WikiLeaks es una organización internacional sin fines de lucro, que hace público a través de la web –preservando el anonimato de sus fuentes– informes anónimos y documentos filtrados cuyo contenido es sensible en materia de interés público. En días pasados, el gobierno ecuatoriano ratificó su compromiso con los derechos humanos luego de otorgar el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de esa organización.
En su momento, WikiLeaks reveló el desprecio con el que ciertos diplomáticos trataban a países y líderes no alineados con los intereses de Washington. Los cables publicados dejaron ver una posición poco respetuosa con determinados procesos políticos, pero sobre todo puso en evidencia las intromisiones en asuntos internos de otros estados.
Esta sorpresiva información –que se filtró y difundió mundialmente a través de la web– disparó una respuesta automática de persecución política a Julian Assange, quien terminó solicitando asilo en la Embajada del Ecuador en Londres.
El año pasado tuve la oportunidad de visitar Londres para participar en varios actos académicos. Hay que reconocer que la capital inglesa es una ciudad vibrante, con una gran oferta cultural –recordemos que es la capital mundial del rock– y además uno de los principales centros europeos del pensamiento y la actividad académica.
En esa ocasión de mi visita Fidel Narváez (cónsul ecuatoriano en Londres) me comentó sobre el caso de un juicio que fue planteado contra la BBC. En un documental producido y dirigido por Greg Palast, que fue transmitido en noviembre del año 2007 en el programa Newsnight –el mayor noticiero de la televisión británica– la BBC afirmaba que el presidente venezolano Hugo Chávez había entregado al presidente Rafael Correa un cuarto de billón de dólares, con la supuesta intención de que el gobierno del Ecuador enfrentara a George W. Bush y, al mismo tiempo, lograra expulsar a la compañía Occidental Petroleum que operaba en la Amazonía.
En este documental se ridiculizaba a los pueblos indígenas amazónicos y se presentaba, al mismo tiempo, a la compañía Chevron-Texaco rodeada de una imagen de inocencia respecto al problema ambiental y social que había provocado en el país.
El Cónsul Javier Narváez interpuso la queja formal contra la BBC y desafió a demostrar las afirmaciones hechas en el referido programa.
El proceso –que duró alrededor de un año y requirió la contratación de internacionalistas de las universidades de Cambridge y de Oxford expertos en el Ecuador– comprobó la falsedad de las aseveraciones de Palast. La BBC no tuvo más remedio que retractarse y admitir que había desinformado a la población. Sin embargo, no lo hizo usando la misma vía en la que había difundido esa falsa información, sino que simplemente exhibió un texto de referencia colgándolo en su página web.
El proceso –que duró alrededor de un año y requirió la contratación de internacionalistas de las universidades de Cambridge y de Oxford expertos en el Ecuador– comprobó la falsedad de las aseveraciones de Palast. La BBC no tuvo más remedio que retractarse y admitir que había desinformado a la población. Sin embargo, no lo hizo usando la misma vía en la que había difundido esa falsa información, sino que simplemente exhibió un texto de referencia colgándolo en su página web.
Ahora Londres, luego de ser el gran escenario de las olimpiadas mundiales, es el epicentro de la gran ira imperial. Un día antes de la decisión ecuatoriana, el gobierno inglés envío una carta grosera y amenazante, en la que se afirmaba que estaba en el derecho de entrar por la fuerza en la embajada del Ecuador. Con este propósito, sustentó esa posición citando una ley británica de carácter interno, la “Diplomatic and Consular Premises Act”, de 1987, y afirmó también que no concedería el salvoconducto a Assange para salir de Inglaterra.
Debemos tener total claridad sobre este principio: una ley interna –sea británica, ecuatoriana o de cualquier otro país– no está por sobre el derecho internacional. Un Estado-cliente jamás habría concedido asilo político a Julian Assange.
Quienes hoy critican la decisión soberana tomada por el gobierno ecuatoriano son unos cuantos voceros caducos de los poderes fácticos que han vivido acostumbrados a doblar la cerviz frente a cualquier imposición venida del norte.
Quienes hoy critican la decisión soberana tomada por el gobierno ecuatoriano son unos cuantos voceros caducos de los poderes fácticos que han vivido acostumbrados a doblar la cerviz frente a cualquier imposición venida del norte.
