La portavoz del Ministerio de Exteriores "lamenta" que la decisión de del Ejecutivo ecuatoriano de conceder el asilo a Assange "impida" la actuación de la justicia sueca.
El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Carl Bildt, ha rechazado las acusaciones lanzadas por Ecuador, según las cuales su país no garantiza los plenos derechos a una defensa al fundador de Wikileaks, Julian Assange. "Nuestro sistema jurídico y constitucional es sólido", apuntó Bildt a través de su cuenta en Twitter, tras las declaraciones del ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, afirmando que, en caso de ser extraditado a Suecia, podía ser entregado de ahí a Estados Unidos.
Caterina Axelsson, portavoz del Ministerio sueco de Exteriores, ha agregado a la agencia Efe que su país "objeta rotundamente" las acusaciones de Patiño sobre su sistema judicial y "lamenta" que la decisión de Ecuador "impida" la actuación de la justicia sueca. Además, ha señalado que la concesión de asilo a Assange, sospechoso de varios delitos sexuales en Suecia, afecta a la causa abierta por la Fiscalía y a las mujeres que denunciaron al fundador de WikiLeaks. El departamento de Exteriores ha convocado al embajador ecuatoriano en Estocolmo, al que ha transmitido el rechazo a las "infundadas argumentaciones" lanzadas por Patiño, al tiempo que se le informaba de "los principios de independencia de nuestro sistema judicial".
La Fiscalía sueca, por su parte, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre la decisión de Ecuador de conceder asilo a Assange. La directora de la Fiscalía, Marianne Ny, ha asegurado en un escueto comunicado que "no comentará el asunto en tanto en cuanto siga siendo gestionado por las autoridades británicas", ya que Assange se encuentra en Londres. La nota argumenta, asimismo, que "el hecho de que Ecuador le haya garantizado el asilo a Assange no afecta a la investigación criminal sueca" por los citados presuntos delitos sexuales, que sigue abierta.
Un asunto bilateral
Una portavoz de la Fiscalía sueca había explicado, antes de hacerse oficial la concesión de asilo de Quito, que desde Estocolmo se seguía atentamente la evolución del caso Assange, pero que preferían no posicionarse. "No vamos a hacer ningún comentario al respecto. Tampoco después de la decisión de Ecuador. Sólo nos pronunciaremos en el caso de que Assange sea definitivamente extraditado a Suecia", ha explicado la portavoz de la Fiscalía. La Justicia sueca se mantiene en su decisión de permanecer al margen de lo que considera un asunto "bilateral" entre Reino Unido y Ecuador, como ya apuntó en junio, cuando Assange entró en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político.
Los problemas de Assange con la justicia sueca comenzaron el 20 de agosto de 2010, cuando una fiscal de guardia emitió la primera orden de captura por sospecha de violación durante su estancia ese país para pronunciar varias conferencias sobre Wikileaks. La decisión fue revocada 24 horas después por la fiscal jefe, que redujo el caso a un delito menor de acoso. Pero la fiscal superior, Marianne Ny, reabrió unos días después la investigación por violación.
Assange ha admitido que durante su estancia en este país escandinavo mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres, pero ha asegurado que éstas fueron consentidas. La fiscal Ny, por su parte, ha negado reiteradamente haber recibido presiones políticas externas Ly sostenido que su único objetivo son las sospechas sobre Assange por delitos sexuales cometidos en Suecia.
Los 11 argumentos de Ecuador para proteger a Assange
1. Que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y de los derechos humanos en general;
2. Que Assange compartió con el público global información documental privilegiada que fue generada por diversas fuentes, y que afectó a funcionarios, países y organizaciones;
3. Que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad, e incluso su vida;
4. Que, a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange, se han negado a facilitarlas;
5. Que, existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías para su seguridad e integridad personal;
6. Que la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos;
7. Que, si bien el señor Assange debe responder por la investigación abierta en Suecia, el Ecuador está consciente que la fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa;
8. Que el Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange durante dicha investigación;
9. Que el Ecuador ha constatado que el señor Assange se encuentra sin la debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es ciudadano;
10. Que, al tenor de varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos de América, se infiere que dichos gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de aplicación universal;
11. Que, si el señor Assange es reducido a prisión preventiva en Suecia (tal y como es costumbre en este país), se iniciaría una cadena de sucesos que impediría que se tomen medidas de protección ulterior para evitar la posible extradición a un tercer país.
Fuente: Público.es
