.jpg)
Personas sagradas
y procesos inacabados
La decimocuarta enmienda posterior a la Guerra Civil garantizaba derechos como personas a los antiguos esclavos, aunque la mayoría en teoría. Al mismo tiempo, creaba una nueva categoría de personas con derechos: las grandes empresas. De hecho, casi todos los casos que han terminado en los tribunales relativos a la decimocuarta enmienda tenían que ver con derechos empresariales, y para hace un siglo, ya habían determinado que estas ficciones legales colectivistas, establecidas y sustentadas por el poder del Estado, poseían plenos derechos, como las personas de carne y hueso; en realidad, derechos bastante mayores, merced a sus dimensiones, inmortalidad y protecciones de responsabilidad limitada. De acuerdo con los "acuerdos de libre comercio", [la multinacional minera] Pacific Rim puede, por ejemplo, demandar a El Salvador por intentar proteger el medio ambiente; los individuos no pueden hacer tal cosa. General Motors puede reclamar derechos nacionales en México. No hay necesidad de preocuparse por lo que pasaría si un mexicano exigiera derechos nacionales en los Estados Unidos.
En el plano interno, los recientes dictámenes del Tribunal Supremo incrementan el enorme poder político de las grandes empresas y los superricos, golpeando con mayor fuerza aún los vacilantes vestigios de una democracia política operativa.
Mientras tanto, la Carta Magna sufre ataques más directos. Recordemos la Ley de Habeas Corpus de 1679, que prohibía la "prisión en ultramar", y desde luego el procedimiento bastante más despiadado de prisión en el extranjero con el fin de torturar: lo que hoy se llama más educadamente "entrega", como cuando Tony Blair entregó al disidente libio Abdel Hakim Belhaj, hoy dirigente de la rebelión, a la misericordia del Coronel Gadafi; o cuando las autoridades norteamericanas deportaron al ciudadano canadiense Maher Arar a su Siria natal para ser encarcelado y torturado, reconociendo sólo posteriormente que no había caso en su contra. Y muchos otros, a menudo a través del aeropuerto de Shannon, lo que provocó valerosas protestas en Irlanda.
El concepto del debido proceso se ha ampliado con la campaña internacional de asesinatos de la administración de Barack Obama, de tal modo que vuelve nulo y vacuo este elemento central de la Carta de Libertades (y de la Constitución). El Departamento de Justicia explicó que la garantía constitucional del debido proceso, que se remonta a la Carta Magna, queda ahora satisfecha únicamente con las deliberaciones internas del brazo ejecutivo. El abogado constitucional de la Casa Blanca se mostró de acuerdo. El rey Juan Sin Tierra [al que se obligó a firmar la Carta Magna] habría asentido con satisfacción.
La cuestión se suscitó después del asesinato, ordenado por el presidente mediante aviones no tripulados, de Anuar al-Awlaki, acusado de incitar a la yijad de palabra y por escrito y de acciones sin determinar. Un titular del New York Times captó la reacción general de la élite cuando fue asesinado en un ataque con aviones no tripulados junto a los habituales daños colaterales. Rezaba: "Occidente celebra la muerte de un clérigo". Algunos levantaron las cejas, pues se trataba de un ciudadano norteamericano, lo que suscitaba preguntas sobre el debido proceso…que se consideran irrelevantes cuando se asesina a los no-ciudadanos al antojo del jefe ejecutivo. E irrelevante, también, de acuerdo con las innovaciones legales sobre el debido proceso en la administración de Obama.
A la presunción de inocencia también se le ha dado una nueva y útil interpretación. Tal como informaba el New York Times: "Obama adoptó un método discutido para contar las bajas civiles de modo que no se pillara los dedos. Cuenta en efecto como combatientes a todos los varones en edad militar en la zona del ataque, de acuerdo con diversos funcionarios de la administración, a menos que existan datos de inteligencia que de forma póstuma demuestren que se trata de inocentes". De modo que la determinación de inocencia posterior al asesinato mantiene el sagrado principio de la presunción de inocencia.
Sería descortés recordar las convenciones de Ginebra, cimientos de la moderna ley humanitaria: prohiben "llevar a cabo ejecuciones sin juicio previo pronunciado por un tribunal regularmente constituido, que permita todas las garantías judiciales que se reconocen como indispensables por los pueblos civilizados".
El caso célebre más reciente de asesinato ejecutivo fue el de Osama Bin Laden, asesinado tras haber sido detenido por 79 comandos de la marina (Navy Seals) indefenso, acompañado tan sólo de su esposa, y con su cuerpo arrojado al mar sin autopsia. Se piense lo que se piense de él, era un sospechoso y nada más que un sospechoso. Hasta el FBI concuerda en esto.
La celebración fue en este caso abrumadora, pero se suscitaron unas cuantas preguntas acerca del desabrido rechazo del principio de presunción de inocencia, sobre todo cuando un juicio era apenas imposible. Fueron objeto de dura condena. La más interesante fue la de Matthew Yglesias, respetado comentarista político liberal de izquierda, que explicaba que "una de las principales funciones del orden institucional internacional consiste precisamente en legitimar el uso de una fuerza militar mortífera por parte de las potencias occidentales", de manera que resulta "asombrosamente ingenuo" sugerir que los EE.UU. tengan que obedecer el Derecho Internacional u otras condiciones que rectamente exigimos a los más débiles.
Sólo pueden elevarse objeciones tácticas a la agresión, el asesinato, la ciberguerra u otras acciones que el Santo Estado lleva a cabo al servicio de la humanidad. Si las víctimas tradicionales ven las cosas de modo un tanto diferente, eso simplemente revela su atraso moral e intelectual. Y al ocasional crítico occidental que no llega a comprender estas verdades fundamentales se le puede desestimar por "tonto", explica Yglesias, refiriéndose, por cierto, a mí, y yo confieso alegremente mi culpa.
Listado ejecutivo de terroristas
Acaso el ataque más llamativo a los cimientos de las libertades tradicionales sea un caso poco conocido que llevó al Tribunal Supremo la administración Obama, Holder contra el Proyecto de Derecho Humanitario [Humanitarian Law Project]. Se condenó al Proyecto por suministrar "asistencia material" a la organización guerrillera del PKK, que ha luchado durante muchos años por los derechos de los kurdos en Turquía y figura en la lista de grupos terroristas del Ejecutivo estatal. La "asistencia material" consistió en asesoría legal. La redacción de la sentencia parecería aplicarse de forma muy amplia, por ejemplo, a debates y peticiones de investigación, incluso a aconsejar al PKK ceñirse a medios no violentos. Nuevamente existía un espacio marginal de crítica, pero hasta éste aceptaba la legitimidad del listado terrorista del Estado: decisiones arbitrarias del Ejecutivo, sin recurso.
El historial del listado de terroristas guarda cierto interés. Así, por ejemplo, en 1988 la administración de Reagan declaró que el Congreso Nacional Africano era uno de los "grupos terroristas más destacados" del mundo, a fin de que Reagan pudiera mantener su apoyo al régimen del apartheid y su depredación asesina de Sudáfrica y los países vecinos como parte de su "guerra contra el terror". Veinte años después, salió finalmente del listado de terroristas y hoy puede viajar a los EE. UU. sin ir provisto de una dispensa especial.
Otro caso interesante es el de Sadam Husein, eliminado de la lista de terroristas en 1982 para que la administración Reagan pudiera proporcionarle apoyo para su invasión de Irán. Dicho apoyo continuó bastante después de que concluyera la guerra. En 1989, el presidente Bush llegó incluso a invitar a ingenieros nucleares iraquíes a los EE.UU. para su formación avanzada en producción de armamento, otra información que hay que apartar de los ojos de los "intrusos entrometidos e ignorantes".
Uno de los ejemplos más feos del uso del listado de terroristas guarda relación con el torturado pueblo de Somalia. Inmediatamente después del 11 de septiembre, los EE.UU. clausuraron la red organizativa benéfica somalí Al-Barakaat sobre la base de que financiaba el terrorismo. Este logro fue saludado como uno de los grandes éxitos de la "guerra contra el terror". Por contraste, la retirada un año después de los cargos como carentes de fundamento por parte de Washington despertó poco interés.
Al-Barakaat era responsible de cerca de la mitad de los 500 millones de dólares de remesas a Somalia, "más de lo que obtiene de cualquiera de los sectores económicos y diez veces la cantidad de ayuda exterior que recibe [Somalia]", según determinó un examen de las Naciones Unidas. La organización benéfica gestionaba también negocios de importancia en Somalia, todos ellos destruidos. El más destacado especialista académica de la "guerra financiera contra el terror", Ibrahim Warde, concluye que aparte de destrozar la economía, este frívolo ataque contra una sociedad muy frágil "puede haber desempeñado su papel en el ascenso de... los fundamentalistas islámicos", otra consecuencia familiar de la "guerra contra el terror".
La idea misma de que sea el Estado quien deba gozar de la autoridad para emitir tales juicios es una grave ofensa a la Carta de las Libertades, como lo es el hecho de que se considere indiscutible. Si la caída en desgracia de la Carta sigue la senda de estos últimos años, el futuro de los derechos y libertades se presenta obscuro.
¿Quién reirá el último?
Unas cuantas palabras finales sobre el destino de la Carta del Bosque. Su meta consistía en proteger la fuente de sustento de la población, los bienes comunales, de poderes externos: en los primeros tiempos, de la realeza; con los años, los cercamientos y otras formas de privatización por parte de grandes empresas predadoras y de las autoridades del Estado que cooperan con ellas no han hecho más que acelerarse y se recompensan adecuadamente. Los daños son muy amplios.
Si escuchamos hoy las voces del sur podemos llegar a saber que "la conversión de los bienes públicos en propiedad privada mediante la privatización de un entorno, el nuestro, gestionado si no de manera común, es un modo mediante el cual las instituciones neoliberales eliminan los frágiles hilos que mantienen unidas a las naciones africanas. La política ha quedado hoy reducida a una empresa lucrativa en la que se contemplan principalmente los retornos de la inversión antes que una actividad que puede contribuir a reconstruir entornos, comunidades y naciones enormemente degradadas. Esta es una de las ventajas de los programas de ajuste estructural infligidos al continente: la entronización de la corrupción". Cito al poeta y activista nigeriano Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, en su lacerante revelación del saqueo de las riquezas africanas, To Cook a Continent [Cocinar un continente], última fase de la tortura occidental de África.
Tortura que se ha planificado siempre al más alto nivel, habría que admitirlo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. ostentaban una posición de poder global sin precedentes. No ha de sorprender que se hicieran cuidadosos y sofisticados planes respecto a cómo organizar el mundo. A cada región se le asignó una "función" por parte de los planificadores del Departamento de Estado, encabezados por el distinguido diplomático George Kennan. Él determinó que los EE.UU. no tenían especial interés en África, de modo que debía entregarse a Europa para ser "explotada" – el término es suyo – para su reconstrucción. A la luz de la historia, se podría haber imaginado una relación diferente entre Europa y África, pero no hay indicaciones de que tal cosa llegase alguna vez a considerarse.
Más recientemente, los EE.UU. han reconocido que también ellos han de sumarse al juego de explotar África, junto a nuevos participantes como China, que se muestra muy diligente en su labor de acumular uno de los peores historiales de destrucción del entorno y de opresión de las desventuradas víctimas.
Debería ser innecesario extenderse sobre los peligros extremos que plantea un elemento central de las obsesiones predadoras que están ocasionando calamidades por todo el mundo: la dependencia de los combustibles fósiles, que nos expone a un desastre global, acaso en un futuro no tan lejano. Se pueden discutir los detalles, pero hay pocas dudas serias de que los problemas son graves, si no imponentes, y que cuanto más tardemos en arrostrarlos, más terrible será la herencia que dejemos a las generaciones por venir. Hay algunos esfuerzos por encarar la realidad, pero son de lo más mínimos. La reciente Conferencia Rio+20 se abrió con magras aspiraciones y concluyó con resultados irrisorios.
Entretanto, la concentración de poder carga del lado contrario, encabezada por el país más rico y poderoso de la historia del mundo. Los republicanos del Congreso están desmantelando las limitadas disposiciones medioambientales iniciadas por Richard Nixon, que sería algo así como un peligroso radical en la escena política de hoy. Los principales grupos de presión empresariales anuncian abiertamente sus campañas de propaganda para convencer a la opinión pública de que no hace falta una preocupación indebida…con cierto efecto, a juzgar por las encuestas.
Los medios cooperan cuando no informan siquiera de las previsiones cada vez más graves de las agencias internacionales y hasta del Departamento de Energía norteamericano. La presentación convencional consiste en un debate entre alarmistas y escépticos: de una parte prácticamente todos los científicos cualificados, de la otra, unos cuantos negadores que se resisten. No forman parte del debate un gran número de expertos, entre los que se encuentran los del programa de cambio climático del Massachusetts Institute of Technology, además de otros, que critican el consenso científico por ser demasiado conservador y precavido0, con el argumento de que la verdad en lo que toca al cambio climático es bastante más atroz. No es de sorprender que la opinión pública se muestre confundida.
En su discurso del Estado de la Unión en enero, Obama saludó las brillantes perspectivas de un siglo de autosuficiencia energética, gracias a las nuevas tecnologías que permiten la extracción de hidrocarburos de arenas alquitranadas, esquistos y otras fuentes anteriormente inaccesibles. Otros coinciden: el Financial Times pronostica un siglo de independencia energética para los EE.UU. La información menciona las destructivas repercusiones locales de los nuevos métodos. Lo que no se hace en estos pronósticos optimistas es la pregunta: ¿qué clase de mundo sobrevivirá a esta rapaz acometida?
En primera línea a la hora de enfrentar esta crisis a lo largo y ancho del mundo se encuentran las comunidades indígenas, las que siempre han sostenido la Carta de los Bosques. La posición más sólida ha sido la adoptada por el único país que gobiernan, Bolivia, el país más pobre de América del Sur, víctima durante siglos de la destrucción occidental de los ricos recursos de una de las sociedades más avanzadas del hemisferio antes de Colón.
Tras el ignominioso derrumbe de la cumbre sobre cambio climático de Copenhague en 2009, Bolivia organizó una Cumbre de los Pueblos con 35.000 participantes de 140 países, no sólo representantes de gobiernos sino también de la sociedad civil y activistas. Elaboró un Acuerdo de los Pueblos, que apelaba a una fortísima reducción de emisiones, y una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Se trata de una exigencia clave de las comunidades indígenas del mundo entero. La ridiculizan los sofisticados occidentales, pero a menos que podamos adquirir algo de su sensibilidad, es probable que sean ellos los últimos que se rían, una risa de lúgubre desesperación.
Noam Chomsky es profesor emérito del Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT. Universalmente reconocido como renovador de la lingüística contemporánea, es el autor vivo más citado, el intelectual público más destacado de nuestro tiempo y una figura política emblemática de la resistencia antiimperialista mundial.
www.sinpermiso.info
