sábado, junio 09, 2012

Sobre la dicotomía "PJ K" o "anti PJ K" - Sur la page "K PJ" dichotomie ou "anti PJ K"

“K o contra K”. Dicotomías 
que sólo sirven para sesgar el debate

Por  Glenn Postolsky. Director de la Carrera de la Comunicación. UBA

En qué conflicto nos quieren ubicar cuando se contrapone un conjunto de políticas públicas que implican la participación activa del Estado en el ámbito comunicacional y la defensa de los intereses particulares de algunos grupos mediáticos? ¿Cómo se adopta una posición cuando se pretende reducir una cuestión social compleja a definirse a favor del kirchnerismo o el Grupo Clarín; de los periodistas militantes o periodistas independientes; de los medios adictos u opositores?
Una postura acorde a los principios que impulsaron la lucha por la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos lleva a pensar que estas divisiones dicotómicas sólo sirven para sesgar el debate y dejar de lado al protagonista de la posibilidad de construir un nuevo ecosistema comunicacional: el pueblo.
La industria de medios en la Argentina nació y se expandió por el impulso del interés privado y sus diversas formas de asociación con actores transnacionales. Un Estado ausente o subsidiario fue el telón de fondo para la escasa o nula regulación existente, cuando no la expresión directa de la capacidad de estos sectores para que las normas promulgadas jueguen a favor de sus intereses. Como la derogada ley de los ochenta sancionada con la firma de los dictadores pero redactada y modificada en los años menemistas, a la medida de los grupos económicos que ven en la comunicación un bien mercantil y que, tras la predica de la “libertad de expresión”, sólo buscan garantizar su impunidad para ejercer la “libertad de extorsión” frente a los gobiernos electos.
Más allá de los vaivenes democráticos o dictatoriales, los medios han desarrollado su capacidad para influir en la conformación del imaginario social. Constituyéndose en los agentes discursivos que legitiman la dinámica de acumulación capitalista en nuestro país. Consolidados como un sector central de la economía han conformado mega grupos que combinan un cada vez mayor peso económico y de capacidad emisión. Lo cual les permite tener cada vez un mayor poder sobre la sociedad.
Desde ese lugar se presentan como la articulación de la reacción conservadora de las elites a través de “una insistente prédica a favor del libre mercado, la privatización, la desestatización y desregulación de sectores estratégicos como la radiodifusión mediadas por la defensa de la libertad de prensa” (De Moraes: 2011).
¿Cómo se construye un nuevo paradigma comunicacional, más participativo, más democrático, más plural y comprometido con los derechos humanos, que sea claramente contrastante con la dinámica impuesta por el modelo neoliberal del pensamiento único y la concentración mediática en pocos poderosos megagrupos? Esta inquietud atraviesa a buena parte del campo popular. Sin duda la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el umbral que potencia la posibilidad de esos cambios.
Una condición esencial es poner en sincronía un conjunto de políticas públicas que vienen desarrollándose. Desde la creación de Arsat hasta la ley que declara de interés público la distribución de papel de diarios. Evitando la lógica de los particularismos y las discrecionalidades. Fijando políticas de Estado que garanticen condiciones de acceso universales: a contenidos, a financiamiento, a tecnologías, a capacitación. Que las mismas surjan del debate participativo (buen ejemplo fueron las decenas de foros realizados entre julio y septiembre de 2009) y que de ahí se piensen las condiciones que garanticen la sustentabilidad de un proceso que no se resuelve en el corto plazo. Pero que a la vez, necesita que cada una de sus acciones políticas dote de legitimidad a lo actuado.
Hay que impulsar un conjunto de normas que fortalezcan la orientación de mayor inclusión y participación. Una ley de Publicidad Oficial que tenga por objetivo garantizar la llegada a toda la población de las medidas tomadas, pero que a la vez garantice la existencia de una pluralidad de voces. No reduciendo su distribución a la lógica del mercado, según la cual debe ser destinada a los medios por su presencia en el mercado.
También una ley de Acceso a la Información Pública con criterios que definan cuál es la información que tiene impacto social y que debe formar parte de lo posible de ser demandado. Que sirva para dotar de mayor transparencia y permita a su vez auditar la toma de las decisiones de los actores sociales relevantes, cuando estas implican afectar las condiciones de vida de las mayorías.
Buena parte de las medidas adoptadas se sustentaban por contraste con lo existente. La ley sancionada en democracia derogando a la ley de la dictadura, el fútbol abierto y gratuito y no sólo para quienes tenían la posibilidad de pagar un Premium aparte del abono básico del cable para ver a los clubes más populares. Fijar reglas para la distribución del papel en lugar de favorecer las ventajas comparativas de un megagrupo. Para profundizar las nuevas condiciones se debe avanzar sobre problemáticas estructurales. Que implican una voluntad de empoderar a los sectores populares.
El debate sobre la comunicación es en realidad otra de las formas en que se dirime la disputa por la acción política. Y eso no se hace sin recursos. Desde los años ’70 se afirmaba, en el seno de la ONU, que no podía existir un Nuevo Orden Internacional de la Información –NOII– sin un previo Nuevo Orden Económico Internacional –NOEI–. Hoy no podemos pensar un nuevo marco comunicacional que no implique una mayor distribución de la riqueza, con mejores salarios e ingresos. 
Con un Estado para los sectores populares, que entre otras cosas permita que el ocio sea disfrute y creación, y no mera evasión. Para que la energía liberada de la subsistencia pueda ser canalizada en la generación de otros sentidos más complejos, más desafiantes en términos sociales. Que sean la expresión de la cultura popular.

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