Insulza y la CIDH certifican las
dudas sobre la legalidad de la destitución de Lugo
La
CIDH considera "inaceptable" y "altamente cuestionable" la
remoción de Lugo
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| Un Presidente...y un previsible traidor golpista |
El secretario general de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), auspiciada por la OEA, han coincidido en ratificar
las dudas sobre la legalidad del proceso que ha concluido con la deposición de
Fernando Lugo como presidente de Paraguay.
Insulza, en un comunicado, remarca que el
"juicio sumario, aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir
con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa". El
artículo 225 de la Constitución paraguaya confiere facultades al Congreso para
iniciar un "juicio político" por el "mal desempeño de las
funciones" de un presidente.
No obstante, Insulza ha argüido que esta
norma entra en conflicto con los artículos 17 y 18 de la Carta Magna de
Paraguay y con varios considerandos de los tratados internacionales sobre los
mínimos de legítima defensa.
El expresidente Lugo apenas contó con un día
para preparar su defensa y, según informaron medios locales, el Congreso
desestimó la petición de prórroga de la comparecencia.
En este sentido, la CIDH ha expresado su
"profunda preocupación" por la "inaceptable" destitución de
Lugo. Del juicio político, "por su rapidez", afloran "profundos
cuestionamientos" sobre su legalidad, según reseña el comunicado de la
organización.
"Considerando que se trata de un
proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que
éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un
juicio imparcial en tan sólo 24 horas", argumenta la CIDH.
"La Comisión considera que el
procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en
Paraguay", añade.
ESCENARIO REGIONAL
Por otra parte, Insulza ha ensalzado el
"gran impacto" que ha provocado esta destitución. Precisamente, ha
sido "la percepción generalizada sobre la ausencia de respeto al debido
proceso y al derecho de legítima defensa" la que ha propulsado la condena
casi unánime de la comunidad política latinoamericana.
Asimismo, Insulza desvela en el comunicado
que la mayoría de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembro de
la Unión Suramericana (UNASUR), a la par que un representante especial de la
OEA, se han trasladado a Asunción para certificar el acatamiento de las normas
internacionales. De hecho, Insulza ha mantenido conversaciones con los
responsables de Exteriores de numerosos países para abordar la coyuntura en
Paraguay y concretar las medidas a tomar.
No en vano, la región se verá
"afectada" por esta "situación de crisis que, sin embargo, no es
inédita". "Son ya varias las ocasiones en que en algunos países, con
apego a la letra escrita de la ley, se violan principios democráticos que deben
tener vigencia universal", señala Insulza.
"La letra de la ley nunca puede amparar
la violación de los principios", insiste el secretario general de la OEA.
"Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este
período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar",
apostilla.
(EUROPA
PRESS
