Breve historia de los presidentes y sus políticas petroleras
De Mosconi e Yrigoyen a la privatización menemista, pasando por las reformas de Arturo Frondizi y Arturo Illia, el inicio de la debacle con el golpe de 1976 y los intentos de Alfonsín.
La maratónica sesión de poco más de 30 horas había arrancado el 23 de septiembre de 1992 y estaba llegando a su fin. Los contadores de votos del menemismo pispearon que, después de un esfuerzo digno de mejores causas, habían reunido el quórum necesario y, apenas dieron las nueve de la noche del 24 de septiembre, dispusieron pasar a la votación. Hubo revuelos de quienes se levantaban de sus bancadas y quienes se sentaban a las suyas con el mismo e indisimulado apresuramiento. Finalmente, de los diputados presentes, 120 votaron por sí y 10 se opusieron. La Ley 24.145, que privatizaba YPF y permitía la venta del 70% de sus acciones, era un hecho. Si bien ese era el punto más álgido de la historia de la empresa fundada en 1922, el primer tiro de gracia contra la política petrolera acuñada entonces por el general Enrique Mosconi y el presidente Hipólito Yrigoyen (el tiro final fue el del ’98), pocos recordaron que se trataba de la puntada final de un extenso proceso de desnacionalización. Desnacionalización que dejaba de lado todo atisbo de Estado benefactor keynesiano para entrar de lleno en la tecnocracia y el eficientismo del libre mercado.
Ese proceso, como otros muchos, tuvo su origen en la dictadura cívico militar implantada en 1976 y en la instalación a sangre y fuego del modelo neoliberal. Videla, Galtieri y Bignone fueron los responsables máximos del endeudamiento en el que se hundió el país. YPF, claro, no podía quedar ajena: fue la empresa nacional que más endeudó la dictadura. Tanto que quedó convertida en caso emblemático de la desnacionalización estatal. La práctica era simple y devoradora: siguiendo las reglas de los organismos financieros internacionales, se tomaban créditos externos en dólares a nombre de YPF y se dirigían a las cuentas de los gastos corrientes y a las arcas del mercado cambiario. En la petrolera, sólo quedaban algunos pesos (ya no dólares) destinados al funcionamiento administrativo.
En siete años, desde 1976 a 1983, las deudas de YPF aumentaron un dos mil por ciento. Al mismo tiempo, se fijaron precios a los combustibles que, como señalan las investigaciones realizadas, no respondían a los costos de explotación. Es paradigmática la denuncia que uno de los mayores investigadores de la deuda externa argentina, Alejandro Olmos, realizó en 1999 durante una conferencia en Brasil: “El endeudamiento de YPF, originado en el gobierno de la dictadura militar, fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su ‘privatización’ a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero. La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El general Luis Pagliere, que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar, declaró ante el tribunal que YPF estaba obligada a producir ‘a pérdida’ por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción”.
Pero hay historia anterior. Allá, en lo que parece un lejanísimo 1958, Arturo Frondizi llegaba al gobierno con la política petrolera como emblema. Su discurso del 24 de julio de aquel año no dejaba dudas. Desde el título, “La batalla del petróleo”, anunciaba la reorganización y la firma de acuerdos para la explotación. Las idas y venidas de su gestión –a las que se sumaban los constantes intentos de golpes de Estado anunciados a voces por los militares y las desmentidas oficiales– provocaron infinitas controversias: modificaciones de contratos, establecimiento y reestablecimiento de inversiones (de Carl Loeb Rhoades & Co., del Ente Nazionale Idrocarburi, de Union Oil de California, de Atlas Corporation, de Pan American Argentina Oil Company, de Shell, de Esso, entre otras empresas), firma de convenios, intentos de sentar las bases para la autosuficiencia petrolera y una serie de huelgas de los obreros de Supe que el propio Frondizi denunció como “parte de un plan de huelgas con sentido insurreccional”.
De aquella “batalla del petróleo” enunciada fervientemente en 1958, pasó a una suposición a futuro que sus propios seguidores miraron expectantes (“el país ganará la batalla petrolera”, dijo el 11 de diciembre de 1959) y, un año después, a un requiebro en el cual ya todos leyeron el desbarajuste: “La batalla del petróleo no se puede librar sin aportes foráneos”. En 1962, los cotidianos planteos militares y lo errático de su propia política, forzaron su salida de gobierno.
Con la administración de Arturo Illia, el petróleo –y la relación con las empresas extranjeras y los países que las secundaban– fue motivo de polémica. Como prueba, bastan las declaraciones del 14 de noviembre de 1963 del mandatario norteamericano John Fitzgerald Kennedy: “La Argentina tiene derecho a nacionalizar el petróleo, pero reclamaremos que compense adecuadamente a las empresas que hasta ahora trabajan en los recursos de ese país”. Illia comprendió de inmediato y un día después anunció que, mediante tres decretos, se anulaban todos los contratos petroleros firmados por Frondizi. Al igual que había ocurrido con Frondizi, el gobierno de Illia estaba condicionado por dos frentes: el que nucleaba a los sindicatos y a una amplia parte del pueblo soterrada bajo la proscripción de su partido, el peronista, y el militar que continuaba con su ronda de golpes de Estado iniciada en 1930. De esa forma, la posibilidad de aplicar seriamente una política petrolera perdía todo sustento. El resultado fueron acuerdos extrajudiciales para conformar a las empresas que habían visto caer sus contratos firmados durante el frondicismo. El 7 de mayo de 1965 se comunicó que la Shell había recibido 21 millones de dólares, la Union Oil 7.342.900 dólares y la Transworld cuatro millones y medio de dólares, entre otras compensaciones a otras muchas empresas.
Saltando en el tiempo, el gobierno de Raúl Alfonsín, ni bien asumió con la vuelta de la democracia, introdujo políticas desregulatorias para la petrolera estatal endeudada, pero las medidas, en realidad, fueron tomadas por quienes buscaban una futura privatización de YPF.
El primer paso alfonsinista fue el Plan Houston en 1985: el decreto 1.443/85 y la Resolución 623/87 de ese plan ofertaron 165 áreas para la exploración y la explotación. El Houston se dividía en tres momentos: uno de tres años en el cual se realizarían pozos exploratorios, otro de un año para que las empresas privadas pudieran estudiar la factibilidad de la comercialización de las zonas exploradas, y un tercero que habilitaba a las empresas que decidieran explotar las áreas en cuestión a hacerlo por 20 años. En esas dos décadas, YPF sería la encargada de abonar las regalías petroleras que correspondieran. Fue el último intento de una política seria. Después, entre aprietes y descontroles, pasarían el Plan Huergo (que buscaba aumentar la producción petrolera entre las empresas privadas que operaban en el país); el Olivos I, con el que los sectores privados presionaron al Estado para que fijara precios para la producción básica y para los excedentes cercanos al 80% del valor internacional del petróleo, y el Olivos II, que buscó renegociar contratos, permitía que el sector privado se asociara a YPF hasta en un 49% para explotar las áreas centrales, e impulsaba la desregulación petrolera.
Y, después, llegaría ese fatídico 24 de septiembre de 1992 en el cual todo parecía perdido para siempre.
miradasalsur.com
----------------------------------
Sobre el hecho político más significativo desde aquellos decretos del General Perón
Del descubrimiento de petróleo en 1907 a la renacionalización de YPF
Por: Federico Bernal
Comienzos del siglo XIX. El antiguo código de minería permitía a cualquiera la posibilidad de solicitar licencias de cateo o pertenencias, estas últimas sumamente riesgosas puesto que varios nativos las compraban para después especular con sus ventas a las grandes compañías extranjeras. Asimismo, prohibía la explotación al Estado, aunque consideraba que las riquezas del subsuelo le pertenecen al Estado Nacional o al provincial (dominio originario), no así al propietario de la tierra. Sin embargo, y gracias a la acción decidida de grandes argentinos y argentinas, al día siguiente del hallazgo de petróleo en 1907, se daba a conocer un decreto “por el que se prohibía la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de permisos de cateo en un radio de cinco leguas a todo rumbo contando desde el centro de la población”. El Estado inauguraba así una reserva fiscal de unas 200 mil hectáreas. La defensa de la soberanía nacional, plasmada al papel y escrita con crudo argentino, era un hecho. A continuación, una breve cronología del descubrimiento de petróleo por parte del Estado Nacional, el 13 de diciembre de 1907.
CRONOLOGÍA PETROLERA (1902-1922). DEL HALLAZGO A YPF SOCIEDAD DEL ESTADO. En 1902, el gobierno de Julio A. Roca creó la Comisión de Estudios de Napas de Agua, Yacimientos Carboníferos e Investigaciones Geológicas. El ingeniero Enrique M. Hermitte fue su inspirador. Así se anunciaba: “Fundose la Comisión de Estudios de Napas de Agua, y se proyectó la adquisición de un pequeño material de perforación.” Esa comisión dio impulso a la investigación del subsuelo argentino. El informe de Minas, Geología e Hidrología correspondiente a 1903-1904 anunciaba que “durante el presente año esta Comisión ha proseguido activamente su trabajo, examinando el distrito de Chos Malal, Neuquén [...], para explorar los yacimientos carboníferos [...] Al servicio de esta tarea fueron puestas dos perforadoras”. Aclarando que la exploración en Neuquén desembocó en 1918 en el descubrimiento del yacimiento de Plaza Huincul, se podrá deducir que desde principios de siglo nuestros científicos tenían como objetivo básico hallar carbón y combustibles fósiles.
En 1903 se practicó la primera perforación en Comodoro Rivadavia, que hubo de suspenderse al alcanzar los 175 metros de profundidad por la rotura de uno de los engranajes de la máquina. Previendo posibles infortunios, el ingeniero Hermitte había enviado a Europa y Estados Unidos a un joven colega encargado de comprar máquinas y contratar personal apto para su manejo. Vale la pena rescatar un pasaje clave de la carta dirigida al ministro de Agricultura en 1903 por el jefe de la División de Minas, y previamente al comienzo de la actividad exploratoria: “El problema se reduce, pues, por el momento, como lo ha dicho muy bien V.E. al fundar el proyecto del presupuesto del Ministerio de Agricultura para 1904, a colocar nuestros medios de acción a la altura de las exigencias impuestas por la necesidad de nuestros territorios y a la diversidad de los terrenos en que se ha de operar, teniendo presente que esos gastos serán gratamente compensados por el hallazgo, en una sola región y por una sola de las máquinas, de yacimientos de agua, carbón o petróleo, de importancia”.
En septiembre de 1904 se designaba a Hermitte jefe de Minas. Así nació la División de Minas, Geología e Hidrología, y luego la Dirección General, a cuyo frente Hermitte estuvo hasta 1922. Ese mismo año arrancaba el estudio del subsuelo de la República “y no sólo para investigar la existencia del carbón sino la de los combustibles minerales en general (hulla y petróleo)”.
Terminaba 1907, pero antes llegaría el gran hito: en uno de los pozos de exploración de Comodoro Rivadavia, al pasar los 535 metros de profundidad aparecieron burbujas de gas y se sintió olor a petróleo. Hermitte explicaba el descubrimiento de Comodoro Rivadavia como “...una consecuencia, si no directa, por lo menos mediata, del decreto de octubre 25 de 1904, disponiendo la confección de un mapa geológico de la República”.
La intervención del Estado en materia de hidrocarburos se materializó en 1910 con la creación de la Dirección de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, organismo reemplazado por YPF en 1922. En cuanto al rol del Estado, Hermitte sostenía que “el problema del combustible se vinculaba a cuestiones no sólo de orden económico, sino de política social y seguridad nacional, donde el Estado (además de regular la explotación de los yacimientos) también debía apuntar al control del transporte y la comercialización, a los efectos de regular los precios en el mercado de combustibles del país”. En este sentido, en un Memorándum presentado a la Primera Conferencia Financiera de Washington (1915), Hermitte sostuvo que la formación de la marina mercante nacional iba a ser fundamental para la regulación de los fletes en materia de salida de las producciones del país.
DEL DESCUBRIMIENTO DE PETRÓLEO A LA EXPROPIACIÓN DE YPF. El Ingeniero Enrique Hermitte fue crucial en la concepción del decreto que, como fuera descripto al comienzo, permitió reservar al Estado la zona del descubrimiento de crudo en 1907. Incluso ya, y desde 1905, que venía proponiendo diversas reformas al código de minería. Por ejemplo, en el artículo de 10 de su proyecto de nueva legislación decía: “La propiedad particular de las minas se establece por concesión en la forma prescripta por el presente Código; pero tratándose de yacimientos explotados y estudiados por el Estado, se establecerá la propiedad en la forma que este determine.” Como se podrá apreciar, Hermitte creía fervientemente en el rol estratégico de la exploración y explotación estatal de los hidrocarburos. A propósito señalaba que “debemos sostener y defender la intervención del Estado en la investigación y valorización de nuestros yacimientos, en particular del de Comodoro Rivadavia”. Por este motivo, consideró un absurdo que el Estado, habiendo descubierto la riqueza, tuviera la obligación de ofrecerla. Y ahora un salto de 105 años a nuestros días, tiempo por cierto histórico para la consolidación y profundización del modelo vigente desde 2003 e interrumpido en 1955. Con razón la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enseñó en su extraordinario discurso del pasado lunes la probeta con una muestra de petróleo del pozo descubridor Nº2 de Comodoro Rivadavia, tomada el 13 de diciembre de 1907. Porque para la Argentina del pleno empleo y la justicia social, la de la modernización económica, la industrialización y la defensa integral de la soberanía nacional la renacionalización de YPF tiene similar trascendencia que el hallazgo de 1907 para la Argentina de Moreno, Belgrano, San Martín, Yrigoyen y Perón. Es más, la renacionalización de YPF fue sin lugar a dudas el hecho político más significativo desde las nacionalizaciones decretadas por el General Perón más de medio siglo atrás.
Soberanía energética para salir del atraso; soberanía energética como pilar de la soberanía económica; soberanía energética para la definitiva refundación de la República Argentina… y para los 40 millones.
