Vicenc Navarro: La regresividad de
las respuestas Rajoy a la
crisis
Una de las
características que España comparte con los otros países intervenidos en la
Eurozona (Grecia, Portugal e Irlanda) es la pobreza de su Estado. Los ingresos
al Estado son de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de la UE más
próximos a España por su nivel de riqueza. Cuando la crisis empezó,
representaban sólo el 34% del PIB (en Grecia el 37%, en Irlanda el 34% y en
Portugal el 39%. Como comparación, en Suecia representan el 54%). Esta pobreza
se basa (como también les ocurre a los otros países intervenidos) en la escasa
capacidad recaudatoria del Estado, que se explica, en parte, por la gran
regresividad de su política fiscal. Las rentas del capital, por ejemplo,
reciben un tratamiento muy distinto a las rentas del trabajo. A las primeras se
las trata mucho más favorablemente que a las segundas. Esto implica que las
personas que derivan la mayoría de sus rentas de la posesión de capital pagan
muchos menos impuestos que los que derivan tales rentas del mundo del trabajo,
y que representan la gran mayoría de la ciudadanía. Ni que decir tiene que hay
argumentos (algunos válidos) para explicar tal diferencia, pero toda la
evidencia muestra que en España tal diferencial es excesivo, y ello como resultado
de que los poseedores de capital tienen mucha más influencia sobre las
instituciones políticas que los que derivan sus rentas del trabajo. Ejemplos de
ello hay múltiples. Veamos.
En los años de bonanza
económica, creada principalmente mediante la burbuja inmobiliaria, el Estado
español (que incluye el Estado central y las CCAA) redujo los impuestos
significativamente, sobre todo de las rentas del capital y de las rentas
superiores. Este descenso creó un déficit estructural que pasó desapercibido porque
los ingresos al Estado subieron espectacularmente, resultado del elevado
crecimiento económico y crecimiento de empleo.
Ahora bien, cuando la
burbuja inmobiliaria explotó (resultado de que la banca europea, principalmente
la alemana y la francesa – que había alimentado la burbuja inmobiliaria
española- dejó de prestar a la banca española, porque aquella, la banca
europea, estaba contaminada con productos tóxicos procedentes de la banca
norteamericana) apareció con toda su crudeza tal déficit estructural del
Estado, causado por aquellas reducciones de impuestos (según el Fondo Monetario
Internacional la mitad del déficit estructural se debía a la rebaja de
impuestos).
Pero, cuando el déficit
apareció, en lugar de anular las rebajas fiscales para recuperar los fondos del
Estado, éste (tanto central como autonómico) recortó el gasto público,
incluyendo el gasto público social, asumiendo que el crecimiento del déficit
del Estado se debía al excesivo tamaño de tal gasto público, atribuyéndole,
además, ser una de las causas de la crisis. Tal argumento fue promovido
extensamente a pesar de que la evidencia existente claramente lo cuestiona.
En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado.
En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado.
Ignorando estos hechos,
la respuesta a la crisis fue recortar el gasto público, sin tocar las causas
estructurales del déficit. Ejemplos de ello hay a miles. Se congelaron las
pensiones, intentando ahorrar 1.200 millones de euros, recorte que hubiera sido
innecesario si se hubiera mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones
de euros) o se hubiera anulado la rebaja del impuesto de sucesiones (2.552
millones) o se hubiera revertido el descenso de impuestos a las personas que
ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones).
Tras sus últimas
propuestas, Rajoy intenta recortar todavía más, centrándose en los servicios
públicos, incluyendo servicios y transferencias del Estado del Bienestar,
13.764 millones de euros en la reducción de los seguros de desempleo para, teóricamente, estimular a los parados a encontrar trabajo y 3.024 millones en
los servicios de dependencia. Como ingresos al Estado propone recoger 22.104
millones en tres años (2.300 en el primer año, 10.134 en el segundo y 9.670 en
el tercero) mediante el crecimiento del IVA. Pero como bien señala el sindicato
de técnicos del Ministerio de Hacienda español, GESTHA, (cuyas estimaciones
hasta ahora han sido las más creíbles), la recaudación será mucho menor. De
cada 100 euros gastados, el Estado recoge 9,7 euros (frente al promedio de la
UE-15, de 12,3). Esto quiere decir que España pierde 17.000 millones de euros
al año por el fraude del IVA. Hubiera sido, por lo tanto, más efectivo corregir
este déficit en lugar de aumentar el IVA, que afectará sobre todo a la demanda
de las clases populares. Las consecuencias de estas políticas regresivas serán
aumentar todavía más las desigualdades en España, uno de los países más
desiguales de la Unión Europea.
Fuente:
http://www.vnavarro.org/?p=7625
