales de ajuste y privatizaciones, sobre todo a partir de los gobiernos de Mbeki y su “Plan de Crecimiento, Empleo y Redistribución” (GEAR, por sus siglas en inglés), lo que desató la resistencia obrera y popular y abrió crisis recurrentes en la “alianza”. El actual gobierno de Jacobo Zuma, también del CNA, llegó en medio de la crisis económica internacional de 2008/2009. Los capitalistas realizaron cientos de miles de despidos con el visto bueno del gobierno, que siguió la política neoliberal de su antecesor. Hubo una dura resistencia obrera y popular en 2009 y 2010. Se produjo la gran huelga de la construcción (que paralizó las obras en los estadios para el mundial de fútbol) y la electricidad en 2009, la de los trabajadores estatales en 2010 por aumentos salariales, y las movilizaciones contra la pobreza y por la falta de infraestructura en los antiguos guetos del Apartheid, que son enormes villas miseria donde las paupérrimas condiciones de vida se mantienen intactas. La mayor parte de estas protestas y movilizaciones, que constituyeron verdaderas crisis políticas para el gobierno de Zuma, fueron reprimidas fuertemente por la policía, dejando muchos manifestantes muertos. Esta ola de huelgas y conflictos fueron convocadas y dirigidas por la central obrera nacional, COSATU, y sus sindicatos, que pese a estar dirigida por burócratas afiliados al oficialista CNA debió ponerse a la cabeza del descontento social para que éste no se saliera de cause.
El poder económico sigue en manos del imperialismo y de la élite capitalista blanca
Hoy, después de 18 años de gobierno del CNA, queda demostrado que la conquista de los derechos civiles y hasta de un gobierno negro, no resolvió ninguno de los problemas democráticos profundos, estructurales ni sociales más acuciantes de las mayorías laboriosas. El resultado de la transición pactada fue que el imperialismo y sus monopolios sigan con sus grandes negocios, explotando a los trabajadores negros y expoliando los recursos naturales. La burguesía blanca mantuvo sus posiciones económicas, como las grandes tierras cultivables, entre otras. De esta manera, los derechos civiles y la legalidad de los sindicatos y partidos negros, se vuelven formales para las grandes masas negras. Incluso el ex dirigente juvenil, Julius Malema, guiado por el interés de posicionarse mejor en la interna del CNA, declaró que “nos dieron la democracia pero ninguna conquista social”.
La masacre de Marikana es una trágica muestra de esto. Los guetos siguen existiendo en tanto barrios muy precarios y marginales, casi sin agua ni luz eléctrica, sin gas ni cloacas eficientes. La basura debe ser quemada por los propios habitantes porque no hay servicio de recolección. La pobreza incluso aumentó con respecto a décadas anteriores, afectando a más de la mitad de la población, lo mismo que la desocupación, que llega a casi el 30% (y al 50% entre los jóvenes). Las condiciones de trabajo precario se mantienen de la mano de la tercerización masiva que se impulsa desde el mismo gobierno. La epidemia del SIDA afecta a una de cada siete personas en el país y la expectativa de vida apenas supera los 50 años. Este “Apartheid social y económico”, es producto de que se ha mantenido intacta la estructura capitalista semicolonial del país, e incluso del desarrollo de una pequeña y nueva élite y burguesía negra que avanzó en una mayor entrega al capital internacional.
La necesidad de la revolución obrera y socialista
El caso sudafricano nuevamente muestra que las demandas democráticas estructurales como la independencia del imperialismo y el reparto de la tierra entre los campesinos pobres, sólo pueden resolverse de forma íntegra y efectiva contra la burguesía nativa y extranjera, imponiendo con la lucha el poder obrero y popular. Una revolución obrera y socialista es la única que puede significar una salida real a las penurias de las masas. Sólo un gobierno obrero y campesino basado en sus organismos de lucha puede acabar con la estructura de clase capitalista, nacionalizando los monopolios extranjeros, estatizando las grandes empresas de la burguesía blanca y la nueva élite negra, llevando a cabo una amplia reforma agraria, y poniendo todos estos resortes fundamentales de la economía bajo administración y control de sus trabajadores, para satisfacer las necesidades sociales más elementales de la población: vivienda, salud y educación. El desarrollo de los organismos de lucha como verdaderos parlamentos obreros (soviets) es el único camino para que las masas tomen en sus manos el destino del país. Para avanzar en este camino, los trabajadores sudafricanos que han dado sobradas muestras de combatividad y heroísmo, deberán romper definitivamente con el CNA y sacarse de encima a la burocracia sindical traidora para emprender el camino de la revolución social.
¿Qué fue la Comisión para la Verdad y la Reconciliación?
La Comisión para la Verdad fue un organismo oficial creado por el gobierno de Sudáfrica para la reconciliación social al fin del Apartheid, entre la élite blanca asesina y los trabajadores y el pueblo mayoritariamente negros que fueron sojuzgados y segregados durante décadas. Se basó en la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, de 1995, un año después de la asunción del presidente Nelson Mandela. Fue encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien planteó el lema: "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón", es decir que los asesinos del pueblo podían confesar sus crímenes y si se arrepentían lograban la impunidad por sus actos. Aquellos que hubieran confesado totalmente, con detalles, y mostrado un sincero arrepentimiento, podían beneficiarse de una amnistía. Solamente los que se negasen a reconocer los crímenes cometidos serían entregados a la justicia.
Esta impunidad para los crímenes del Apartheid fue una pieza clave en la transición pactada que negoció el CNA y sus socios del PC y la COSATU con la minoría racista blanca y el imperialismo.
Sólo se juzgarían los casos más “extremos” dejando un sinfín de asesinos y torturadores impunes. Por último, la comisión igualaba las grandes violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen con las acciones de aquellos que lo habían combatido, como fueron los grupos armados que enfrentaron por esa vía al régimen. Una teoría de “los dos demonios” que bien conocemos en muchos otros países.
Diego Dalai
PTS, Argentina
Fuente: http://www.pts.org.ar/spip.php?article21109
