Eduardo Anguita: La estatura de los desafíos
Los golpes suaves en Latinoamérica tienen como antecedente la brutalidad de las oligarquías locales auspiciadas por el Departamento de Estado norteamericano o, directamente, la CIA. Cada país de la región tiene registrado el pánico generado en los pueblos por cada una de esas intervenciones que marcaron la historia del siglo XX. Una serie de factores llevaron a que los años noventa no fueran de golpes militares o de ruptura violenta de las instituciones formales de la democracia.
Sin embargo, se trató de una década en la que el neoliberalismo actuó a sus anchas.
En 1994, México se sumó al Nafta (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica). Casi dos décadas después, en lugar de consumir su propio maíz importan el que les llega desde Estados Unidos porque en ese país rigen fuertes subsidios para los productores agrícolas. A su vez, los campesinos desplazados mexicanos pudieron optar entre ser ilegales pasando al norte del Río Bravo o conchabarse en el narcotrabajo, una categoría que los antropólogos deberían valorar para contraponer al concepto de narcoterrorismo, implantado por quienes son los grandes consumidores de la droga y proveedores de las armas de los grupos que en la última década de gobiernos liberales mexicanos vieron desfilar no menos de 50 mil muertos por lo que llaman guerra de las drogas y que, en realidad, no es más que la brutal destrucción del aparato económico y de las culturas propias del país azteca.
Pero en aquel 1994, más al sur, los países cordilleranos con recursos mineros vieron cómo la legislación sobre recursos minerales de muchos de ellos –Argentina, Ecuador, Perú y Chile– adoptaba normas muy similares, casi idénticas, para favorecer a las empresas mineras radicadas en Canadá. Basta recorrer la página oficial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de ese país que dice: “Como resultado de la rápida globalización que afectó al mundo en los años 90, una cantidad inmensa de la demanda de equipos y productos mineros es actualmente cubierta por compañías canadienses”.
Luego agrega que “existen al menos 2.200 firmas mineras con casa matriz en Canadá que ofrecen equipos y servicios mineros especializados”. Es exacto: tienen casas matrices que, en muchos casos, no son más que oficinas. La inclusión de Canadá en el Nafta, a diferencia de México, le dio un lugar de privilegio: mayor acceso a la banca internacional y a los inversionistas de Estados Unidos. A la vez, Canadá trasladó las operaciones mineras a cielo abierto a los países periféricos. Así evita el despiadado deterioro medioambiental en su propio país y amortigua los conflictos políticos que conlleva la operación minera. En la Argentina, al viejo Código Minero se le agregaron leyes que fueron en sintonía con aquel Nafta. Eso de las relaciones carnales no tenía un sentido escatológico sino económico. Las leyes 24.498 (de Actualización Minera) y 24.585 (de Protección Ambiental), ambas de 1995, permitieron lo que los neoliberales llaman seguridad jurídica y en este continente, según recordó el genial Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América latina, se llama saqueo. La llamada estabilidad para empresas como la Barrick Gold, una de las más emblemáticas pero no la única, significa que por tres décadas (hasta 2025) se les debe conceder el saqueo con beneficios fiscales y aduaneros. Encima, con una cotización de los productos que es entre cinco y diez veces mayor en dólares de acuerdo a los minerales en cuestión que hace 17 años.
A principios de los noventa también se avanzó en el despojo de YPF. Esto fue un invento pensado para la Argentina o compartido entre los neoliberales de la banca internacional, la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, así como la ayuda del extinto Luis Prol, un ex militante del peronismo revolucionario que conoció a Menem cuando estaba preso en Las Lomitas, Formosa, y que después se subió a la ola neoliberal, en el área de energía, y dio las primeras puntadas para que YPF dejara de ser una Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima. El paso siguiente fue la reforma constitucional de 1994. Allí, el Estado nacional cedió la titularidad de los recursos del subsuelo, tanto hidrocarburíferos como mineros, a las provincias. Desde entonces, el famoso canon empezó a ser como la caza de patos en una kermesse y cada gobierno provincial arreglaba los porcentajes que le convenía, incluyendo en algunos casos los arreglos extrainstitucionales.
En esos años, las provincias empezaron a tomar deuda externa, pero con garantía de la Nación. Con lo cual, los programas neoliberales llegaban a los confines de la Patria. Entre los planes de ajuste reclamados, la banca privada-nacional pero con una pata en las grandes capitales se quedaba con bancos provinciales que, en algún momento, eran la tabla de salvación de grupos económicos desprotegidos. Al tiempo llegó Repsol, esa empresa española sin experiencia cuyas acciones fueron recuperadas por el Estado nacional. Es cierto, ahora el 51% de las acciones son de la Nación. Pero la historia no siempre registra lo bello. El socio local de Repsol de estos años fue el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi, que en los noventa se quedó nada menos que con los bancos de San Juan, Santa Fe y Santa Cruz. Demasiados nombres de santos para un banquero. ¿Quién financia el futuro? La marca de los noventa y del neoliberalismo está todavía a flor de piel. La derecha mediática pretende evitar cualquier debate sobre reforma constitucional porque tienen pánico a un cambio profundo en las reglas del juego. Del mismo modo, sería superficial creer que alcanza con quitarle las acciones a Repsol. YPF es una sociedad anónima y los titulares del subsuelo son los estados provinciales. Aún rigen las mismas normas que en los noventa. Con otra conducción política, quizá de signo opuesto. Pero el entramado legal fue forjado en aquellos años. Conviene reparar en lo que dicen los lobbistas de las empresas mineras y petroleras extranjeras. En la edición de julio del newsletter El inversor (Energético & Minero) se afirma: “Los directivos de las petroleras multinacionales que mantuvieron contactos con el nuevo management de YPF tras el proceso de expropiación de las acciones de Repsol se llevaron un diagnóstico: a pesar de los esfuerzos para exhibir un perfil económico sólido, con acceso a fondos, la petrolera estatal no podrá, por su cuenta, acceder a las inversiones anunciadas para elevar la producción y las reservas de hidrocarburos. De su paso por Buenos Aires, los ejecutivos interpretaron que algunos elementos de la esfera macroeconómica –como el default con bonistas y con el Club de París y el no cumplimiento de las sentencias contrarias en el Ciadi– y ciertas cuestiones inherentes a la situación financiera de la propia empresa impedirán el acceso a capitales en los mercados voluntarios, por lo que deberán asociarse con inversores de renombre internacional para mejorar su vía crediticia”.
Desde ya que se trata de una versión de utilería y panfletaria, pero no tan ajena a la realidad del sector. Y si los sectores del proyecto nacional esperan que el debate político se estanque en las bondades de tal o cual aliado o ex aliado del Gobierno, los argentinos nos perderemos algunos de los temas de fondo en cambio de ser protagonistas de debates que requieren participación. La movilización a Vélez Sarfield del 27 de abril no sólo puede leerse como una fuerte adhesión popular a la Presidenta sino también como una oportunidad de convocar a la sociedad a que participe de cuestiones que no tienen caminos lineales ni soluciones sencillas. El paso dado por Cristina Fernández de Kirchner es trascendental. Pero deja muchos desafíos. Primero, que avanzar sobre quienes tienen rentas privilegiadas es legalmente posible y socialmente aceptado. Segundo, que la energía es un tema crítico para sostener el crecimiento. Tercero, que este primer paso se asienta sobre una gran precariedad legal y constitucional desde el punto de vista de un proyecto nacional. Cuarto, que financiar el desarrollo es vital, porque no hay mediano plazo posible si no se tienen recursos. Y, quinto –aunque podrían ser muchísimos más puntos–, es vital contar con una agenda de prioridades. Porque, más allá de lo vital que fue la sorpresa para que Repsol no pudiera contraatacar, conviene que la idea de la politización de la sociedad no se quede en temas facciosos y de coyuntura sino que apunte a levantar la mira y, en todo caso, a darles sentido y orientación a las fricciones diarias.
Por ejemplo, así como Venezuela construye su socialismo del siglo XXI con la renta petrolera a partir de tener el control completo de Pdvsa y Brasil tiene un banco de desarrollo potente, la Argentina hilvanó los recursos de la Anses y las retenciones como un buen salvavidas para mejorar la distribución de la renta y financiar políticas inclusivas. Sin embargo, cabe preguntarse si no es un desperdicio que no se haga un plan global. Como lo hicieron los neoliberales con la Fundación Mediterránea y otros laboratorios (no por nada los llamaban think tanks –tanques de ideas–, querían hasta nombrar en inglés la matriz de su pensamiento dependiente) que ponían en blanco y negro las reformas impositivas regresivas, los beneficios para la banca extranjera, el tipo de cambio para desproteger a la industria nacional y toda una batería de leyes y decretos que iban a tono con el endeudamiento y las pautas fiscales pedidas por el FMI.
Hasta fin de 2011, al calor del apoyo de sectores empresariales y de clase media –que todavía existen–, parecía razonable esperar señales del Club de París y de la banca privada para que la Argentina accediera al llamado mercado voluntario de deuda. Es decir, que tanto el Estado como los privados pudieran lograr financiamiento no caro y con plazos no perentorios para diferentes necesidades. Pero con la situación de crisis europea y con decisiones como la de YPF, cabe preguntarse si no es momento de hablar sin tapujos sobre una reforma impositiva que privilegie los impuestos directos sobre los indirectos, sobre las personas físicas y no sobre las personas jurídicas y con un carácter progresivo. En síntesis sería: gravar la riqueza personal y con tasas más altas para los sectores más ricos. Acaso habría oposición legislativa a iniciativas de ese tipo. Porque para financiar el largo plazo parece más fácil buscar los recursos adentro del país que afuera. Las retenciones funcionan, pero no parece que los privilegios del complejo agrofinanciero se terminen en cobrar una alícuota a sus rentas extraordinarias. ¿No es hora de preguntarse si un buen banco de alimentos y oleaginosas no debería ser un ente público, o al menos mixto, en cambio de dejar la comercialización –como lo es, en un porcentaje elevadísimo– en manos de multinacionales como Bunge, Dreyfus o Cargill, que son pilares del dogma neoliberal?
Financiar el desarrollo es poner –como se pone pero en dosis mucho más enérgicas– recursos para el Inta, el Inti, el Invap y los laboratorios de I+D de universidades o emprendimientos privados. Es elegir unos pocos rubros de alto valor agregado en los cuales la Argentina tiene condiciones de articular con otras naciones, especialmente las de la región.
Si bien cada uno de los temas sumariamente enunciados –y de otros tópicos– son parte de las preocupaciones y acciones del Gobierno desde 2003, se requiere una interacción entre quienes elaboran proyectos de futuro y quienes ejercen la militancia política y la acción ciudadana de cada día. Es extendida la impresión de que los conflictos políticos que están en la agenda tienen más que ver con proyectos electorales o apetencias de poder que con la transformación del país hacia un destino posible pero de plena justicia social. Y para que esas impresiones pasen a un plano secundario parece necesario poner en la superficie, con más energía, ciertos temas vitales.América de nuevo. Hace una década ya que Lula, no bien asumió, planteó la necesidad del Banco del Sur, como una banca de fomento del largo plazo y de las necesidades de infraestructura de la región.
Hoy el comercio intrarregional y las inversiones al interior del continente latinoamericano son una realidad. Y el Banco del Sur no deja de ser apenas una formulación. Recuérdese que el acuerdo para su fundación se hizo en Buenos Aires, precisamente el último día del gobierno de Néstor Kirchner, un 9 de diciembre de 2007. Hoy los bancos centrales de los países de la región –con Brasil y Venezuela a la cabeza– tienen fondos en serio. Y el endeudamiento decreció a niveles desconocidos. Las ventajas competitivas de los productos de intercambio con otras regiones son extraordinarias. Sin embargo, los niveles de institucionalidad de América latina son flaquísimos. Pocas veces, probablemente nunca, hubo tanta conciencia de avanzar unidos.
Pocas veces la política de Estados Unidos debió haber estado tan lejos de influir en los gobiernos de la región.
Sin embargo, las sedes de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo están en Washington y piensan para Washington, alejadas de la realidad continental. Uno de los pocos organismos serios de la OEA es el Consejo Económico para América Latina (Cepal) encabezado por la mexicana Alicia Bárcena, cuya visión coincide plenamente con la de una América latina unida y que rompa con el neoliberalismo. Estos son signos, diversos, de que sin caer en el vanguardismo, sin despegarse de las relaciones de fuerzas bien ponderadas, sin caer en apresuramientos, es hora de aprovechar las oportunidades y de confiar en la conciencia nacional, popular, democrática y, por qué no, revolucionaria de vastos sectores de la sociedad argentina y del resto de los pueblos latinoamericanos.Conflicto
Fuente: miradasalsur.com
